Solidaridad con Venezuela, en su hora más difícil, por @LeandroDespouy ‏

Refugiados venezolanos abordan un avión de
 Brazilian Air Force para llegar a Manaos y San Pablo. 

Leandro Despouy 30 de agosto de 2018

@LeandroDespouy ‏

La desoladora imagen que proyecta al mundo el éxodo cotidiano de miles de venezolanos empujados por la urgencia que imponen el miedo, el hambre y la inseguridad generados en tantos años de totalitarismo, nos conmueve  a todos e interpela a la comunidad internacional.

Recientemente, casi dos millones de venezolanos han partido y sus fronteras, en especial la de Colombia, están atascadas por el creciente número de personas que se ven impelidas a escapar de su país. Este fenómeno migratorio ya se ha convertido en el mayor éxodo de la historia de Latinoamérica.  La larga agonía del régimen bolivariano se traduce en una escalada de represión sobre quienes disienten con la postura oficial, mientras la inexistente división de poderes del Estado se evidencia con la cooptación del Tribunal Supremo de Justicia, la destitución de la Fiscal General y el accionar autoritario de la Asamblea Nacional.

Maduro, que cuenta con un fuerte y decidido apoyo de las fuerzas armadas, ha intensificado los ataques a dirigentes y militantes opositores, violando las libertades públicas e individuales,  sumando día a día nuevos presos políticos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió el cese inmediato de estas graves violaciones, en particular, las detenciones sistemáticas y el juzgamiento de manifestantes por tribunales militares.  La voluntad aislacionista del régimen de Maduro se ha acentuado: el país se retiró del sistema regional de DDHH, fue apartado del MERCOSUR y  abandonará la OEA. Las gestiones de políticos y parlamentarios, los reclamos formulados en el mundo entero en ningún caso han sido atendidos. Naciones Unidas no ha podido intervenir en ámbitos sensibles como el humanitario, no obstante la urgencia de prestar asistencia a la población.

De allí la importancia de intensificar los esfuerzos de la comunidad internacional en todos sus niveles, abarcando a los organismos de derechos humanos de alcance universal, entre los que se incluye el Tribunal Penal Internacional que ha decido abrir una investigación preliminar contra Maduro por crímenes de lesa humanidad.

A idéntica conclusión arribó el Panel de Expertos independientes designados por el Secretario General de la OEA (entre los que figura el argentino Santiago Cantón) al considerar en su Informe definitivo que los crímenes de asesinato, encarcelación, tortura, persecución y desapariciones forzadas registrados en Venezuela encuadran en lo establecido en el art 7 de Estatuto de Roma.

Frente a medidas restrictivas de algunos países, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) recomienda a los Estados de la región el respeto pleno de los estándares mínimos de derecho internacional, como son la seguridad de una residencia legal, el acceso a los derechos básicos y la garantía de no devolución. En ese sentido, ACNUR apoyó la decisión del gobierno ecuatoriano de declarar el Estado de emergencia para atender a la migración venezolana en las provincias de frontera con Colombia y Perú. La Argentina ha otorgado residencia a 70 mil venezolanos ingresados desde 2016 y, aunque Venezuela está apartada temporalmente del organismo, nuestro país les reconoce las mismas condiciones que a los ciudadanos del MERCOSUR. Según Migraciones el perfil medio del migrante venezolano es, en su mayoría, profesional, técnico o personas con estudios universitarios que, en general,  se incorporan al empleo formal.

Es la primera vez que el flujo migratorio es de Venezuela hacia la Argentina. Hasta hoy este fue inverso. Por ejemplo, luego de la Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio de 1966, cuando la dictadura de Onganía violentó nuestras universidades y cientos de ilustres científicos y profesores despedidos tomaron el camino del exilio, muchos fueron acogidos en Venezuela. En los ‘70, cuando el Cono Sur estaba dominado por dictaduras, Venezuela, México y países europeos dieron ejemplos de solidaridad internacional acogiendo a centenares de exiliados entre los que se encontraban los argentinos Rodolfo Terragno, Adolfo Gass, Manuel Sadosky. El caso de Hipólito Solari Yrigoyen ilustra este comportamiento ya que fue el reclamo del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez el que permitió salvar su vida mientras se encontraba secuestrado junto a Mario Abel Amaya en un centro clandestino de detención y, más tarde, obtener su liberación y el otorgamiento de asilo político en aquel país.

Frente al vertiginoso desarrollo de la crisis venezolana, la Argentina debe mantener una activa presencia internacional, promover la adopción de medidas eficaces tendientes a lograr el restablecimiento de la democracia y, al mismo tiempo, fortalecer su política migratoria de apertura.

Se trata de un imperativo ético, apoyado en los principios de solidaridad y de nuestra tradición de asilo; es también una deuda de gratitud para con Venezuela, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. 

Leandro Despouy es ex Auditor General de la Nación y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Tomado de: https://www.clarin.com/opinion/solidaridad-venezuela-hora-dificil_0_rkqSJqNP7.html

Extranjeros somos todos, por @janice_seinfeld ‏

Janice Seinfeld 30 de agosto de 2018

@janice_seinfeld ‏

“El desafío para los gobiernos es identificar las ventajas que trae la inmigración y plantear políticas públicas que integren este componente en su diseño y evaluación”.

Lo que sucede en Venezuela es una crisis humanitaria en toda su extensión. El despreciable uso electorero que ciertos candidatos municipales y regionales han pretendido hacer de este éxodo y la compleja problemática que está suponiendo para el continente no deben hacernos perder de vista el tema de fondo: el reto compete y debe implicar a todos los países latinoamericanos y, por tanto, requiere de un enfoque multilateral coordinado que cuente con el apoyo de la cooperación internacional.

Hoy cada nación está aplicando sus propias medidas, con servicios públicos que difícilmente cubren las necesidades básicas de la población local. El desafío para los gobiernos es identificar las ventajas que trae la inmigración y plantear políticas públicas que integren este componente en su diseño y evaluación. Por ejemplo: el Estado Peruano tiene un déficit de 20.000 médicos, plazas que bien podrían ocupar profesionales venezolanos fuera de Lima, en localidades con necesidades mucho más urgentes que atender. Es decir, debemos aprovechar este contexto adverso para construir una agenda migratoria sólida, hoy inexistente, y para revisar las políticas públicas aún débiles, de cara a mejorarlas.

Costa Rica estudia unirse a países que impulsan llevar a Venezuela a Corte Penal, afirma canciller, por @luisraysa

Epsy Campbell Cansiller de Costa Rica

Luis Ramírez Salazar 30 de agosto de 2018

@luisraysa

Epsy Campbell señaló que quieren asegurar de que el expediente que se envíe sea muy sólido

El presidente de la República, Carlos Alvarado, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores analizar la propuesta de un grupo de países que pretende llevar el caso de Venezuela hasta la Corte Penal Internacional.

Así lo aseguró este miércoles la canciller tica, Epsy Campbell, al ser consultada por AmeliaRueda.com sobre este tema.

"El presidente Alvarado ha estado solicitando que la Cancillería valore la posibilidad de acompañar esta solicitud de estos países de llevar el caso a la Corte Penal Internacional. Se están haciendo las valoraciones correspondientes", externó la también vicepresidenta de la República.

Comunicado de la Comunidad Andina sobre migrantes

Treinta de agosto de 2018

Con ocasión de la Reunión del Comité Andino de Autoridades Migratorias (CAAM) realizada en la sede de la Secretaría General de la CAN para evaluar el flujo migratorio extracomunitario venezolano hacia el espacio comunitario andino y considerar acciones comunes y concertadas para la mejor gobernanza del mismo y lograr un flujo migratorio más ordenado, regular y seguro, las delegaciones de Colombia, Ecuador y Perú emiten el siguiente comunicado:

Los Estados Miembros de la CAN ratifican su compromiso de respeto de los derechos humanos de los migrantes, en especial de los ciudadanos venezolanos, en el marco de las convenciones internacionales, la normativa comunitaria y su normativa interna.

Teniendo en consideración el carácter humanitario de esta crisis migratoria se reafirman en el respeto a la legalidad y el cumplimiento de las normas migratorias que los rigen. Se comprometen, igualmente, a fortalecer campañas y medidas de sensibilización de la población local y nacional sobre la llegada de migrantes.

ACCIONES QUE SE VIENEN EVALUANDO EN EL CAAM:

1.   Fortalecer los mecanismos de control y asistencia en los pasos fronterizos de los Estados Miembros.

2. Solicitar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que facilite el otorgamiento de documentos de identidad, filiación y de viaje para sus nacionales migrantes.

3.  Estudiar y proponer mecanismos para el intercambio de información permanente entre autoridades de control migratorio sobre los flujos migratorios, en especial de venezolanos, para lo cual se solicita el apoyo de la Secretaría de la CAN.

4. Procurar acciones con el fin de lograr la adecuada validación de los documentos de identidad de los migrantes venezolanos.

5. Continuar el intercambio de información sobre el reconocimiento de documentos de viaje para migrantes venezolanos en el espacio comunitario.

6.  Coordinar con la cooperación internacional, en particular con la OIM y ACNUR, para el financiamiento del traslado y reasentamiento de los migrantes en Estados no comunitarios.

7.  Fortalecer la coordinación de los Estados miembros, en el marco del CAAM, para canalizar y aumentar la cooperación internacional que permita atender eficazmente esta crisis migratoria, comprometiendo a las organizaciones internacionales (PNUD, OIM, OCHA, ACNUR, PMA, Cruz Roja y otros) a continuar brindando su apoyo de una manera coordinada y ordenada en la región andina en su conjunto.

8. Mantener las reuniones del CAAM necesarias para realizar el seguimiento respectivo a las acciones propuestas.

Lima, 29 de agosto de 2018

OEA CONVOCA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA TRATAR CRISIS MIGRATORIA VENEZOLANA, por @inwira ‏

Indira Crespo 29 de agosto de 2018

@inwira ‏

La Organización de Estados Americanos – OEA – convocó para el miércoles 5 de septiembre, una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para abordar la “crisis migratoria” originada por la situación en Venezuela, según consta en la convocatoria.

El documento, hecho público hoy, detalla que durante la sesión intervendrán el secretario general de la OEA, Luis Almagro; representantes de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM); así como integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La embajadora de Costa Rica ante la OEA, Rita María Hernández Bolaños, fue la encargada de emitir la convocatoria porque ocupa temporalmente la Presidencia del Consejo Permanente.

La migración venezolana: una ola de desesperación sin precedentes, por @IreneAyusMorill ‏

Los venezolanos ya no migran, huyen de un país en ruinas. 

Irene Ayuso 29 de agosto de 2018

@IreneAyusMorill ‏

La crisis que azota Venezuela, ha dejado de ser un problema exclusivo del país caribeño, y se ha convertido en un completo quebradero de cabeza para toda la región, que busca de manera urgente dar una respuesta coordinada ante el riesgo de que los servicios públicos se colapsen y la xenofobia aumente.

Los venezolanos ya no migran, huyen de un país en ruinas. El paso constante de peatones por el puente internacional se ha convertido en la imagen de una migración sin precedentes en Venezuela.

Si los primeros  venezolanos que migraron se fueron en avión,  los que más se resistían a dejar su país ahora se ven forzados a escapar, cargados de miedo y esperanza, confiando en que la opción migratoria sea una oportunidad para mejorar su situación y sin saber si algún día podrán volver al hogar que dejaron atrás.

De acuerdo con el estudio de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida el migrante venezolano sigue siendo mayoritariamente profesional, aunque ya se estima que 12% de los que se marchan están en los estratos más pobres.

Y cada persona que se marcha, supone una historia de sacrificio: Muchos de los que conforman la nueva oleada de migrantes, se están moviendo a pie, en una odisea que dura días e incluso semanas y en condiciones precarias. Muchos se quedan sin recursos para continuar el viaje y se ven obligados a vivir en parques públicos y a recurrir a la mendicidad y otros mecanismos perjudiciales para satisfacer sus necesidades diarias.

DEL GOTEO A LA MASA:  HAMBRE Y DESESPERACIÓN

La razón del éxodo venezolano no responde a un conflicto, como es el caso de Colombia,  sino a causa de una crisis económica caracterizada por la escasez de bienes fundamentales ( comida o medicinas), hiperinflacción y salarios bajos, a lo que se suma la restricción de ciertos derechos civiles y políticos.

Hay informes que señalan que 1,3 millones sufren desnutrición. La gran escasez de medicamentos básicos y suministros médicos hacen que los más de 100.000 pacientes con VIH y sida queden en riesgo por la falta de medicación necesaria. Además de que enfermedades antes erradicadas como el sarampión, la malaria, la tuberculosis y la difteria están nuevamente presentes y van al alza, señala Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.

FUGA DE VENEZOLANOS: LAS CIFRAS DEL ADIÓS

Estamos ante un éxodo masivo que traspasa fronteras, no sólo de manera regional sino que mundial,  y ante un fenómeno histórico, convirtiéndose en la mayor crisis migratoria en latinoamérica en los últimos 50 años.

Hasta junio de 2018, se estimaba que 2,3  millones de venezolanos,   de los 32,8 millones de habitantes han salido del país, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.  Sin embargo, es difícil saber con precisión la magnitud de la migración , ya que el gobierno no ofrece estadísticas sobre el éxodo.

Según cifras de la OIM, la presencia de los venezolanos en países suramericanos pasó de 88.975 – reportados en 2015- a 885.891 personas en 2017. Casi el 50 % de la población migrante de este país.

Este incremento ha tenido como destino Chile, Colombia y Brasil, los cuales han visto crecer en hasta 13 veces la cantidad de venezolanos en su territorio.

LOS ATAQUES XENÓFOBOS

Venezuela,  ha pasado de ser un estado receptor a emisor. Es un  país que tradicionalmente ha acogido a miles de refugiados de todo el mundo, entre ellos,  de Argentina, Chile y Uruguay, siendo una de las huéspedes más célebres la escritora chilena Isabel Allende.

Según sostiene Olga Sarrado, oficial de comunicación en información pública de ACNUR, los países de la región, así como sus ciudadanos  han mostrado gran generosidad y solidaridad en la acogida de venezolanos que han llegado a sus fronteras, manteniendo una política de puertas abiertas,  pero con las elevadas cifras de venezolanos que cada día cruzan, la capacidad de recepción y provisión de los países de destino se encuentran bajo presión.

Pero  por otro lado también  ha comenzado a aparecer una sombra de xenofobia en la región donde ya se han registración situaciones violentas  y rechazo hacia ellos. En concreto  en Brasil hubo algunas tensiones entre la población local y los venezolanos . Los residentes de Pacaraima atacaron el pasado 19 de agosto a los inmigrantes venezolanos después de que un comerciante fue asaltado, golpeado y apuñalado. Los brasileños culparon a cuatro migrantes por el ataque.

Las muestras de discriminación y xenofobia incrementan la estigmatización de quienes se han visto forzados a abandonar su país y ponen en riesgo su integración en la comunidad de acogida. Estas demostraciones, llevadas a cabo por una minoría no pueden manchar la larga tradición de acogida demostrada por los países de la región, Sarrado.

CRIMINALIZANDO LA MIGRACIÓN

“Cuando los desplazamientos aún no eran muy masivos y por ende, muy visibles para la opinión pública, el comportamiento de los estados vecinos  es de apertura, menos exigente, pero a medida que el éxodo se va dilatando en el tiempo y la cifra de entradas se va incrementando , y por ende la concentración de personas en localidades cercanas a la frontera va aumentando , los Estados, como medida de reacción, tienden a adoptar medidas más restrictivas”, señala Rita Lages, académica de la Universidad de Chile especializada en migraciones

Así ha pasado en Chile, y recientemente en Ecuador y Perú, donde ahora demandan la posesión de un pasaporte venezolano para poder entrar, lo que dificulta su entrada, dada la dificultad por obtener dicho documentos.

Pedir pasaporte no desincentivar la migración, la criminalizará : En la medida en que los canales legales de entrada se cierran o se vuelven más difíciles de cruzar, lo más probable es que asistamos a la aparición de situaciones de tráfico de personas, no necesariamente por bandas delictivas organizadas, sino que el cruce irregular de la frontera puede ser llevado a cabo por personas nacionales o extranjeras que conozcan el terreno y los puntos de entrada menos vigilados, pero de mayor dificultad o peligro, lo puede llevar a casos de muertes, agrega  Lages.

Consecuencias y desafíos

La crisis de migración masiva de venezolanos  en la región podría tornarse en una similar a la de los refugiados  alertan desde las organizaciones humanitarias.

“Esta es una crisis que hemos visto en otras partes del mundo, particularmente en el Mediterráneo, tenemos que empezar a delinear las prioridades y recursos para administrarla lo más pronto posible”, alertó  Joel Millman, portavoz de la OIM.

Las necesidades de la población migrante requieren de los países de acogida asistencia con estatuto legal, documentación, refugio, acceso a la atención médica y otros servicios básicos,  destacan desde los organismos, un desafío para los estados de edificar políticas de lucha contra la desigualdad, un desafío en el que la solidaridad, es la clave.

“Esta crisis plantea un enorme test a la larga tradición jurídica del asilo en América, marcada por una visión humanista en relación con el exiliado y el solicitante de asilo, que se traduce en menores dificultades legales para obtener un estatuto legal en el país, en qué medida la actual práctica de los estados americanos es coherente con esa tradición”, sostiene Rita Lages,  abogada de la Universidad de Chile especializada en migraciones.

Tomado de: https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/08/28/migracion-desesperacionvenezuela.html

CARTA PASTORAL EN OCASIÓN DE LA VISITA AD LIMINA DE LA CEV

https://youtu.be/jLQbZsrbUCU

CIDH manifiesta preocupación por la situación de diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela, por @CIDH

CIDH 29 de agosto de 2018

@CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la situación del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Requesens, quien fue detenido el 7 de agosto de 2018.

De conformidad con información pública, el diputado Juan Requesens fue acusado por las autoridades por sus presuntos vínculos con los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2018, calificados por el gobierno como atentado contra el Jefe del Estado y sus principales autoridades. El diputado fue detenido por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin orden de detención, y permaneció incomunicado. La Asamblea Nacional Constituyente acordó levantar la inmunidad del diputado Requesens y con posterioridad a su detención la Corte Suprema de Justicia decretó su detención como flagrante.

En un video que fue dado a conocer por las autoridades se registra al diputado Requesens narrando hechos que lo relacionarían a él y al diputado Julio Borges, con los hechos del 4 de agosto. La Corte Suprema de Justicia emitió también una orden de captura contra el parlamentario Luis Borges, quien es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH.

El 14 de agosto de 2018 el tribunal ratificó los cargos contra el diputado Requesens por litigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración en contra del Presidente de la República, homicidio calificado por motivos fútiles en contra del Alto Mando Militar y las personas que se encontraban presentes, terrorismo y posesión ilegal de armas y explosivos.

Se han denunciado una serie de irregularidades respecto del levantamiento del fuero parlamentario, la detención, investigación y proceso iniciados contra los diputados. “Las investigaciones y procesos que se sigan contra ellos deben respetar el debido proceso y las garantías judiciales”, destacó el Relator de la CIDH para Venezuela, Francisco Eguiguren. “Esto incluye el acceso efectivo a su defensa jurídica y una participación directa en el mismo”.

Otro video que se hizo público mostró al diputado Requesens en ropa interior y en condiciones denigrantes. Al respecto, la CIDH recuerda que los Estados deben tomar las medidas necesarias para garantizar que las personas privadas de libertad se encuentren en condiciones compatibles con la dignidad humana. De igual manera, la CIDH destaca que a fin de no menoscabar el derecho a la presunción de inocencia, los Estados deben evitar que las personas detenidas que están siendo investigadas, sean presentadas ante cualquier medio de difusión de información que pueda resultar público.

“Considerando el deber especial que tienen los Estados respecto de las personas bajo su custodia, el Estado venezolano tiene la obligación de brindar un trato digno al diputado Requesens que resulte compatible con los estándares interamericanos en materia de privación de libertad”, indicó el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.

La Comisión rechaza todo acto de violencia y urge al Estado a llevar a cabo la investigación sobre los hechos del 4 de agosto con la debida diligencia, de manera seria, transparente, independiente e imparcial. La Comisión continuará dando seguimiento a esta situación.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 193/18

Tomado de: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/193.asp

Gisela Valcárcel se indignó por xenofobia y hace pedido por venezolanos en Perú, por @larepublica_pe ‏

La República 29 de agosto de 2018

@larepublica_pe ‏

Gisela Valcárcel utilizó su programa 'El artista del año' para dejar un duro mensaje sobre la presencia de venezolanos en nuestro país.

Pidió un alto a la xenofobia. Gisela Valcárcel, quien tiene a su cargo la producción y conducción del programa ‘El artista del año’, tomó unos minutos del show para poder pronunciarse sobre el aumento de casos de xenofobia en contra de los venezolanos que se han registrado en Perú.

La figura de América TV, quien tenía a su lado al cantante John Kelvin, narró que la madre del artista peruano había migrado a otro país para poder tener y dar un mejor futuro a sus familiares. Gisela Valcárcel se animó a invocar a los peruanos para ayudar a los ciudadanos venezolanos que llegan semanalmente a Perú. Estas fueron sus declaraciones en el programa ‘El artista del año’.

España y Chile se muestran dispuestos a ayudar a que Venezuela supere la crisis, por @AFPespanol ‏

AFP 29 de agosto de 2018

@AFPespanol ‏

El presidente chileno, Sebastian Piñera, y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, dejaron claro que no planean practicar una política injerecista pero que la comunidad internacional debe "acompañar ese diálogo"

España y Chile se mostraron dispuestos a ayudar a que Venezuela supere la crisis que ha llevado a la diáspora a más de dos millones de personas, anunciaron este lunes los mandatarios de ambos países.

"Para que Venezuela encuentre pronto una solución se va a requerir la ayuda de todos los países", dijo el presidente chileno Sebastián Piñera, quien espera que España juegue un rol de liderazgo en Venezuela, como lo ha hecho en otras crisis en Latinoamérica.

"Nuestra política como país es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Venezuela recupere su democracia, su estado de derecho y el respeto de los derechos humanos", dijo Piñera en una conferencia de prensa conjunta con el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que inició este lunes en Santiago una gira que lo llevará además a Bolivia, Colombia y Costa Rica.

La emigración y la identidad venezolana, por @PolitikaUCAB

Luis Gómez Calcaño 28 de agosto de 2018

@PolitikaUCAB

La dimensión histórica de la migración venezolana de estos años es todavía difícil de percibir, porque se fragmenta en innumerables noticias e imágenes repetitivas. Pero si en alguna conciencia se está inscribiendo esa historia, es en la de los protagonistas del drama: niños, adultos y ancianos que nunca podrán olvidar estos días de incertidumbre y esperanza, precedidos por meses o años de duda antes de tomar la decisión de rupturas con lo conocido y los conocidos, de ventas apresuradas de su enseres del hogar por unos pocos dólares, y de más de un pago de soborno a funcionarios corruptos, civiles y militares, para allanar el largo camino a la frontera. Sea cual sea el resultado de la obligada aventura, nadie quedará indemne: ni los que emprendieron el éxodo ni los que se quedan, desgarrados entre la incertidumbre por los que se van y la esperanza de un alivio a la miseria presente o presentida.

No hay experiencia universal. Entre los emigrantes se reproducen –y hasta crecen– las desigualdades que los separaban en su país. Es cierto que los profesionales y rentistas que comenzaron a migrar hace ya casi dos décadas encontraron menos dificultades legales y económicas, así fuera sólo porque su desplazamiento era sobre todo geográfico y mucho menos económico o cultural, y porque su llegada gradual no permitía percibirlos como una oleada amenazante para los países receptores. Sin embargo, sea la recepción fluida o difícil, el emigrante debe acostumbrarse, desde el primer día, a moverse fuera de las referencias cotidianas, adoptar rápidamente nuevas rutinas, aprender otro idioma, o como mínimo, otros modismos y acentos indispensables para la comunicación más básica. Ser emigrante es ser estudiante, se quiera o no, y además uno que está rindiendo exámenes diarios en mil materias a la vez. Y por eso necesita muchas veces espacios para escapar a ese examen cotidiano, lugares donde reencontrar los acentos y los sabores familiares. Es conocido el fenómeno de los enclaves nacionales y lingüísticos en los cuales algunos emigrantes tratan de refugiarse para resistir a las tensiones de la adaptación a un universo que saben nunca será plenamente suyo; pero, y quizás por suerte, la mayoría de quienes migran no pueden darse ese lujo.

Aumenta la presión contra el gobierno de Venezuela en la Corte Penal Internacional, por @dadams7308

DAVID ADAMS 28 de agosto de 2018

@dadams7308

Una campaña sin precedentes intenta probar crímenes de lesa humanidad en contra del presidente Nicolás Maduro. Argentina, Colombia, Chile y Paraguay se preparan para apoyar el esfuerzo para enjuiciarlo.

Cada vez más aislado y a la defensiva, el gobierno socialista de Venezuela podría estar al borde de una nueva crisis legal internacional. En las últimas semanas se ha fortalecido un esfuerzo sin precedentes para someter a juicio a altos funcionarios venezolanos por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Ahora, varios países latinoamericanos se están preparando para unirse a un proceso legal que ya está en curso en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, en el cual se está examinando abrir una investigación formal sobre la evidencia de violaciones de los derechos humanos a gran escala.

A la vanguardia de esta iniciativa marchan los gobiernos conservadores de Argentina, Colombia y Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le confirmó a Univision News que está "en el proceso de trabajar conjuntamente con algunos países de la región que están de acuerdo en realizar la demanda ante la Corte Penal Internacional". La fuente dijo que se informaría mediante un comunicado conjunto próximamente, pero no se ha establecido una fecha.

El presidente argentino, Mauricio Macri, le dijo a CNN la semana pasada que la iniciativa también contaba con el apoyo de Paraguay.

La decisión de la CPI de abrir una investigación sería una gran vergüenza para el presidente Nicolás Maduro, y aumentaría la presión internacional sobre su asediado régimen en medio de una crisis política, económica y humanitaria que crece rápidamente.

El caso también les ofrece un rayo de esperanza a los opositores al gobierno después de un año de grandes frustraciones, entre las que se incluye la muerte de cientos de personas en una ola de protestas callejeras masivas que se extinguieron el verano pasado, y las elecciones fraudulentas que reforzaron el control absoluto del poder por parte de Maduro.

"Esto es sumamente serio. Maduro solo le teme a la CPI. La Corte tiene poder", dijo Santiago Cantón, prominente jurista argentino y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)". La CPI tiene autoridad para ordenar detenciones y enjuiciar a individuos", agregó Cantón, quien fue uno de los tres expertos designados por la OEA que recomendaron llevar el caso a la CPI en mayo.

"Sería un paso trascendental", dijo Gustavo Marcano, un exalcalde venezolano del estado de Anzoátegui, quien huyó de la presunta persecución política el año pasado. "Éste es el tipo de presión internacional que necesitamos para restablecer la democracia. Es prácticamente nuestra única esperanza, además de la acción militar", dijo.

Los expertos legales reconocen que incluso aunque se abra una investigación, se le daría pie a un largo proceso legal que podría durar años. Las posibilidades de que Maduro vaya a la cárcel siguen siendo altamente especulativas en esta etapa, según los expertos. "No digo que sea probable, pero la convertiría en una posibilidad real", dijo Cantón.

El portavoz de la CPI, Fadi el Abdallah, dijo que la corte no comenta los casos mientras están siendo examinados, y no pudo decir cuándo se tomará una decisión. "Algunos casos demoran unos meses, otros demoran 10 años o más", dijo.

El ímpetu que está cobrando el caso de la CPI también se produce en momentos en que la región enfrenta una crisis humanitaria que aumenta rápidamente, provocada por el éxodo de dos millones de venezolanos que se estima huyeron del país en los últimos dos años y crearon un problema de refugiados en los países vecinos, entre ellos Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.

"Hay un carácter urgente aquí que no se ha apreciado plenamente", dijo Irwin Cotler, ex Fiscal General y Ministro de Justicia de Canadá, quien fue uno de los expertos en el panel de la OEA.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, emitió un "rechazo firme y categórico" al caso cuando la CPI anunció que examinaría las pruebas en febrero, y aseguró también que cooperaría con la corte para limpiar su nombre.

Sin precedentes

Ningún país — y mucho menos un grupo de países — ha presentado un caso contra otro país en la historia de la CPI, aunque a los estados miembros se les conmina a utilizar esta opción en sus estatutos. La mayoría de los casos de la corte son autoinformados — por individuos o grupos locales, y son el resultado de conflictos domésticos.

La corte fue fundada hace 20 años por un tratado internacional — conocido como el Estatuto de Roma — para enfrentar los abusos más atroces a nivel mundial: los crímenes de guerra y los de lesa humanidad.

Su trabajo se ha enfocado principalmente en África y nunca ha abierto un caso en América Latina, aunque actualmente está examinando acusaciones de crímenes de guerra en Colombia que datan de hace más de una década.

Venezuela fue uno de los 60 estados que ratificó el Estatuto de Roma en julio de 2002. Desde entonces, la cantidad de miembros ha aumentado hasta incluir 123 países. Estados Unidos no es signatario y, por lo tanto, no está oficialmente involucrado en el caso contra Venezuela.

La decisión de los gobiernos latinoamericanos de llevar a Venezuela a la corte podría acelerar ese proceso eliminando uno de los pasos legales, dijo el Abdallah, vocero de la CPI. En primer lugar, un caso debe pasar por un "examen preliminar" por parte del fiscal de la CPI, quien luego hace una recomendación a un panel de jueces. "Si un estado miembro refiere un caso, el fiscal no necesita acudir a los jueces. Eso elimina un paso del procedimiento", dijo.

Cronograma del caso de Venezuela

El caso comenzó en noviembre de 2015 'sin bombos ni platillos' cuando un prominente político de la oposición en el exilio, Carlos Vecchio, presentó pruebas de abusos a La Haya y nombró a ocho funcionarios, incluido a Maduro, en nombre de un grupo de presuntas víctimas del régimen actual.

Un esfuerzo previo para llevar al expresidente Hugo Chávez a la corte fracasó cuando el líder socialista falleció de cáncer en 2013. "Entonces, comenzamos a documentar los abusos después de los desmanes cometidos durante las protestas de 2014", dijo Vecchio, quien es el coordinador internacional del partido opositor Voluntad Popular, cuyo líder, Leopoldo López, fue encarcelado.

"Presentamos testimonios anónimos de las víctimas y lo hemos seguido actualizando. Ahora hay muchas más pruebas. Es un caso mucho más sólido ", dijo.

La situación cobró verdadero ímpetu el año pasado cuando la OEA y las Naciones Unidas presentaron devastadores informes en los que se alegaba delitos graves y el hecho de que las autoridades venezolanas no les exigieran rendir cuentas a los perpetradores. La ONU citó 505 asesinatos extrajudiciales, así como uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, maltrato y tortura.

En junio, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, señaló que había pruebas que indicaban que los abusos sistemáticos contra los derechos humanos cometidos en Venezuela equivalían a crímenes de lesa humanidad según lo definido por la CPI. Destacó "el uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, el encarcelamiento, la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual, como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano en una campaña planificada para sofocar la oposición al régimen".

Almagro nombró un Panel de Expertos Internacionales Independientes en septiembre para analizar si los abusos cometidos por el gobierno de Maduro cumplían con el estándar de prueba necesario para reportar a Venezuela ante la CPI.

En septiembre, octubre y noviembre, se realizaron tres rondas de audiencias públicas en la sede de la OEA en Washington DC, en las cuales se incluyeron testimonios de 26 testigos, entre ellos políticos, militares, fiscales y jueces, médicos, padres de estudiantes y organizaciones no gubernamentales, todos los cuales afirmaron haber sufrido persecución o coerción por parte del gobierno.

Los testigos describieron cómo se utilizó el asesinato, la tortura, el encarcelamiento, la persecución y otros actos inhumanos contra la población civil, y en particular contra cualquiera que no apoyara la ideología autodenominada socialista y "bolivariana" del gobierno.

Las pruebas siguieron acumulándose. En noviembre, Human Rights Watch envió a la CPI un informe que documenta cómo el gobierno venezolano utilizó de forma sistemática el trato brutal, incluyendo la tortura, para sofocar las enormes protestas callejeras entre abril y julio de 2017.

Se detallaron 88 casos que involucraban al menos a 314 personas de 13 estados que fueron víctimas de violaciones graves de los derechos humanos durante la represión.

"Los miembros de las fuerzas de seguridad han golpeado violentamente a los detenidos y los han torturado con descargas eléctricas, asfixia, agresión sexual y otras técnicas brutales", dijo. "El alcance y la gravedad de la represión de 2017 alcanzaron niveles nunca vistos en la memoria reciente de Venezuela", agregó.

También en noviembre, la fiscal general de Venezuela que fue destituida y perseguida, Luisa Ortega, visitó La Haya para presentar documentos ante la CPI alegando responsabilidad estatal en 8,290 muertes entre 2015 y 2017. "[Ocurrieron] bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, como parte de un plan de limpieza social llevado a cabo por el gobierno", les dijo a los periodistas.

"Examen preliminar"

Incluso antes de que la OEA estuviera lista para emitir su informe, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció en febrero que estaba comenzando un "examen preliminar" de los "crímenes presuntamente cometidos desde abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones y los disturbios políticos relacionados con la situación en Venezuela".

Dijo que parte de su trabajo sería examinar si las autoridades venezolanas han tomado medidas para investigar los presuntos crímenes, y señaló que la CPI es una corte "complementaria", que solo puede iniciar procedimientos legales en los casos en que las instituciones nacionales no actúen.

El fiscal general de Venezuela impuesto por el parlamento paralelo y oficialista (Asamblea Constituyente), Tarek William Saab, dijo en ese momento que Bensouda parecía estar "sesgada" y que las autoridades venezolanas estaban investigando activamente y procesando los presuntos crímenes, lo cual hacía innecesaria cualquier investigación de la CPI. Y añadió; "Estamos dispuestos a demostrar y mostrar, cuando así se nos requiera", que la corte no tenía jurisdicción en el conflicto del país.

La CPI no discute sus procedimientos, por lo que no está claro si los funcionarios venezolanos han cooperado con el examen del caso hecho por Bensouda. Cotler dijo que sabía que algunos funcionarios venezolanos se habían reunido con personal de la CPI. "No sé cuál ha sido la naturaleza de esas conversaciones", dijo.

Cotler dijo que sabía que algunos funcionarios venezolanos se habían reunido con personal de la CPI. "No sé cuál ha sido la naturaleza de esas conversaciones", dijo.

El caso contra Venezuela recibió un dramático impulso el 29 de mayo cuando la OEA publicó un devastador informe de 387 páginas en el que se alegaba que el gobierno había declarado una guerra virtual contra la oposición política que había calificado como el "enemigo interno" del estado. Como resultado, convirtió "grandes segmentos de la población civil en objetivos para los militares, los paramilitares y las fuerzas de seguridad regulares que operan de forma coordinada para 'defender la Revolución Bolivariana'".

El informe identificó 131 víctimas de homicidios ocurridos en protestas en 2014 y 2017 que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad paramilitares, llamadas 'colectivos'. Además, mencionó más de 8,292 ejecuciones extrajudiciales registradas desde 2015.

También citó 12,000 detenciones arbitrarias (alrededor de siete diarias entre 2014 y 2018), 289 casos de tortura autorizada por el estado, incluyendo violencia sexual contra mujeres (y hombres) bajo custodia, impunidad judicial y persecución política generalizada — todo presuntamente orquestado por el gobierno.

"Motivos razonables"

Al mismo tiempo, el panel de expertos independientes concluyó que había " motivos razonables para suponer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad" según los estándares establecidos por la CPI.

Los expertos identificaron siete áreas específicas donde las violaciones cumplían con los estrictos estándares de la CPI para probar crímenes de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma. Entre éstos se incluían "un patrón sistémico de ataques contra civiles", la "absoluta ausencia del estado de derecho" y "la criminalización de la libertad de expresión". Todo esto se llevó a cabo como "un instrumento de política estatal", añadieron los jueces.

Quizás la violación más grave fue "una crisis humanitaria orquestada por el estado", dijeron los expertos, en referencia al rechazo por parte del gobierno venezolano de las ofertas internacionales de alimentos y asistencia médica ante una creciente crisis económica. Eso había provocado un aumento drástico de la mortalidad infantil y las enfermedades infecciosas prevenibles.

Aproximadamente 2.3 millones de venezolanos — alrededor del 7% de la población — han abandonado su tierra natal en los últimos años, según la ONU, lo cual representa uno de los mayores movimientos poblacionales en la historia de América Latina.

"El éxodo masivo de venezolanos obligados a abandonar el país en busca de alimentos, atención sanitaria, empleo y seguridad ha sido aprovechado como una oportunidad para expulsar a más críticos y opositores del país, eliminando así las voces de la disidencia y permitiéndole al presidente Maduro consolidar aún más su control indiscutible del poder y la desestabilizando la paz y la seguridad de la región", escribieron los expertos.

Además de todo lo anterior, se han sumado acusaciones de la canalización de alimentos y suministros médicos exclusivamente a los partidarios del gobierno, lo cual Cotler llamó "la militarización de la comida y la medicina sobre la base de la persecución". Añadió que esto era "un crimen de lesa humanidad especialmente insidioso", punible bajo el Estatuto de Roma.

Cotler y Santiago Cantón dijeron que les sorprendía la poca atención que el caso de la CPI ha recibido por parte de los medios, especialmente considerando la magnitud de la crisis y la gravedad de las acusaciones. Eso podría cambiar cuando Argentina, Colombia, Chile y Paraguay hagan su declaración conjunta. Cotler dijo que le había pedido al gobierno canadiense que se uniera también a la acción de la CPI.

"Carácter urgente"

El mes pasado, Almagro viajó a La Haya, acompañado por Cantón y Cotler para entregar personalmente, y en forma privada, el informe a Bensouda. La corte ya había recibido una copia del informe en junio, pero Cotler dijo que la reunión privada fue "una oportunidad para transmitir el carácter importante y urgente de la situación".

Cotler y Cantón dijeron que esperan que una investigación formal de la CPI aumente la presión sobre Maduro para que cambie de rumbo, posiblemente mediante la internacionalización de las sanciones económicas.

"La inmunidad y la impunidad de las que ha disfrutado Maduro podrían eliminarse y de repente se enfrentará al hecho de un posible enjuiciamiento", dijo Cotler. "Una vez que eso suceda, podrían ponerse en movimiento ciertas dinámicas".

También les daría un importantísimo apoyo psicológico a los críticos venezolanos del gobierno de Maduro, tanto en la diáspora como dentro de Venezuela. "Hay un gran anhelo de justicia y rendición de cuentas", dijo Cotler. "Podrían decir que alguien finalmente se está dando cuenta de lo que está sucediendo".

Tomado de: https://www.univision.com/noticias/crisis-en-venezuela/aumenta-la-presion-contra-el-gobierno-de-venezuela-en-el-tribunal-internacional-de-la-haya

¿Cómo afecta la crisis migratoria de Venezuela a Sudamérica?, por @AFPespanol

AFP 28 de agosto de 2018

@AFPespanol

Tradicionalmente, la mayoría de venezolanos migraba a Colombia, Estados Unidos y España, pero Perú ha visto cómo desde el 2015 el flujo migratorio de venezolanos se multiplicó por 150. ¿Cómo afecta esta situación a la región?

Montevideo. Venezuela ha visto un éxodo masivo de su población que huye de la pobreza, la hiperinflación, la falta de servicios públicos y la escasez de artículos de primera necesidad.

La AFP busca develar aquí cómo se llegó a esta situación y su impacto no solo en Venezuela sino en toda Sudamérica.

- ¿Cuán grande es la migración venezolana? -

Según la ONU, 1,6 millones de venezolanos se han desplazado por la región desde el 2015, cuando las consecuencias de la crisis del país se hicieron sentir.