Editorial La Nación 12 de febrero de 2018
La
Corte Penal Internacional investigará las violaciones de los derechos humanos
en Venezuela. El anuncio de la fiscala Fatou Bensouda comunica a la cúpula
gobernante la preocupación internacional por sus excesos, la determinación de
no pasarlos por alto y la inevitabilidad del llamado a enfrentar la justicia.
Los
funcionarios más comprometidos del régimen de Nicolás Maduro encontrarán en la
investigación motivos para afincarse en el poder, pero otros se abstendrán de
hacerse cómplices, evitarán ampliar sus responsabilidades o expiarán culpas
sumándose a los críticos y denunciantes de los abusos gubernamentales.
A
mediados del año pasado trascendió la grabación de una junta secreta donde un
grupo de generales venezolanos discutió el futuro del país y el papel de las
Fuerzas Armadas. Hablaron sobre los límites de la represión y el temor de
enfrentar, algún día, la justicia. Algunos expresaron preocupación por la
posibilidad de ser acusados por la fiscalía local. Para esos militares, la sola
mención de la Corte Internacional causará escalofríos mucho más graves.
El
creciente temor en las filas del gobierno queda en evidencia con el peregrinaje
del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y su familia. Muchos venezolanos
están exiliados en España para librarse de los desmanes de las fuerzas
comandadas por Padrino. Por eso resulta irónica la presencia de los familiares
del general, sanos y salvos, en tierras ibéricas.
Los
Padrino incomodan a los españoles. No podrán permanecer en aquel país y se
sospecha de un intento de radicarse en Costa Rica. Curiosamente, no muestran
propósitos de volver a Venezuela, donde el jefe de familia contribuye al
desgobierno y la represión. Nuestro país cerró, inmediatamente, las fronteras,
dados los vínculos del militar con el narcotráfico, la corrupción y la
represión.
Las
autoridades nacionales hicieron bien. El asilo es para los perseguidos, no para
los represores. Los responsables de abusos en Venezuela deben saber que no
conseguirán refugio y deberán enfrentar la justicia. Igualmente importante es
todo esfuerzo de la comunidad internacional para negarles el disfrute de las
fortunas mal habidas.
Luisa
Ortega, ex fiscala general del chavismo convertida en crítica del régimen,
instó a la Corte Penal Internacional a investigar las muertes y torturas en
Venezuela. “Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por estos delitos de lesa
humanidad”, dijo Ortega en noviembre. A esa petición se sumó el Parlamento
Europeo luego de extender sus sanciones a Maduro, el vicepresidente Tareck el
Aissami y la empresa petrolera del Estado, PDVSA. El gobierno de los Estados
Unidos se adelantó a dar importantes pasos en la misma dirección.
La
presión aumenta y es una pena ver a la Organización de Estados Americanos (OEA)
tan rezagada pese a los ingentes esfuerzos del secretario general, Luis
Almagro. La valentía del diplomático uruguayo se ha estrellado una y otra vez
contra la timidez y complicidad de un grupo de países miembros que, incluso,
confrontaron en más de una oportunidad al Sistema Interamericano de Protección
de los Derechos Humanos para debilitarlo en la inevitable colisión con el
régimen de Maduro.
La
situación de Venezuela exige a la comunidad internacional redoblar esfuerzos
para impedir nuevos estallidos de violencia, como los que el año pasado
costaron 125 muertes en las manifestaciones celebradas en todo el territorio de
la nación sudamericana, además de la cárcel y el exilio impuestos a cientos de
opositores.
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