MARÍA MARTÍN 27 de marzo de 2019
Más de 90.000 ciudadanos de Venezuela
residen en España y ya suponen más de un tercio de los solicitantes de asilo
El
Gobierno acaba de aprobar una instrucción para facilitar los procedimientos de
extranjería de los ciudadanos venezolanos que residen en España. La ley exige
documentos en vigor para iniciar numerosos trámites y la dificultad de los
venezolanos para renovar sus pasaportes en los consulados les impide enfrentar
la burocracia más básica. La nueva orden permite que puedan presentarse ante la
Administración con un pasaporte que no esté en vigor para resolver
procedimientos como la renovación de su estancia por estudios, la autorización
de residencia no lucrativa o la reagrupación familiar.
A 1 de
enero de 2018 había 91.228 venezolanos residiendo en España, según el INE, un
número que prácticamente se ha duplicado desde 2014 coincidiendo con la crisis
económica y política que atraviesa el país sudamericano. Los venezolanos son
también los principales solicitantes de asilo en España y sus expedientes
suponen el 36% de las 55.668 demandas realizadas el año pasado. El plazo de
aplicación de esta flexibilización se mantendrá mientras “subsistan las
circunstancias extraordinarias” que la han motivado, indica la instrucción.
“La
imposibilidad de solicitar una autorización o sus renovación con un pasaporte
caducado está generando entre los ciudadanos de nacionalidad venezolana una
suerte de irregularidad sobrevenida puesto que, en la práctica, les está siendo
imposible acceder a estos procedimientos debido a que no pueden renovar su
pasaporte a través de los servicios consulares de su país”, mantiene el
documento firmado por el Director General de Migraciones, José Alarcón, y el
Comisario General de Extranjería y Fronteras, Juan Enrique Taborda.
La
instrucción sigue la línea de una sentencia de junio de 2018 de la Audiencia
Nacional en la que se establece un cambio de criterio para abordar la inacción
del gobierno venezolano ante sus nacionales. La sentencia tiene en cuenta una
recomendación de Acnur en la que se insta a los Estados a que garanticen a los
venezolanos los mecanismos migratorios laborales para que no se vean forzados a
retornar a Venezuela. Ni la presencia irregular ni la falta de documentos de
identidad deben ser vistos como una razón válida para denegar el acceso a la
residencia legal. El Defensor del Pueblo también emitió una recomendación en
diciembre de 2018 para la Comisaría General buscara distintas alternativas para
que los ciudadanos venezolanos pudiesen renovar sus autorizaciones de trabajo y
residencia aunque no tuviesen el pasaporte en vigor.
El
Gobierno ha tenido otros gestos ante la llegada de venezolanos. El Ministerio
del Interior anunció en enero que los venezolanos que vean su solicitud de asilo
denegada podrán optar a un permiso temporal de residencia por cuestiones
humanitarias. Esta medida beneficiará en una primera fase a 400 venezolanos,
según datos de Interior.
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