JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ G. 15 de febrero de 2018
Fatou
Bensouda, la fiscala de la Corte Penal Internacional (CPI), anunció el pasado 8
de febrero que se abrirá un examen preliminar sobre posibles violaciones a los
derechos humanos y uso de fuerza excesiva por parte del gobierno de Nicolás
Maduro.
Cuando
las protestas llenaron las calles de Caracas de abril a julio del año pasado,
124 personas murieron, más de 10.000 resultaron heridas y aproximadamente 5000
personas fueron detenidas arbitrariamente, según el informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
¿Por
qué importa el examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) a
Venezuela? En un país que ya ha agotado todas las vías constitucionales para
solucionar la actual crisis política y frenar el totalitarismo de Maduro, la
decisión de la CPI es una buena noticia: no puede solucionar todos los
problemas de Venezuela, pero sí podría ayudar a ejercer presión sobre el
presidente venezolano y los funcionarios de su gobierno.
Lo que
hará la CPI es evaluar si existen bases para iniciar una investigación formal
sobre los posibles delitos que pudieron haber sido cometidos por miembros del
gobierno venezolano, un proceso que podría tardar años en resolverse. Pero, en
el corto plazo, esta decisión podría traer efectos positivos para la democracia
en Venezuela.
Los
exámenes preliminares generan una especie de “periodo de observación” sobre el
país en cuestión, en el cual la fiscalía de la CPI podrá analizar la conducta
del régimen y recabar información gubernamental. Podrá también recabar
testimonios orales y escritos; designar misiones a Venezuela para conocer, de
primera mano, los detalles de la investigación, y tendrá mecanismos para
promover investigaciones independientes en Venezuela y evitar nuevos episodios
de violencia. La CPI incluso tendrá autoridad para interrogar a los
funcionarios del gobierno y abrir investigaciones de casos particulares. Esto
sería una presión real para disminuir algunas políticas autoritarias del
gobierno de Maduro.
En su
libro Poliarquía, Robert A. Dahl explicó que la democratización de regímenes
autoritarios, como el venezolano, está asociada al incremento de los costos de
represión del gobierno y la reducción de los costos de tolerancia. Esto es, la
transición a la democracia es incentivada cuando al gobierno se le hace más
oneroso reprimir —por las sanciones derivadas de tales actos— y, a la vez, cuando
los funcionarios del gobierno tienen alicientes para colaborar con el cese de
los actos de represión. A los funcionarios del gobierno de Maduro, muy
especialmente a los miembros de las Fuerzas Armadas, les será más difícil
reprimir protestas en pleno periodo de observación y evitarán recurrir a
tácticas que violen los derechos humanos. A eso contribuirán los exámenes
preliminares de la CPI en Venezuela.
Cuando
la fase preliminar termine, el tribunal internacional podría iniciar una
investigación formal cuyo ámbito será mucho más específico, pues podrán
identificarse presuntos responsables dentro del gobierno de Maduro. La última
etapa, de acuerdo con los resultados que se obtengan y las conclusiones de la
investigación formal, iniciaría un juicio penal –de donde surgirían decisiones
vinculantes, es decir, que deben ser cumplidas– ante la Sala de Primera Instancia
de la CPI. Ese proceso también puede ser largo.
No hay
un límite específico de tiempo para los exámenes preliminares. Aunque suelen
tardar en promedio tres años, ha habido casos como el de Colombia, donde las
investigaciones sobre el conflicto armado se iniciaron en 2004 y aún no
concluyen. En el caso de Venezuela podrían pasar hasta tres años antes de que
la fiscalía en La Haya decida si inicia una investigación formal a funcionarios
o exfuncionarios del gobierno de Maduro, o incluso al propio presidente.
Quizás
el ejemplo más revelador de las investigaciones de la CPI a líderes políticos
sea el de Omar Al Bashir, presidente de Sudán desde 1993. Al Bashir sigue
gobernando su país —con el reconocimiento de otros gobiernos— pese a que hay
dos órdenes de detención en su contra dictadas por la CPI en 2009 y 2010. Este
antecedente demuestra que los procesos de la CPI no necesariamente inciden en
la permanencia en el poder del gobernante sancionado.
Así
que no parece probable que el inicio del examen preliminar en Venezuela derive
en el corto plazo en alguna medida judicial contra Nicolás Maduro o altos
funcionarios de su gobierno.
Pero
el sistema de la CPI, regulado por el Estatuto de Roma, fue también diseñado
para desalentar nuevas violaciones a los derechos humanos y promover cambios
dentro de los Estados que eviten nuevas crisis políticas y sociales. No es
descabellado asumir que los exámenes preliminares sobre Venezuela tomarán esa
dirección, más que impulsar la salida de Maduro.
A
partir de ahora el gobierno chavista será observado con minuciosidad por la
CPI. Esto le hará más difícil mantener y agravar acciones de represión contra
sus opositores. El gobierno también podría verse empujado a iniciar
investigaciones independientes, lo cual exigiría reformas legales para rescatar
la independencia del poder judicial y del Ministerio Público, tomando en cuenta
que actualmente no existe en Venezuela la separación efectiva de poderes.
Asimismo,
las investigaciones podrían afectar la cohesión dentro del “madurismo”. Si los
aliados del presidente son objeto de las investigaciones de la CPI, tendrán una
buena justificación para no participar en nuevas violaciones de derechos
humanos o, en su caso, para contribuir con las investigaciones de la fiscalía
del tribunal de La Haya.
Como
advertía Dahl, las investigaciones pueden frenar ciertas prácticas autoritarias
de los gobiernos. El temor de los funcionarios a verse involucrados en una
investigación formal de la CPI, vuelven ahora más costosos a la represión y el
uso de la fuerza. El examen preliminar llega en un momento preciso en
Venezuela: a principios de febrero se adelantaron de manera inesperada las
elecciones presidenciales; serían celebradas en abril.
Actualmente
no existe en Venezuela una salida electoral a la crisis, pues el sistema
electoral venezolano carece de integridad electoral. Tampoco es previsible
esperar alguna salida por parte de la Asamblea Nacional, la legislatura
controlada por la oposición, ante el bloqueo impuesto por el Tribunal Supremo
de Justicia y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. En ese contexto de
falta de salidas constitucionales, las indagatorias de la CPI abren una vía
inexplorada.
Los
exámenes preliminares, en sí mismos, son insuficientes para impulsar un cambio
político. Pero en una Venezuela marcada por el autoritarismo, el examen del
tribunal internacional representa una oportunidad para desatrancar el bloqueo
institucional que impide garantizar elecciones justas o un diálogo serio con la
oposición. Desde esta perspectiva, la observación cercana de la corte
internacional, más por temor que por convicción, ayudará a reinstaurar ciertas
prácticas democráticas que se han perdido a lo largo de diecinueve años de
revolución bolivariana.
José
Ignacio Hernández G. es investigador visitante en el Centro de Desarrollo
Internacional de la Universidad de Harvard.
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