AFP 28 de abril de 2019
Las sanciones petroleras de Estados Unidos
contra Venezuela entraron en vigor este domingo, en un momento en que se
agudiza la crisis en el país donde el gobierno de Nicolás Maduro está en pugna
con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por una
cincuentena de países.
Las
restricciones a la compra de crudo de la petrolera estatal PDVSA que entraron
en vigor a las 00H01 hora local (04H01 GMT) forman parte de una batería de
sanciones que Estados Unidos ha impuesto, que tocan al propio Maduro, pero
también a instituciones políticas y financieras en el marco de su campaña de
apoyo a Guaidó.
El
viernes, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, prosiguió con
su tenaz estrategia tocando al jefe de la diplomacia de Caracas, Jorge Arreaza.
Ambos
países rompieron relaciones diplomáticas después de que Estados Unidos
reconociera a Guaidó, jefe del Parlamento, por considerar que el segundo
mandato de Maduro, que comenzó el 10 de enero, es ilegítimo.
El
sábado Guaidó advirtió a los militares que la espera para recibir su apoyo “no
puede ser eterna”, mientras que el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello
celebraba con un mitin la llegada del plazo para la salida del país de la
Organización de Estados Americanos (OEA), después de que Caracas anunciara su
retiro.
“¡OEA,
pa’l carajo! La OEA se ha convertido en una letrina del imperialismo”, denunció
Cabello, después de que el foro regional decidió aceptar a un representante de
Guaidó, que ahora ocupa el puesto de Venezuela.
Actualmente,
el enfrentamiento entre los dos países se juega incluso en territorio
estadounidense, con la pugna por quién debe ocupar la embajada de Venezuela en
Washington, actualmente tomada por activistas favorables Maduro.
“El 28
marca la entrada en vigencia de las sanciones, sin embargo, desde que fueron
anunciadas, la realidad es que el comercio petrolero entre Estados Unidos y
Venezuela ha estado absolutamente limitado, ha caído abruptamente”,
explicó a la AFP Mariano de Alba, experto en Derecho Internacional con sede en
Washington.
Antes
de las sanciones anunciadas en enero, Venezuela exportaba 500.000 barriles de
petróleo ultra pesado a Estados Unidos, donde operaba Citgo, una filial de
PDVSA cuyas cuentas quedaron bloqueadas para entregarle el mando de sus
finanzas a Guaidó.
Para
de Alba, si todavía quedaba alguna operación entre PDVSA y cualquier empresa
estadounidense o con compañías que utilicen el sistema financiero de Estados
Unidos, “a partir del 28 no cabe duda de que las sanciones están en
vigencia y cualquier compañía asume unos riesgos mayores de lo que asumiría
antes de esa fecha”.
En busca de nuevos compradores
El
petróleo es el pulmón de la alicaída economía venezolana, a la que aporta el
96% de los ingresos.
Con la
caída de producción, estas entradas de caja están en descenso en un momento en
que el país ya atraviesa una crisis sin precedentes, con una hiperinflación
prevista por el FMI de 10.000.000% este año y una escasez de bienes básicos que
ha provocado la migración de más de 2,7 millones de personas desde 2015, según
la ONU
Una
consecuencia clave de las sanciones es que Caracas tiene que encontrar quién le
provea diluyentes para refinar su petróleo, lo que aumenta sus costos de
producción.
La
consultora Rapidan Energy Group, basada en Estados Unidos, calcula en un
informe que la producción de la estatal PDVSA podría perder temporalmente unos
200.000 barriles por día. El bombeo, que era de 3,2 millones de barriles
diarios en 2008, bajó a unos 840.000 en marzo pasado.
Para
eludir la sanción de Estados Unidos, el gobierno venezolano se ha volcado hacia
India, China y Rusia, aunque las inminentes penalizaciones han ahuyentado a
muchas empresa indias.
Un castigo colectivo
“Las
sanciones han inflingido, y cada vez inflingen más, daños muy serios a la vida
humana y a la salud, incluyendo un estimado de 40.000 muertes entre 2017 y
2018”, determinaron Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, en un estudio
publicado esta semana por el centro de estudios progresista CEPR, con sede en
Washington.
Para
estos expertos, que pronostican una caída de los ingresos procedentes del
petróleo de un 67% en 2019, las sanciones entran en la definición de un “castigo
colectivo contra la población civil”.
Según
la ONU, siete millones de venezolanos (24% de la población) tienen necesidades
prioritarias urgentes de asistencia y protección y un 22% de los menores de cinco
años sufren desnutrición crónica.
Las
sanciones de Estados Unidos comenzaron en diciembre de 2014, durante el
gobierno de Barack Obama con una ley que apunta a personas responsables de
violaciones de los derechos humanos en el país caribeño.
En
julio de 2017, ya bajo el gobierno de Trump, el Tesoro sancionó a Maduro, días
después de la celebración de elecciones para una Asamblea Nacional
Constituyente con miras a imponer lo que denominó “un régimen
autoritario”.
Maduro
ubica en 30.000 millones de dólares los daños de las sanciones a la economía
venezolana, pero Washington sostiene que el colapso del país con las mayores
reservas de crudo es fruto de la “corrupción y el mal gobierno”.
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