MAOLIS CASTRO 05 de diciembre de 2017
El
embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, anunció ayer su renuncia al
cargo diplomático por solicitud del presidente Nicolás Maduro. “Se me ha
removido por mis opiniones. Me mantendré, pase lo que pase, leal al comandante
[Hugo] Chávez”, escribió en Twitter Ramírez, quien ha sido crítico con Maduro.
El divorcio del también exministro de Energía y expresidente de la petrolera
estatal PDVSA con el Gobierno parecía inminente tras una purga contra
exgerentes petroleros cercanos a él acusados de corrupción.
Más de
65 directivos de la petrolera, incluidos Nelson Martínez y Eulogio del Pino,
hasta hace una semana presidente de PDVSA y ministro de Petróleo,
respectivamente, han sido detenidos por su supuesta participación en
irregularidades en la administración de la empresa. Muchos de los encarcelados
son aliados de Ramírez. Su primo, el extravagante Diego Salazar Carreño, y su
presunto cómplice, Luis Enrique Luongo, también han sido arrestados. La
Fiscalía acusa a estos dos empresarios de haber blanqueado capitales a través
de la Banca Privada de Andorra. Las denuncias de lavado de dinero contra los
acusados no son nuevas. Julio Montoya, un diputado opositor de la Asamblea
Nacional (Parlamento), ya había señalado a Salazar por estar implicado en
manejos ilícitos en 2015. Pero el Gobierno de Maduro ha emprendido las investigaciones
hasta ahora.
En
plena cruzada del régimen contra la corrupción petrolera, Ramírez había
preferido mantener un perfil bajo. El exministro de Energía ha atribuido su
salida del cargo en la ONU a opiniones emitidas sobre la administración de la
industria petrolera en Venezuela en unos artículos publicados en Aporrea, el
portal del chavismo crítico. “No quisiera imaginar que ahora arreciarán los
ataques y los vilipendios por expresar mis opiniones y fijar una posición de
alerta en defensa de la Revolución y el país, como ya han hecho algunas voces
ofensivas y arteras.
Es la
nueva forma de hacer política con ‘p’ minúscula que se ha impuesto, en una
comunión de intereses y bajos propósitos coincidentes con las matrices de
opinión de la derecha, cosa que era inimaginable en los tiempos de Revolución
con el Comandante Chávez”, dijo en una carta dirigida a Jorge Arreaza, ministro
de Relaciones Exteriores, quien ha nombrado como reemplazo en la ONU al
excanciller Samuel Moncada. Ramírez había llevado las riendas del crudo
venezolano entre 2004 y 2014. Con la muerte de Chávez y el ascenso de Maduro a
la presidencia, el poderoso funcionario fue apartado de la petrolera para ser
nombrado embajador en Naciones Unidas.
Probable detención
La
salida de Ramírez del Gobierno allana el camino para su probable detención, en
caso de que regrese al país sudamericano. Ramírez ya no tiene fuero diplomático
y se ha convertido en el enemigo de turno de Maduro que, en vísperas de
elecciones municipales, el próximo domingo, ha lanzado una ofensiva contra sus
antiguos aliados. El presidente ha responsabilizado a los exgerentes de la
ruina de PDVSA, cuya deuda fue declarada recientemente en impago selectivo por
la agencia calificadora Fitch Ratings. La estatal petrolera es la proveedora
del 96% de los ingresos de divisas en el país. La caída de los precios del
crudo y el inadecuado manejo de la empresa han influido en la crisis de
Venezuela. Las detenciones han evidenciado que la pésima administración de la
petrolera había alimentado una crisis sin precedentes en el país caribeño. “Los
desvíos a gastos sociales han deteriorado la industria”, admitió del Pino en un
vídeo difundido después de su detención.
Lejos
de un cambio en las políticas económicas y ante la reducción de los recursos
financieros, Maduro ha optado por desarrollar nuevas alianzas. La purga en
PDVSA, el exterminio político de Ramírez y el nombramiento de militares en
cargos clave han garantizado el pleno control castrense del país. Desde hace
dos años, el jefe del Estado se ha plegado al Ejército, al que ha concedido el
manejo financiero y ha apartado a los antiguos leales del chavismo.
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