Redacciones Guayaquil y Ecuador 09 de abril de 2018
Hace
19 días venció el plazo para que los extranjeros legalicen su estatus
migratorio en el país, tras la disposición emitida por el Ministerio del
Interior el pasado 21 de febrero.
Esta
Cartera de Estado confirmó que, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica de Movilidad Humana y el Acuerdo Ministerial 0907 del 2018, los
controles a los ciudadanos extranjeros todavía no se inician en ninguna ciudad
del país.
Daysi
Gil dirige la agrupación 1 000 sonrisas para Venezuela, que da asistencia
humanitaria a los venezolanos que pasan por la terminal terrestre de Guayaquil.
Calcula que por allí transitan a diario cerca de 32 000 de sus compatriotas;
unos 2 000 se quedan en la ciudad.
Aunque
no ha escuchado de controles migratorios para revisión de documentos, Gil dice
que hay trabas para la regularización. Por quienes llegan a la terminal, conoce
que a algunos les sellan los pasaportes con permisos únicamente para 15 días.
“La
ley da hasta 90 días -aclara-. Ecuador no le ha dicho a los emigrantes que no
vengan, sino que le ha puesto una serie de trabas para que no se queden”,
asegura.
Gil
recibió a dos familiares, ingenieros. Ambos esperan estabilizarse en Guayaquil,
aunque la cita para la visa laboral está programada para dentro de seis meses.
“Es necesario que el Gobierno dé más facilidades para el trámite. En Perú, por
ejemplo, otorgan un permiso de trabajo mientras tramitan su visa”.
Las
deportaciones de ciudadanos de otros continentes es un tema que también
preocupa al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. En un
informe de esta entidad se recogen diez casos de cubanos, cameruneses,
ghaneses, sirios y de otros países en crisis humanitaria que solicitaron
refugio a Ecuador.
El
trámite les fue negado y fueron retenidos en salas de tránsito del aeropuerto
José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, donde esperaron por días su deportación.
Estos casos se registran desde 2014 y fueron analizados por el Comité contra la
Tortura.
Billy
Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Derechos Humanos en Ecuador, explica
que ese abordaje está a cargo del Ministerio del Interior y que no hay
información clara del número total de deportaciones.
“Estas
personas permanecen sin acceso a su equipaje. En los baños apenas hay lavabos,
ni siquiera pueden ducharse”, dice el secretario. Y afirma que la última
deportación fue de cameruneses, hace pocas semanas.
Navarrete
recuerda que hasta marzo del año pasado mantuvieron diálogos con el Ministerio
del Interior para establecer un protocolo con otras entidades como la
Cancillería, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. “Pero ese
proceso no terminó en nada. Quienes llegan deben tener, al menos, el legítimo
derecho a la defensa”.
Tomado
de: http://www.elcomercio.com/actualidad/preocupacion-migrantes-legalizacion-estatus-ecuador.html
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