Gustavo Arias Retana 20 de octubre de 2018
Naciones
hospitalarias enfrentan grandes dificultades ante los miles de venezolanos que
dejan su país a diario.
Miles
de venezolanos emigran a países de Latinoamérica; escapan de la aguda
inestabilidad generada por el Gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con Eric
L. Olson, director adjunto del Programa de América Latina del Centro de
estudios Wilson, el éxodo ya está catalogado como la peor crisis migratoria en
la región durante los últimos 50 años. Varios países enfrentan los desafíos de
albergue, xenofobia y crimen organizado generados por la oleada masiva de
nuevos colonos.
Según
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2,3 millones de venezolanos viven
en el extranjero. De esa cifra 1,6 millones se han ido desde 2015, cuando la
crisis empeoró bajo el mandato de Maduro. El principal destino de la emigración
es Colombia, donde hay más de un millón de venezolanos, pero Perú, Chile,
Ecuador, Argentina, Panamá y Brasil también reciben flujos importantes de
personas.
El
éxodo no es nuevo, según explicó a Diálogo Rafael Uzcátegui, coordinador
general de la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación
Acción en Derechos Humanos. “Se ha intensificado durante los últimos meses por
los problemas económicos y sociales que vive el país”, aseguró.
“Las
razones por las cuales las personas se van de Venezuela no son solo políticas,
también la gente escapa de la inseguridad ciudadana y la crisis económica”,
aseguró Uzcátegui. “Se han dado cinco oleadas migratorias: la primera de
empresarios, la segunda de personas de clase media opositoras al Gobierno, la
tercera de perseguidos políticos, la cuarta de personas de los sectores
populares y la más reciente, bien particular, de exfuncionarios del oficialismo
y de personas que fueron entusiastas del chavismo”.
La
situación plantea en el resto de la región el desafío inmediato de hacerle
frente al cobijo de los venezolanos y asegurarles el acceso a condiciones
básicas de salud y protección. “Los países de la región han puesto en marcha
distintos mecanismos de regularización para los venezolanos emigrantes, que les
permiten tener acceso a los servicios básicos como salud, educación y trabajo”,
dijo a Diálogo Olga Sarrado, vocera en Venezuela de la Agencia de la ONU para
los Refugiados (ACNUR). “En este momento, más de 727 000 venezolanos cuentan
con un permiso que regulariza su estancia en el país de acogida. Desde 2014 más
de 336 000 venezolanos han solicitado la condición de [emigrantes] en el
mundo”.
Colombia,
Perú y Ecuador piden a los venezolanos pasaporte o un permiso especial para
entrar y permanecer en esos países. Chile y Panamá solicitan una visa que se
debe tramitar mediante un consulado y Brasil requiere solo una cédula de
identidad, pero ya las autoridades brasileñas han evaluado limitar el ingreso
de venezolanos.
Por su
parte, el Gobierno de Maduro niega que exista una emergencia y ha organizado
algunas repatriaciones con puesta en escena televisiva. A finales de agosto,
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Venezuela, declaró a la prensa que
la existencia de una crisis eran “fake news [noticias falsas] difundidas por
gobiernos xenofóbicos y racistas”.
Expuestos al crimen organizado
Sarrado
y Uzcátegui coinciden en que una de las preocupaciones más importantes que trae
la emigración de venezolanos a la región es que existen redes del crimen
organizado que se aprovechan de la crítica situación. Uzcátegui agregó que las
irregularidades se presentan desde la obtención de un pasaporte para salir del
país, ya que el mercado negro aprovecha las dificultades que existen para
conseguirlo por las vías formales. “Salir sin documentos dificulta la llegada a
cualquier país y hoy los venezolanos salen sin un pasaporte válido, porque
debido a la cadena de corrupción no se consiguen por los mecanismos regulares y
hay que comprarlos en el mercado negro por entre USD 800 a USD 1200”, dijo.
Una
vez que logran salir del país, ya sea con o sin pasaporte, el acecho de los
grupos organizados no se detiene. Sarrado explicó que ACNUR ha detectado redes
ligadas a la trata y la explotación sexual que se aprovechan de la condición de
vulnerabilidad de los emigrantes. “Los venezolanos, sobre todo aquellos que se
encuentran en situación irregular se exponen a grandes riesgos como la trata de
personas, la explotación sexual y laboral o al reclutamiento por parte de
grupos irregulares”, aseguró.
Xenofobia y tensión social
Otro
de los fenómenos que acompaña la diáspora venezolana es que su llegada a los
países anfitriones desencadena expresiones y acciones xenofóbicas. La discriminación
es notoria cuando el arribo se concentra en regiones que de por sí se
encuentran deprimidas por su economía.
Un
caso en particular se presentó en Brasil durante agosto de 2018. En el estado
fronterizo de Roraima, zona por donde ingresan la mayoría de venezolanos, se
produjo un ataque en contra de un campamento levantado por unos 2000
inmigrantes. La acción fue ejecutada por vecinos que afirmaban que un
comerciante brasileño había sido golpeado y robado por cuatro venezolanos.
Otro
ejemplo es Perú, donde se han multiplicado los casos de ofensas a venezolanos.
La muestra principal de rechazo es el uso, tanto en redes sociales como en las
calles, de sobrenombres despectivos para referirse a los emigrantes que llegan
al país andino.
“Han
sido respuestas que se han dado en situaciones similares, que se pueden mitigar
si existen políticas de acogida para estos emigrantes, y una comprensión del
por qué no pueden quedarse en sus países”, afirmó Uzcátegui. “Estos focos
pueden contenerse si hay la suficiente información al alcance del ciudadano
común sobre la gravedad de la emergencia humanitaria en Venezuela; información
que despierte los sentimientos de solidaridad. Pero también los gobiernos de
los países receptores deben ofrecer las garantías suficientes para que las
ventajas de la inclusión formal sean mayores que las de permanecer en condición
irregular, entre ellas la no devolución [de personas], documentos y el acceso a
educación, salud y trabajo”, finalizó.
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