EFE 17 de octubre de 2019
Las
asociaciones de venezolanos en Ecuador exigen a la ministra de Gobierno, María
Paula Romo, una disculpa pública por las detenciones arbitrarias de
compatriotas en medio de las protestas sociales que vivió el país y por exponer
con ello a esta comunidad emigrante a actos de xenofobia
La
responsable anunció hace una semana la detención de 17 detenidos, en su mayoría
venezolanos, a los que se sumaban un ecuatoriano y otro cubano, por
supuestamente tener en su poder información sobre los movimientos del
presidente, Lenín Moreno.
Quince
de los detenidos fueron puestos en libertad un día después del arresto, que se
produjo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la
capital, al no encontrarse pruebas en su contra.
Sin
embargo, aún quedan dos detenidos de nacionalidad venezolana, además del
ecuatoriano y el cubano, a la espera de una audiencia el próximo lunes en la
Unidad de Flagrancia de Quito, en la que se determinará si son procesados por
el delito de asociación ilícita.
De
acuerdo a Eduardo Febres, representante de la fundación Venezolanos en Ecuador
(Funvex), los cuatro detenidos son trabajadores de Uber y se los encontró en un
carro jugando cartas y esperando que lleguen las carreras de la vecina
terminal.
Estas
detenciones, que son tachadas de arbitrarias tanto por las asociaciones
venezolanas, como por familiares de los detenidos, han provocado indignación
entre la comunidad emigrante que considera que cada vez que el Gobierno se
encuentra en una situación comprometida apunta al colectivo ya de por sí
vulnerable.
Y
es que en enero pasado, el femicidio de una gestante en plena calle a manos de
un venezolano en Ibarra, llevó al Gobierno a adoptar la solicitud de documentos
apostillados y vehementes declaraciones que condujeron a actos de xenofobia en
varios puntos de Ecuador, donde residen unos 400.000 venezolanos.
Simón
Revilla, hermano de uno de los detenidos que fue puesto en libertad, Luis
Miguel Gómez del Moral, explicó que este lleva tres años en el país donde trabaja
para Uber y Cabify, con sus papeles en regla y un hijo nacido en Quito.
“Le
acusaron de conspiración y de tener un croquis y fotos del avión
(presidencial), pero ninguno de los tres que conozco estaba metido con eso”,
defiende el hermano.
Argumenta
que el caso se dio porque querían desviar el problema que estaba pasando, por
lo que usaron a los venezolanos como carnada.
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