ALONSO MOLEIRO 08 de abril de 2018
El
Gobierno de Venezuela emitió una resolución en la cual suspende las relaciones
económicas y financieras con Panamá por un plazo de 90 días. La decisión del
Ejecutivo comprende vetos específicos a 22 personas, incluyendo el presidente
panameño, Juan Carlos Varela, y a su vicepresidenta y canciller, Isabel de
Saint Maio, y 46 empresas.
Casi
inmediatamente, el Gobierno de Panamá ha respondido retirando a su embajador en
Caracas, Miguel Mejía, y ha solicitando al Ejecutivo venezolano que hiciera lo
mismo con su homólogo en Ciudad de Panamá, Jorge Durán.
La
cancillería panameña ha señalado en un comunicado que "tras analizar las
medidas de Venezuela, el Gobierno considera que se trata de una reacción
política que carece de sustento, y se adopta fuera del marco jurídico
internacional, adoptadas en represalia a las acciones anunciadas por
Panamá". El Ejecutivo promete “evaluar el impacto económico y comercial”
de las medidas de Venezuela, con el objeto de “identificar otras futuras
posibles acciones”.
Tras
la respuesta de Panamá se hace evidente una crisis que ha provocado que las
relaciones entre ambos países sean mínimas, a pesar del importante flujo
migratorio de venezolanos al país centroamericano.
La
suspensión de relaciones económicas se ha producido tras una resolución
conjunta emitida por los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior,
e Interior, Justicia y Paz, y han entrado en vigor, de acuerdo al comunicado
oficial, “para proteger el sistema financiero nacional”.
Entre
las compañías perjudicadas con los vetos hay muchas inversiones provenientes
del tránsito de capitales y personas entre ambos países, y resalta
particularmente la Compañía Panameña de Aviación, Copa, una de las pocas
aerolíneas internacionales que ha decidido continuar prestando servicios en
Venezuela, y una de las más usadas por la creciente cantidad de venezolanos que
ha emigrado a Panamá en estos años.
El
Gobierno de Maduro adeuda una altísima cantidad de dinero a varias aerolíneas
internacionales que no han podido repatriar sus utilidades después de efectuar
sus operaciones comerciales, a causa del enorme daño patrimonial producido por
la crisis cambiaria gestada entre los años 2012 y 2013. El impago del Gobierno
ha ocasionado que muchas de ellas hayan abandonado el país. Copa había decidido
continuar con sus operaciones, a pesar de los retrasos y el monto adeudado.
La
medida venezolana ha sido interpretada por analistas y observadores
diplomáticos como una respuesta política a las sanciones impuestas poco antes
por Panamá a Caracas, las primeras que se asumen desde América Latina, tomadas
después de que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza penalizaran
económica y diplomáticamente a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro por
casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y ruptura del orden constitucional.
En su declaración de principios, el propio ejecutivo venezolano invoca “el
principio de reciprocidad”.
El
Gobierno de Venezuela argumenta que el Poder Ciudadano de este país ha
determinado en sus investigaciones “el uso recurrente del sistema financiero
panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y
bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público”, y que tal cosa se
hace con el auxilio y la colaboración de ciudadanos panameños.
El
internacionalista Mariano De Alba opina que el anuncio del Gobierno de Maduro
es una respuesta que busca producir un efecto noticioso en medio de la grave
crisis que atraviesa este país, y que sólo redundará en un mayor aislamiento
para Caracas, con sus consecuencias sociales y económicas. Una altísima
cantidad de empresas y capitales venezolanos se han instalado en Panamá en
estos años, en la misma medida en que los efectos del chavismo los han ido
expulsando del país.
El
plazo de 90 días, agrega De Alba, servirá para que el Gobierno intente
plantearle una negociación a Panamá, que podría prolongarse de manera crónica
durante un buen tiempo.
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