Tomás Páez 26 de diciembre de 2017
@TomasPaez
Reza
el dicho que “hechos son amores y no buenas razones”. En cada acto de la
dictadura socialista, aunque finge humanidad, expresa su desprecio por los
venezolanos sin importar dónde se encuentren, dentro del país o como integrante
de la diáspora que hoy excede los dos millones y medio de venezolanos,
aproximadamente 10% de la población. Este dato se ha construido al margen del
Instituto Nacional de Estadística, pues el Estado pretende encubrir esta
realidad. Tal enmascaramiento es un atentado a la democracia, pues, como bien
afirma Jean-Paul Fitousse, “uno de los mayores bienes públicos de la democracia
es poseer un buen sistema de estadísticas públicas, confiables y que además la
gente crea en ellas”.
El
régimen ignora la diáspora y menosprecia a los venezolanos porque no admite lo
obvio: la existencia de hambre y la escasez de todo. Es el sistema autoritario
el verdadero responsable de la hambruna y de la escasez de medicinas que ha
creado la crisis humanitaria que padece el país. Para los voceros del régimen
los ciudadanos son “los dame pan y dime tonto” que corroboran cuando se jactan
de que las escuálidas bolsas de comida (CLAP), que han vendido a los
ciudadanos, les han salvado la partida.
El
desconocimiento de la crisis humanitaria quizá obedezca al hecho de que están
muy ocupados en sus negocios personales, que no son pocos y de montos nada
despreciables, y posiblemente al escaso interés que sus actos muestran por los
ciudadanos. No han tenido oportunidad ni tiempo para ojear los numerosos informes
y datos que documentan la precariedad de la salud, la reaparición de
enfermedades eliminadas, la escasez de las medicinas, reactivos, equipos
médicos y alimentos. Tampoco pierden tiempo en solicitar información acerca del
comportamiento de la inflación, hoy convertida en hiperinflación, el peor de
los enemigos de los que menos tienen, que en la Venezuela del socialismo del
siglo XXI superan 82% de la población.
Insatisfechos
por haber sido designados como administradores de los recursos de los venezolanos,
a quienes deberán rendir cuentas de lo hecho, decidieron apropiarse de lo que
nos les pertenece. Ejemplos de ese arduo trabajo son los ministros,
embajadores, viceministros, expresidentes de Pdvsa y una extensa red de
cómplices que se añaden a las listas de imputados, solicitados o encarcelados.
En lugar de mantener y mejorar los elevados estándares de calidad a los que nos
había acostumbrado el equipo gerencial de aquella Pdvsa que reconocía el mérito
de su más valioso activo, el capital humano, se han encargado de desvalijarla y
destruirla hasta el punto de hacerla inviable. No podía ser de otra manera: el
modelo castiga al talento, recompensa al delator, condecora a los seguidores
fieles aunque carezcan de mérito alguno y termina premiando al delincuente.
Los
reputados gerentes que encumbraron la empresa a nivel mundial han sido
reemplazados por los PRANES del petróleo, como lo indican las siguientes notas
de prensa: “Agentes federales y fiscales investigan en Estados Unidos varias
decenas de hechos de corrupción en Pdvsa; el empresario Roberto Rincón se ha
declarado culpable y dispuesto a revelar el tramado del saqueo a la empresa
petrolera…”, a lo que se suman quienes poseen cifras milmillonarias en la banca
de Andorra y las más recientes denuncias de quienes fueran ministros y
presidentes de Pdvsa. Y esto es solo la punta del iceberg.
No
admiten que han destruido Pdvsa, el país, y niegan con descaro que en Venezuela
exista crisis humanitaria. Como en el caso del sector eléctrico, siempre habrá
una iguana a la que culpar del desastre. Mientras los voceros del régimen no
logran ver ni la crisis ni la diáspora, todo el mundo conviene en su
existencia, busca y ofrece soluciones para superarla: el secretario general de
Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, el Grupo de Lima –integrado por
parte importante de los países latinoamericanos– y la Asamblea Nacional que
representa a la gran mayoría del país.
La
negación de la crisis les ha llevado a expresar su rechazo del siguiente modo:
sobre el supuesto de una crisis humanitaria, se propone una ayuda humanitaria a
la que califican de invasión desnuda, para diferenciarla de la cubana, de la
que guardan un hermético silencio ya que esa sí va bien vestida con los
recursos de los venezolanos. Lo de la “invasión desnuda” probablemente alude al
riesgo de que el modelo MILITAR-cívico deje en evidencia su monumental fracaso.
De
manera presuntuosa desconocen su responsabilidad en los resultados y culpan a
terceros (iguanas, ratas, guerra económica, etc.). En lugar de enmendar
insisten en la aplicación de las mismas políticas que han llevado a Venezuela
al despeñadero, es decir, pretenden apagar el incendio echándole más gasolina
al fuego: persisten en aplicar las políticas propias de la insania mental, como
lo apuntó en algún momento nuestro prestigioso y querido economista Héctor
Silva Michelena.
Un
vicepresidente afirmó en la cumbre presidencial en México que había robo de
cerebros, otro vocero denigra de los venezolanos cuando afirma que se han
formado en el exterior con recursos públicos (¿y los de las familias dónde
quedan?) y luego se quedan a vivir en el lugar en el que estudian, razón por la
que hay que evitar que salgan. Un poco de historia les vendría bien. La
democracia venezolana diseñó programas espectaculares, como el Mariscal de
Ayacucho, que son un mentís a esa afirmación bárbara.
Como
la diáspora no es real, carece de sentido pensar en políticas públicas para
algo que no existe. No contentos con ignorar su existencia, se encargan de
convertirlos en apátridas, ya que no pueden acceder a los documentos de
identidad, cédula y pasaporte. Además, desconocen los derechos de los jubilados
y pensionados que integran la diáspora, violando en ese olvido consciente
acuerdos particulares con países de la Unión Europea en los que están obligados
a pagar. El régimen conculca los derechos políticos de los venezolanos al
obstaculizar su inscripción en el registro electoral e impidiendo el ejercicio
del voto.
La
diáspora que el socialismo ha estimulado ha crecido más de 40% en los dos
últimos años. Esta tendencia se mantendrá en la medida en que persista y crezca
la trágica crisis humanitaria y la inseguridad siga cobrando una vida cada 16
minutos. Si no hay cambio de modelo esta tendencia resultará indetenible.
La
próxima elección presidencial abre una oportunidad para que la diáspora
participe más activamente en la recuperación de la democracia y en la
reconstrucción del país. El régimen se sabe perdedor y sabe que es una pequeña
minoría aislada nacional e internacionalmente. Intentará agudizar sus acciones
endemoniadas. Para la alternativa democrática es un evento crucial en el que se
reafirmará la mayoría del país que desea poner coto a su destrucción y poder
atender las necesidades de todos.
Una de
las piezas con las que cuenta la dictadura es el Consejo Nacional de la
Exclusión Electoral. Las famosas listas del odio se elaboraron con la
información que poseía la institución y se puso nombre, apellido y número de
identidad a quienes deberían ser perseguidos y excluidos. La mayoría de la
directiva de este organismo es una extensión del régimen, obedecen órdenes y
carecen de la autonomía indispensable para poder ejercer las funciones para las
que fue creado. En lugar de facilitar la transparencia del proceso electoral,
se ha convertido en su principal traba.
Pocos
dudan de su capacidad para la trampa y la triquiñuela. La más reciente y
notoria fue el número de votos que asignó a la (in)constituyente, razón por la
cual la empresa Smartmatic denunció el engaño con el que pretendía completar la
violación d la Constitución con ese adefesio que no acepta la mayoría del país
y que nadie en el mundo reconoce. La otra farsa es su desconocimiento de la
diáspora.
¿Cuáles
son las acciones con las que el organismo de la exclusión electoral logra
eliminar a la diáspora del proceso electoral? La primera consiste en confirmar
su inexistencia impidiéndoles inscribirse en el registro electoral permanente y
evitando el cambio de domicilio. Expresión de ello es que solo hay inscritos un
poco más de 100.000 venezolanos en el exterior. La última consulta promovida
por la Asamblea Nacional y coordinada por la sociedad civil y los partidos
políticos arrojó que participaron más de 700.000 venezolanos.
El
segundo mecanismo es ponerle trabas al proceso de votación. Un ejemplo
emblemático es lo que han hecho con los ciudadanos que viven en el estado de
Florida. El organismo de la exclusión creó un centro de votación en Nueva
Olrleans, a más de 1.300 kilómetros de distancia, un verdadero estímulo a la
abstención. Por si fuera poco han inventado exigir certificados de residencia
para que la diáspora ejerza el voto. Esta situación hay que denunciarla ante
todos los organismos electorales en el mundo y exigir que se acerque el centro
de votación a los ciudadanos.
El
tema electoral es un asunto que une a la alternativa democrática y en torno a
él se puede ensamblar una estrategia unitaria, impermeable a la fisura. La
primera fase de la estrategia consiste en exigir la apertura del registro
electoral permanente. Esta iniciativa, de carácter global y simultánea en
decenas de países y centenares de ciudades, debe tener como invitados y
testigos a los demócratas del mundo, a los medios de comunicación y
organizaciones de derechos humanos. Las concentraciones deben ser un espacio de
encuentro que sirva para denunciar la crisis humanitaria que vive el país.
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