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| Sillas vacías de opositores venezolanos en la Asamblea Constituyente de Venezuela |
Bogotá, 19 ago (EFE).- Organismos internacionales y
varios Gobiernos de América y Europa reafirmaron hoy su apoyo al Parlamento
venezolano y su rechazo a la Constituyente, integrada solo por oficialistas,
luego de que esta decidiera asumir competencias para legislar, lo que
consideran que ahondará la crisis en el país.
Tras la decisión de la Asamblea Constituyente,
diplomáticos de doce países visitaron hoy la sede del Parlamento venezolano, de
mayoría opositora, para expresarle su respaldo.
A la sede acudieron representantes de las embajadas de
España, Holanda, Chile, Italia, Alemania, Austria, Argentina, Polonia, México,
Francia, Reino Unido y Portugal, que se reunieron con la directiva del
Parlamento, poco antes de que este celebre una sesión para adoptar una
resolución ante la medida tomada el viernes por la Constituyente.
En un comunicado conjunto, doce Gobiernos de América
expresaron que el acto de la Constituyente "de usurpar las competencias y
facultades legislativas" ratifica "la ruptura del orden democrático y
constitucional en Venezuela".
Además, reiteraron "el no reconocimiento de la
Asamblea Nacional Constituyente y de los actos que emanen" de ella y
reafirmaron su pleno apoyo al Parlamento y su decisión "de intensificar
consultas para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela".
El comunicado fue firmado por Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguay y Perú, llamado el Grupo de Lima tras la declaración suscrita por sus
cancilleres hace diez días para denunciar una "dictadura" y el
"quiebre democrático" en Venezuela.
El Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay, con Venezuela suspendida indefinidamente, también condenó la
decisión "de usurpar las atribuciones" del Parlamento, elegido
"democráticamente por la mayoría de los venezolanos" y que ven como
"único y exclusivo titular del Poder Legislativo en ese país".
Para el bloque, esto agrava los conflictos en lugar de
buscar el "necesario restablecimiento de la democracia".
La medida fue tomada por la Constituyente luego de que
la directiva del Parlamento no acudiera a una reunión a la que había sido
convocada por ese órgano, que los opositores tildan de "fraudulento"
y ven como un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una
dictadura en el país.
En un decreto, la Constituyente aprobó "asumir
las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a
garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema
socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los
derechos de los venezolanos".
Tras el anuncio del decreto, el secretario general de
la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo definió como "la
disolución fraudulenta" del Parlamento y dijo que es la
"profundización del golpe de Estado en Venezuela".
El Parlamento fue elegido "por el pueblo soberano
por sufragio directo. Su disolución es ilegitima e inconstitucional",
agregó Almagro al insistir en su llamado para celebrar un Consejo Permanente
extraordinario de la OEA sobre la crisis venezolana.
Venezuela ha sido escenario de manifestaciones que se
incrementaron cuando Maduro convocó a la Constituyente, compuesta solo por
miembros afectos al Gobierno.
"Esta toma de poderes está diseñada para
suplantar la Asamblea Nacional democráticamente elegida por un comité
autoritario que opera por encima de la ley", afirmó el Departamento de
Estado de EE.UU.
Mientras el Ejecutivo español señaló que es una
decisión que "no contribuye a la reconciliación ni al futuro democrático
de Venezuela" y que demuestra "un grave desconocimiento de la
voluntad del pueblo venezolano".
Autoridades parlamentarias de nueve países
iberoamericanos -España, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, México,
Panamá y Perú- también condenaron la "ruptura del orden democrático",
exigieron la aplicación de la Carta Democrática y ratificaron que la vía
electoral "es la única salida a la crítica situación".
Panamá expresó que "la disolución de la Asamblea
Nacional Venezolana" se hizo "a través de un decreto de la
ilegítimamente constituida Asamblea Constituyente" y calificó la medida de
"irrespeto a los principios democráticos".
Mientras el canciller chileno, Heraldo Muñoz, rechazó
que la "Constituyente de Venezuela haya asumido facultades de Asamblea
Nacional elegida democráticamente" y Costa Rica expresó su respaldo al
Parlamento venezolano.
El constituyente Diosdado Cabello advirtió que el Parlamento
debe reconocer a dicha Asamblea si quiere volver a ejercer sus competencias y
en respuesta el titular del Legislativo, el opositor Julio Borges, denunció que
ese organismo es "un poder de facto" que "pretende
perpetuar" a Maduro en el poder.
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