ACNUR 04 de septiembre de 2019
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Muchos
refugiados y migrantes venezolanos en Colombia están estudiando en el país
vecino. Sin embargo, sin documentos oficiales de sus estudios anteriores—que
son casi imposibles de obtener en Venezuela hoy en día—alumnos venezolanos en
Colombia pueden verse imposibilitados de inscribirse en los exámenes para
entrar a la facultad, poniendo así en riesgo sus futuros.
Daniela Puente siempre soñaba en ser médica.
En su cuarto año de la facultad, estaba muy cerca de
la meta. Pero justo en ese momento, la crisis en Venezuela se puso crítica.
Su vida se volvió un caos, y como 4,2 millones de sus
compatriotas, Daniela se tuvo que marchar del país. Y ahora, ese futuro que
tenía tan claro desde su infancia se ha vuelto turbio e incierto.
El sueño de ser médica comenzó a esfumarse cuando
cursaba su penúltimo año de la facultad de medicina en Mérida, su ciudad natal
en la región occidental de Venezuela.
De repente, la cantina universitaria dejó de servir
los desayunos de siempre. En vez de los huevos, las arepas, las panquecas y la
fruta que siempre les había brindado a los estudiantes, la cafetería comenzó a
repartirles vasos de leche tibia.
Para Daniela, estos vasos de leche se volvieron un
símbolo de la crisis que había convertido su facultad en un pueblo
fantasma—desertada tanto por los estudiantes como por los profesores, que huían
del país—y empobrecido a su familia, que antiguamente había llevado una vida de
clase media.
“Mi familia es lo más precioso que tengo en la vida,
entonces sabía que tenía que sacrificar mis sueños para que ellos
sobrevivieran”, dijo Daniela, de 22 años.
Marcharse implicaba dejar la carrera para la cual
había hecho tantos sacrificios, compaginando los estudios con un trabajo a
tiempo parcial como una mesera durante sus años en la facultad de medicina.
Daniela pensaba que si lograba establecerse en Colombia, a lo mejor podría
inscribirse en una facultad colombiana para cursar las pocas materias que le
faltaban para terminar su título y, por fin, convertirse en médico.
En febrero de 2018, Daniela consiguió salir de
Venezuela. Gastó todos sus ahorros en el pasaje del autobús a Bogotá y llegó a
la capital colombiana con 10.000 pesos, o US$3, en el bolsillo.
Se dio cuenta casi de inmediato que su plan no iba a
funcionar. En Colombia, las facultades públicas le pedían una visa de
estudiante, su diploma de la escuela secundaria y los transcritos
autenticados—documentos oficiales que son casi imposibles de obtener en la
Venezuela actual. Las facultades privadas, más flexibles en cuanto a la
documentación exigida, resultaban imposiblemente caras.
Problemas como los que enfrenta Daniela son
trágicamente comunes entre los más de 4 millones de venezolanos que se han
visto obligados a salir de país, huyendo de la inestabilidad económica y la
crisis de seguridad pública y el colapso del sistema de salud.
Un informe de ACNUR, basado en entrevistas con casi
8.000 venezolanos que han salido del país, sugiere que menos que la mitad de
los niños venezolanos que viven en el extranjero están inscritos en la escuela.
Entre las explicaciones de esta tasa desalentadoramente baja están “la falta de
documentos, cupos limitados en las escuelas públicas y una escasez de recursos
para pagar la matrícula”.
En Colombia, el país con el mayor número de refugiados
y migrantes venezolanos, las autoridades han tomado algunas medidas para
mejorar la situación. Algunas escuelas primarias y secundarias han adoptado la
política de inscribir a todos los niños venezolanos, sin tener en cuenta su
documentación o su estatus legal en el país. En el distrito de Bogotá, por
ejemplo, el número de niños inscritos en las escuelas públicas ha disparado,
subiendo más del 600 por ciento, de 3.800 alumnos venezolanos en agosto del
2018 a 23.000 en mayo del 2019.
Pero aunque representen un buen comienzo, iniciativas
como ésta no lo resuelven todo. Sin documentación, los alumnos venezolanos en
Colombia todavía no pueden hacer el examen para entrar a la facultad, y tampoco
se les otorgan los títulos oficiales.
Son éstos los obstáculos a los que se enfrenta Andrea
González, una brillante alumna de 17 que huyó de Venezuela, junto con su
familia, a comienzos de su último año de la escuela secundaria. La familia echó
raíces en la ciudad colombiana de Cúcuta, que queda cerca de la frontera con
Venezuela y se ha convertido en uno de los mayores puntos de entrada para
venezolanos en busca de seguridad en el extranjero. Inmediatamente después de
encontrar una casa, Andrea y su familia empezaron a hacer campaña con el
director de la escuela pública más cercana para que le dejara inscribirse. Como
Daniela, la estudiante de medicina, Andrea tampoco tenía la documentación
exigida.
Pero fueron persistentes y el director acabó por
ceder—aunque la colocó en una clase del noveno año, dos años atrás del nivel en
el que había estado en Venezuela.
Impertérrita, Andrea dijo que decidió interpretarlo al
revés no como un retroceso, sino más bien como “una oportunidad para aprender
más y refinar sus conocimientos”. Ahora en el décimo año, Andrea es la mejor
alumna de su clase. Sueña con entrar a la facultad.
Pero a no ser que cambie la ley en breve, Andrea no
podrá hacer el examen de entrada por culpa de su estatus legal en Colombia. Y
sin el examen, no podrá acceder a ninguna facultad en Colombia.
Aun así, ella permanece optimista.
“Estoy convencida que las cosas cambiarán a tiempo y
que la facultad me brindará la oportunidad de hacer el máximo de mi vida”, dijo
Andrea.
Daniela también tiene esperanza. Actualmente trabaja
como mesera en un restaurante en Bogotá, ganando un poco más que el salario
mínimo de US$250 al mes—la mayor parte de lo cual remete a su familia en
Venezuela.
“Somos tantos jóvenes que hemos tenido que abandonar
nuestros sueños”, dijo. “Pero yo sé que un día voy a conseguir ser médico. No
sé cuándo y no sé cómo, pero sé que va a suceder”.
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