Reuters 14 de febrero de 2018
Cada
vez se hace más fuerte la presión internacional sobre el régimen de Nicolás
Maduro en Venezuela. El lunes, desde Washington la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) denunció un "alarmante" deterioro de la
institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en
Venezuela. Y desde Brasil, el presidente Michel Temer anunció una
militarización de su frontera con Venezuela, una medida similar a la adoptada
por Colombia la semana pasada para frenar el éxodo de venezolanos que huyen del
régimen y la crisis en su país. El caso venezolano será analizado hoy en Perú
por el Grupo de Lima (ver nota en esta página).El "debilitamiento de la
institucionalidad democrática en Venezuela" se observa desde 2002, pero en
los últimos dos años y especialmente en 2017, "ha tenido una
profundización e intensificación alarmantes", afirmó la CIDH en un informe
que documenta abusos y desviación de poder por parte del gobierno de Maduro.
El
reporte es el tercero en 15 años en señalar un agravamiento de la crisis institucional
y de derechos humanos en Venezuela, después de informes en 2003 y 2009,
elaborados bajo mandatos del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en
2013.
"Venezuela
no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades
internacionales en materia de derechos humanos", dijo el presidente de la
CIDH, Francisco Eguiguren.
El
reporte, remitido el viernes a Caracas y que según la CIDH el gobierno de
Maduro rechazó por considerar "claramente parcializado", incluye 76
recomendaciones.
Venezuela
se retiró de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 2013 y
denunció la Carta de la OEA el año pasado. Pero la CIDH tiene jurisdicción
sobre el país hasta que se concrete su salida de la organización, en abril de
2019.
En
su informe de 165 páginas, la CIDH destaca el resquebrajamiento de la
democracia, el incremento de la represión y la violencia, así como una
intensificación de la pobreza.
En
Venezuela hay un "desprecio por el Estado democrático de Derecho",
asegura el reporte, demostrado por una "inobservancia del principio de
separación de poderes" y una "usurpación de funciones del Poder
Legislativo" por parte del Ejecutivo y el Judicial.
Además
de las limitaciones a los derechos políticos, la CIDH da cuenta de violencia
sexual, censura, maltrato a opositores, inseguridad ciudadana, criminalidad,
desabastecimiento de alimentos y medicinas, desnutrición y carencias
sanitarias, en medio de hiperinflación y altos niveles de corrupción e
impunidad.
"La
crisis existente ha generado que quienes viven en Venezuela enfrenten
dificultades inaceptables para satisfacer sus necesidades más básicas de
alimentación, vivienda, salud y educación", apunta.
Frontera militarizada.
Por
otro lado, la CIDH subrayó su "preocupación por el gran número de venezolanos"
forzados a emigrar.
La
CIDH solicitó a Colombia visitar la zona limítrofe con Venezuela, luego de que
Bogotá anunciara la semana pasada un endurecimiento de los controles ante la
llegada de casi 600.000 venezolanos.
En
tanto, el presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó ayer lunes que podría
emitir esta semana una medida provisoria para abordar el ingreso masivo de
venezolanos a través del estado de Roraima, con el fin de "ordenar"
la entrada, no de impedirla.
En
diálogo con líderes políticos y ministros en Boa Vista, capital del estado de
Roraima, Temer dijo estar preocupado por "el intenso flujo de
venezolanos" hacia esa zona y añadió que "no faltarán recursos"
para solucionar el problema.
Roraima
se encuentra en la frontera de Brasil con Venezuela y es un destino de muchos
venezolanos que buscan mejores condiciones de vida.
Los
venezolanos representan un 10% de la población de Boa Vista, o alrededor de
40.000 personas, lo que impacta en los servicios públicos.
Temer
prometió asistencia financiera para Roraima y organizar el flujo de venezolanos
que entran a Brasil.
Piden que investiguen matanza
de mineros
Familiares
aguardaban ayer lunes en el sur de Venezuela la entrega de los cadáveres de los
muertos en un enfrentamiento entre mineros ilegales y militares en una zona
golpeada por la violencia. Los parientes pedían al gobierno investigar los
hechos sucedidos el sábado en la localidad de Guasipati, en el sureño estado
Bolívar y a 825 kilómetros de Caracas, en los que, según medios locales,
habrían muertos 18 civiles incluida una mujer. Las autoridades, aunque
confirmaron el choque, no han dado el número de víctimas.
El
gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, se limitó a decir que una
comisión del Ejército repelió un ataque y declinó dar una cifra de fallecidos
argumentando que el caso está siendo investigado. "Le pedimos al
presidente (Nicolás) Maduro que por favor coordine, hable con los generales
(...), que investiguen bien" lo sucedido, dijo Mixae Vera, hermana de
Geovanny Vera, de 34 años, una de las víctimas.
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