VÍCTOR ÁLVAREZ 24 de noviembre de 2017
Con la
caída de los precios del petróleo y de la producción de Pdvsa –fuente de 96%
del ingreso en divisas que percibe Venezuela–, la crisis de la deuda externa
estaba cantada Al no reaccionar a tiempo ante el acelerado deterioro de la
capacidad de pago, el gobierno mantuvo la inercia de un cronograma que
inevitablemente no podría ya cumplir.
La
demora en el diseño y ejecución de una política de deuda externa, sincronizada
con la verdadera capacidad de pago, pone al país a las puertas de un default
desordenado y caótico al que no se puede llegar, si se quieren evitar las
consecuencias que tendría para la economía y sociedad venezolanas.
Para
evitar que la crisis de la deuda finalmente estalle, deudores y acreedores
tienen que acordar las condiciones básicas para iniciar la renegociación, la
cual tiene al menos seis premisas claves:
i) Que el proceso sea asumido como un asunto de
Estado o interés nacional por parte del oficialismo y la oposición, toda vez
que los efectos de una crisis de deuda se prolongarían a lo largo de una
década, cuestión que haría inviable incluso un gobierno de la actual oposición;
ii) Ante el desconocimiento internacional de la
ANC, es necesario reconocer a la AN como el Poder Legislativo que blindará
legalmente el acuerdo final de la renegociación, el cual no podría ser luego
desconocido o anulado por un nuevo gobierno;
iii) Que se designe un nuevo equipo negociador
integrado por funcionarios que no estén sancionados, con los cuales los
acreedores se puedan sentar a renegociar sin el riesgo de ser acusados al
regresar a sus países de violar la prohibiciones estadounidenses y europeas;
iv) La presentación de un Programa de
Estabilización Económica con Bienestar Social que demuestre claramente cómo la
República y Pdvsa van a recuperar su capacidad de pago para cumplir con el
nuevo cronograma de pagos, sin que el costo del ajuste recaiga sobre la
población más vulnerable;
v) La diferenciación de la deuda de la
República y Pdvsa, de tal forma que la renegociación comience por la deuda
soberana y los recursos liberados se puedan destinar a levantar la producción
de Pdvsa, reactivar el aparato productivo nacional y mantener el cronograma de
pagos de la compañía;
vi) Un proceso de auditoría ciudadana de la
deuda externa para identificar aquellos montos que fueron ilegalmente
contratados, al perforar el marco legal y regulatorio y no contar con las autorizaciones
debidas, tal como acaba de ocurrir con una deuda contratada por Citgo,
revelación que llevó al encarcelamiento de su junta directiva.
- Tanto nadar para morir en la orilla -
Después
de sacrificar las importaciones de materias primas, repuestos y maquinarias que
necesita el aparato productivo nacional con el fin de liberar divisas para
pagar puntualmente a lo largo de cuatro años $ 73.000 millones en intereses y
capital de la deuda, el gobierno de Nicolás Maduro finalmente reconoció que no
puede seguir ese ritmo de pagos e hizo pública su intención de renegociar la
deuda externa.
En lo
que resta de 2017, el país todavía tiene que pagar $ 1.470 millones, y en 2018
el monto asciende a $ 8.000 millones. Con unas reservas de petróleo que apenas superan
los $ 9.000 millones, los precios del petróleo estancados y la producción de
Pdvsa en declive, los ingresos estimados definitivamente no alcanzan.
En
tales circunstancias, es preferible un acuerdo amistoso con los acreedores para
evitar las acciones judiciales, sobre todo contra Pdvsa, que es la que puede
ser objeto de embargo. Los acreedores saben que Pdvsa es la fuente del 96% del
ingreso en divisas de Venezuela y los afectados por el incumplimiento pueden
intentar defender sus intereses a través de litigios que generalmente
desembocan en un embargo de activos, cuentas bancarias y facturas por cobrar
del deudor moroso. Pero si embargan Pdvsa, la compañía no podrá operar ni
generar divisas para cumplir con los pagos pendientes.
Una
vez que el propio gobierno hizo un llamado para renegociar toda la deuda
externa está reconociendo que no podrá pagar en las fechas establecidas, pero
esto no significa que haya caído en un incumplimiento. La pregunta, entonces,
ya no es si Venezuela incumplirá con los pagos de la deuda externa, sino cuando
reprogramará los pagos.
- ¿Quién declara un default? -
Todavía
hay mucha confusión sobre el incumplimiento de los pagos por parte de la
República y Pdvsa. El incumplimiento puede ser declarado por una agencia
calificadora de riesgo, pero un acreedor particular también puede anunciar que
no le pagaron y por eso exige a la compañía de seguros que responda. Pero es la
Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) la que finalmente verifica
y compruebe cuando un deudor incumplió con el pago de intereses o capital.
Standard
and Poor’s y Fitch castigaron a la República con una calificación de default
selectivo debido al retraso en el cumplimiento de algunas obligaciones. Un
castigo semejante recibió Pdvsa cuando no pagó a tiempo los bonos con
vencimiento en 2017 y 2020. Para atizar las alarmas, ISDA resolvió que los
retrasos que absorbieron el período de gracia de 30 días, constituyen razón más
que suficiente para activar el pago de los seguros que los tenedores de bonos
suelen contratar para protegerse contra un eventual default del deudor.
A
todas estas, el gobierno afirma que depositó los fondos en los lapsos
previstos, pero que los retrasos que se han presentado y se seguirán
presentando se deben al entramado de trabas y obstáculos que se han
multiplicado a raíz de las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump,
con el deliberado propósito de forzar a Venezuela a caer en el caos de un
default y luego ser víctima de las demandas y litigios que se activarían en su
contra.
De
hecho, el gobierno de Nicolás Maduro cuestionó que Citibank no hubiese
procesado oportunamente el pago de Corpoelec, cuyo retraso consumió el período
de gracia y fue el detonante de la incertidumbre y confusión que todavía
prevalece.
El
pago oportuno de los intereses y el capital de la deuda externa exige que los
recursos estén a disposición del intermediario financiero para el día en el que
se vence la obligación. Si el gobierno no puede superar la carrera de
obstáculos derivadas de las sanciones financieras, cualquier retraso puede ser interpretado
nuevamente como un incumplimiento del compromiso adquirido, más no implica
necesariamente que la República o Pdvsa se hundieron en un default. Si el pago
finalmente se concreta en los días subsiguientes, los acreedores no tienen
razones de peso para iniciar litigios contra Venezuela.
- El riesgo de un default desordenado y
caótico -
Ahora
bien, si los acreedores actúan sin coordinación y, además de exigir el pago del
bono retrasado, activan la aceleración de todos los pagos pendientes de intereses
y capital, esto pudiera generar un verdadero caos, con graves daños a todos los
acreedores.
Para
un país que viene confrontando crecientes dificultades debido al colapso de los
precios del petróleo y la caída en la extracción de crudos que golpea fuertemente
su capacidad de pago, la aceleración de los pagos sería una desmesurada
exigencia que Venezuela no podría cumplir. Esto podría ser el detonante de un
default generalizado que pulverizaría el valor de los bonos de la República y
Pdvsa en los mercados. Por eso, la renegociación amistosa de la deuda no es un
asunto que conviene única y exclusivamente a Venezuela, sino también a los
acreedores que no quieren sufrir la pérdida del valor de sus bonos.
- ¿Reestructurar o refinanciar? -
Cuando
un deudor confronta dificultades para mantenerse al día con sus pagos pueden
plantear un refinanciamiento o reestructuración de la deuda. Cuando se habla de
refinanciación generalmente se hace referencia a un acuerdo voluntario y
amistoso entre las partes para modificar el cronograma inicial, operación que
puede incluir un período de gracia para que el deudor en problemas recupere su
capacidad de pago.
La
reestructuración es un proceso más difícil y complejo, toda vez que suele estar
acompañado de una exigencia del país deudor para que rebajen el monto adeudado,
apliquen menores tasas de interés, así como un cronograma de pagos más holgado.
Los acreedores preferirían recuperar el total de lo que invirtieron en la
compra de los bonos tan pronto como sea posible.
Cuando
un país cae en default e inicia una reestructuración de toda su deuda externa,
los mercados financieros reaccionan sin compasión y aumentan el riesgo país, lo
cual se refleja en un incrementando de las tasas de interés que le cobran a la
nueva deuda emitida por el país en problemas. Es por eso que se requiere el
auxilio de los organismos financieros internacionales, los cuales suelen
condicionar el desembolso de recursos a la aplicación de rudas medidas de
ajuste para enderezar el rumbo de la economía y recuperar la capacidad de pago.
Con
frecuencia, el costo del ajuste económico recae sobre la población más
vulnerable que sufre un deterioro aún mayor de sus precarias condiciones de
vida. La conflictividad social que se desencadena desemboca en problemas
políticos que suelen frenar y hasta abortar los programas de reformas
económicas que no toman en cuenta el impacto social.
Un
buen Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social parte de
identificar las medidas más adecuadas y viables, define con precisión el orden
lógico en el que serán aplicadas, así como el ritmo más adecuado para su
ejecución. Pero también anticipa situaciones que pueden desacelerar y cancelar
la ejecución de las reformas al identificar oportunamente los sectores que se verían
afectados en sus intereses económicos, sociales y políticos y, sobre esta base,
se han ponderado los riesgos políticos que pueden abortar los cambios de la
política económica.
Para
evitar que la conflictividad social y la resistencia empresarial dañen la base
de apoyo político, la viabilidad del programa de reformas no puede limitarse a
la calidad del diseño técnico, secuencia y ritmo de las medidas. También tiene
que armonizar las variables económicas, sociales y políticas para minimizar los
riesgos de fracaso.
La
clave está en evitar que -una vez puesto en marcha el programa-, estallen
reacciones sociales, empresariales y políticas que aborten las reformas. Por
eso, el éxito de las reformas económicas requiere gran capacidad técnica y
gerencial, fortalecimiento institucional, liderazgo político y mucha
sensibilidad social.
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