Jesús Ollarves Irazábal 04 de agosto de 2018
El
pasado viernes 27 de abril, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith
Rowley, declaró durante una rueda de prensa que su gobierno decidió la
deportación de los 82 venezolanos que permanecían en un centro de detención de
inmigrantes en Puerto España porque Trinidad y Tobago no era China, Rusia o
Estados Unidos; que era una pequeña isla con espacio limitado y 1,3 millones de
habitantes. “No podemos y no permitiremos que los voceros de la ONU nos
conviertan en un campo de refugiados”, agregó.
Aunque
es una pequeña isla, Trinidad y Tobago forma parte de la sociedad internacional
y, por ello está sometida a las reglas de Derecho que rigen a la comunidad de
naciones. Una de esas reglas es la buena fe. Se trata de un principio
firmemente establecido por el Derecho Internacional, según el cual “todo
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena
fe”.
La
suscripción de convenios internacionales es una manifestación del ejercicio de
la soberanía de los Estados, y el cumplimiento de lo pactado no sólo compromete
el honor nacional sino que es la base de la convivencia civilizada entre las
distintas naciones. Por tal razón, este principio se ha consagrado en la norma
Pacta Sunt Servanda, recogida y aceptada como principio general de Derecho.
El
señor Rowley parece olvidar (o ignorar) que Trinidad y Tobago es signataria de
la Carta de la Organización de las Naciones Unidas desde el 18 de septiembre de
1962, y que dicho instrumento establece en el artículo 2.2 la obligación de
cumplir de buena fe las obligaciones contraidas por los signatarios de
conformidad con esta Carta.
El
señor Rowley debe tener en cuenta que Trinidad y Tobago también es Estado Parte
de la Convención sobre los Refugiados de 1951, la cual suscribió el 10 de
noviembre de 2000, y que en su artículo 33 establece la prohibición de
expulsión y de devolución (“non refoulement”).
El
principio de no devolución o non-refoulement es la piedra angular de la
protección internacional que requieren las personas refugiadas y de aquellas
que solicitan asilo. Es una medida efectiva para garantizar el ejercicio del
derecho a buscar y recibir asilo, y se erige como un componente integral de la
protección internacional que garantiza a las personas solicitantes de asilo y
refugiadas que ningún Estado Contratante (Trinidad y Tobago lo es) pueda
expulsarlos o devolverlos o ponerlos en modo alguno en las fronteras de los
territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones
políticas.
El
señor Rowley formuló sus lamentables comentarios luego de que el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) afirmara que
entre los deportados había solicitantes de asilo que se habían registrado y
recibido sus certificados de la ONU, por lo que no se les debería haber
permitido irse sin que la agencia verificara sus circunstancias.
Seguramente
la presidenta de Trinidad y Tobago, Paula Mae-Weekes, que es abogada egresada
de la Universidad de las Indias Occidentales, Cave Hill, sabe que la
declaración de Keith Rowley es un acto de naturaleza jurídica que implica el
desconocimiento del derecho internacional y el incumplimiento de obligaciones
internacionales asumidas por el Estado que representa, lo cual coloca a
Trinidad y Tobago en una situación de responsabilidad internacional, que tarde
o temprano será sancionada por los órganos de supervisión y control
correspondientes.
La
actitud del Señor Rowley contrasta con el aprovechamiento que ha hecho el
gobierno de Trinidad y Tobago de fondos, de dinero proveniente de Naciones
Unidas. Por ejemplo, recibió 15.000$ para ejecutar el proyecto “Construyendo un
Centro de Documentación Digital en la Comisión Nacional de Trinidad y Tobago
para la UNESCO”; 20.000$ para el “Foro sobre Inclusión Social, Diversidad y
Equidad de Género en Trinidad y Tobago”, 20.000$ para el “Segundo Taller
Nacional sobre la Convención del Patrimonio Mundial”, y 21.000$ para “el
Proyecto Global de Experimentos de Microscience de la UNESCO TT”.
Y
Trinidad y Tobago también se ha aprovechado de la “generosidad” del gobierno
venezolano; por ejemplo, de la creación de un fondo de 50 millones de dólares
para impulsar la explotación y comercialización de gas.
La
migración forzada de venezolanos a causa de la emergencia humanitaria compleja
en el país implica responsabilidades compartidas por los países de origen,
tránsito y destino. No basta que los
gobernantes de Venezuela y de Trinidad y Tobago insistan en negar el deterioro
de la institucionalidad y la miseria que obligan a los venezolanos a huir de su
país.
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