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| Devastación y contaminación en una mina del estado Bolívar en las cercanías del rio Cuyuní |
Jorge Benezra 18 de agosto de 2019
@JorgeBenezra
Denuncian que el Gobierno venezolano con
la ayuda de China, Rusia y Turquía son los dueños de las nuevas plantas
procesadoras que ingresan más de 5.000 millones de dólares al año
«Venezuela
se va a convertir en la segunda reserva de oro más grande del mundo». Las
palabras son de Nicolás Maduro del pasado mes de noviembre cuando sumó otra
promesa más a la kilométrica lista de incumplidos del régimen para intentar
recuperar el bienestar económico del país. El «plan oro» se llamó
inicialmente al desfalco de la nación ordenada por el Gobierno que
daría ingresos de más de 5.000 millones de dólares anuales con
la puesta en marcha de 54 plantas procesadoras de minerales.
El
Arco Minero del Orinoco, un gigantesco proyecto que abarca caso el 12% del
territorio nacional- duplicando la faja petrolofera del Orinoco-, sería la
fuente inagotable de Maduro (7.000 toneladas de reserva) y sus aliados para la
explotación de oro, diamantes, coltán, hierro, bauxita, entre otros minerales preciosos.
El proyecto se extendió a 150 empresas mixtas de capital nacional y extranjero principalmente
chinas, turcas y rusas para fortalecer las relaciones con el gobierno
bolivariano.
“Al
principio la idea del Arco Minero era bonita, pero cambió con la llegada de
empresas contratistas acostumbradas a estructura corrupta de la estatal Petróleos
de Venezuela(PDVSA), quienes están intentando monopolizar la industria minera.
Todos estos señores son militares
retirados o civiles relacionados con el alto gobierno. Solo una o dos empresas
son de familias tradicionales reconocidas de toda la vida”, dice un empresario
minero, con más de 35 años en el negocio, que no quiere ser identificado.
La
minería se ha transformado en la nueva maquinaria de corrupción del Gobierno y
la única manera de sobrevivir de muchos que se convierten prácticamente en
esclavos del sistema. «Es el salvavidas financiero para el país, pero lleno de
trampas y de conflictos», añade.
El
modelo de negocio lo encarna un grupo de inversionistas privados asentados
principalmente en el sector Nacupay de El Callao donde ha sido creado hace un
año el Complejo Industrial Aurífero Domingo Sifontes, que preside Eduardo
Ribas, un nuevo mecenas del oro vinculado a la familia presidencial
Maduro-Flores. Esta mega estructura industrial está compuesta por 12 molinos
con capacidad de producción diaria de alrededor de 2.400 toneladas que se
traducen entre 50 y 80 kilos de oro mensual. Estas plantas operan como
procesadoras del material bruto extraído y recuperan el oro mediante cianuración,
que en teoría tiene menor impacto ambiental.
En
cambio, los informales (mineros artesanales) solo sacan el 20% cuando lo
extraen con sus propias manos. Para separar la tierra del oro aplican mercurio
en un proceso sumamente largo y contaminante.
Crimen ecológico
Los
nativos del estado Bolívar, ubicado al sur de Venezuela, están completamente en
contra de la minería. En esta región actualmente se perpetra «el mayor crimen
ecológico de la historia», según han denunciado diputados de oposición. De
hecho, la Asamblea Nacional derogó el año pasado el decreto firmado por Maduro
mediante el cual se crea el Arco Minero. Desde entonces, allí se escenifican
guerras entre distintas mafias, nacionales y extranjeras, así como grupos
paramilitares como el ELN que buscan hacerse del control de la explotación.
A los
empresarios en alianza con el Estado, se les permite procesar lo que se conoce
como material secundario, es decir, todas las arenas auríferas sobrantes
acumuladas por décadas de los molinos legales o ilegales que ya han sido
manipulados. Las empresas fuera del complejo son supervisadas rigurosamente por
un ente denominado Oficina de Fiscalización Minera, la cual emite una ruta de
movilizacion para el traslado de las barras de oro desde las instalaciones de las
empresas hasta el centro de acopio. Asimismo, supervisan las fundiciones
semanales. Sin embargo, el empresario señala que se desconoce qué ocurre en el
Complejo Domingo Sifontes «nadie sabe en realidad cómo, para dónde y cuánto
llega realmente a las arcas del Estado venezolano».
Los pueblos mineros
Entrar
en cualquiera de los estados fronterizos de Venezuela es extremadamente
complicado. Son obstáculos como la falta de combustible, dinero en efectivo y
el coste de cualquier bien o servicio es excesivo. A unas quince horas en coche
desde Caracas, se encuentra la población de El Callao, el principal centro de
compra y venta del país, donde empezó la primera fiebre del oro en 1870. Es
difícil imaginar que una localidad tan recóndita y pequeña pueda ser tan
transitada, convulsionada como un mercado persa que según los datos oficiales
tiene unos 21.769 habitantes.
Sus
calles estan atestadas de gente y polvo constante del transitar de camiones.
Los negocios sucios abundan y la violencia campea a pesar de que el pueblo está
militarizado. «Nosotros nos vinimos para aquí porque era imposible migrar con
mis tres hijos, mi mamá y mi esposo. La vida nos cambió, pasamos de ser
profesionales con cierta calidad de vida a convertirnos en mineros obligados
por un Gobierno al que se le olvidó su pueblo», critica Carmen Julia Solorzano,
una administradora que diriamente se interna con su familia en alguna «bulla»
-como se le conoce popularmente a las zonas donde se encuentran grandes vetas
de oro-.
La
mujer de 35 años dice que hay toda una cadena de corrupción en el que cohabitan
los grupos armados con los militares. Minas donde se controla todo lo que entra
y sale, donde se tiene que pagar porcentajes por cualquier actividad realizada.
«Nada es gratis y siempre está involucrado un uniformado (militar) con sus
intereses particulares», dijo.
La carretera dorada
La
anarquia reinante en todo el Arco Minero ha hecho que el negocio de la fuga del
oro haya evolucionado abriendo nuevas rutas de contrabando por sus porosas
fronteras con Guyana, Brasil y Colombia con las mafias usando mulas humanas,
lanchas, carros blindados y avionetas para evadirse de cualquier dispositivo
que los capture. Curiosamente el estado Bolivar ha sido gobernada desde la
llegada del chavismo por generales.
Un
sargento del Ejército cuenta que le ha tocado supervisar la troncal 10, la
«carretera dorada» como la llama, porque por allí pasan a diario toneladas de
oro que su destino es desconocido. «El oro lo trasladan en camionetas de lujo
blindadas, sin identificación, custodiados por la Dirección de Inteligencia
Militar (Dgcim) y nunca van por el mismo camino», aseguró. De ahí se dirigen al
aeropuerto que les indican, como el de Guasipati, donde según el sargento
llegan a diario cinco o seis vuelos privados que luego pueden tomar la ruta
hacia Aruba, Curazao, Domicana o Puerto Rico.
Una de
las más recientes incautaciones fue el pasado 14 de julio por el departamento
de aduanas de la isla de Saint Marten, que descubrió una importante cantidad de
lingotes de oro en un avión privado procedente de Venezuela
En el
mes de marzo el Departamento del Tesoro sancionó a la empresa estatal de
minería de Venezuela, (Minerven) argumentando que: «La minería y la posterior
venta de oro han sido una de las estrategias financieras más lucrativas del
régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han
extraído oro en minas improvisadas y peligrosas en el sur de Venezuela, todas
controladas por el ejército venezolano».
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