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| Refugiados venezolanos abordan un avión de Brazilian Air Force para llegar a Manaos y San Pablo. |
Leandro Despouy 30 de agosto de 2018
La
desoladora imagen que proyecta al mundo el éxodo cotidiano de miles de
venezolanos empujados por la urgencia que imponen el miedo, el hambre y la
inseguridad generados en tantos años de totalitarismo, nos conmueve a todos e interpela a la comunidad
internacional.
Recientemente,
casi dos millones de venezolanos han partido y sus fronteras, en especial la de
Colombia, están atascadas por el creciente número de personas que se ven
impelidas a escapar de su país. Este fenómeno migratorio ya se ha convertido en
el mayor éxodo de la historia de Latinoamérica.
La larga agonía del régimen bolivariano se traduce en una escalada de
represión sobre quienes disienten con la postura oficial, mientras la
inexistente división de poderes del Estado se evidencia con la cooptación del
Tribunal Supremo de Justicia, la destitución de la Fiscal General y el accionar
autoritario de la Asamblea Nacional.
Maduro,
que cuenta con un fuerte y decidido apoyo de las fuerzas armadas, ha
intensificado los ataques a dirigentes y militantes opositores, violando las
libertades públicas e individuales,
sumando día a día nuevos presos políticos. El Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de la ONU pidió el cese inmediato de estas graves violaciones,
en particular, las detenciones sistemáticas y el juzgamiento de manifestantes
por tribunales militares. La voluntad
aislacionista del régimen de Maduro se ha acentuado: el país se retiró del
sistema regional de DDHH, fue apartado del MERCOSUR y abandonará la OEA. Las gestiones de políticos
y parlamentarios, los reclamos formulados en el mundo entero en ningún caso han
sido atendidos. Naciones Unidas no ha podido intervenir en ámbitos sensibles
como el humanitario, no obstante la urgencia de prestar asistencia a la
población.
De
allí la importancia de intensificar los esfuerzos de la comunidad internacional
en todos sus niveles, abarcando a los organismos de derechos humanos de alcance
universal, entre los que se incluye el Tribunal Penal Internacional que ha
decido abrir una investigación preliminar contra Maduro por crímenes de lesa
humanidad.
A
idéntica conclusión arribó el Panel de Expertos independientes designados por
el Secretario General de la OEA (entre los que figura el argentino Santiago
Cantón) al considerar en su Informe definitivo que los crímenes de asesinato,
encarcelación, tortura, persecución y desapariciones forzadas registrados en
Venezuela encuadran en lo establecido en el art 7 de Estatuto de Roma.
Frente
a medidas restrictivas de algunos países, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) recomienda a los Estados de la región el
respeto pleno de los estándares mínimos de derecho internacional, como son la
seguridad de una residencia legal, el acceso a los derechos básicos y la
garantía de no devolución. En ese sentido, ACNUR apoyó la decisión del gobierno
ecuatoriano de declarar el Estado de emergencia para atender a la migración
venezolana en las provincias de frontera con Colombia y Perú. La Argentina ha
otorgado residencia a 70 mil venezolanos ingresados desde 2016 y, aunque
Venezuela está apartada temporalmente del organismo, nuestro país les reconoce
las mismas condiciones que a los ciudadanos del MERCOSUR. Según Migraciones el
perfil medio del migrante venezolano es, en su mayoría, profesional, técnico o
personas con estudios universitarios que, en general, se incorporan al empleo formal.
Es la
primera vez que el flujo migratorio es de Venezuela hacia la Argentina. Hasta
hoy este fue inverso. Por ejemplo, luego de la Noche de los
Bastones Largos, el 29 de julio de 1966, cuando la dictadura de Onganía
violentó nuestras universidades y cientos de ilustres científicos y profesores
despedidos tomaron el camino del exilio, muchos fueron acogidos en Venezuela.
En los ‘70, cuando el Cono Sur estaba dominado por dictaduras, Venezuela,
México y países europeos dieron ejemplos de solidaridad internacional acogiendo
a centenares de exiliados entre los que se encontraban los argentinos Rodolfo
Terragno, Adolfo Gass, Manuel Sadosky. El caso de Hipólito Solari Yrigoyen
ilustra este comportamiento ya que fue el reclamo del presidente venezolano
Carlos Andrés Pérez el que permitió salvar su vida mientras se encontraba
secuestrado junto a Mario Abel Amaya en un centro clandestino de detención y,
más tarde, obtener su liberación y el otorgamiento de asilo político en aquel país.
Frente
al vertiginoso desarrollo de la crisis venezolana, la Argentina debe mantener
una activa presencia internacional, promover la adopción de medidas
eficaces tendientes a lograr el restablecimiento de la democracia y, al mismo
tiempo, fortalecer su política migratoria de apertura.
Se
trata de un imperativo ético, apoyado en los principios de solidaridad y de
nuestra tradición de asilo; es también una deuda de gratitud para con
Venezuela, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su
historia.
Leandro
Despouy es ex Auditor General de la Nación y ex presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas
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