ANGUS BERWICK y SARAH KINOSIAN 18 de noviembre
de 2019
Reuters
investigó 20 asesinatos cometidos por una fuerza policial cada vez más conocida
por ejecuciones sumarias en barrios pobres de Venezuela. Abundan las
disparidades entre las versiones de la policía y las de los testigos, las
familias de las víctimas y los certificados de defunción.
Antes
del amanecer del 8 de enero, varias decenas de policías se desplegaron por las
calles del Barrio Kennedy, una empobrecida zona situada en una ladera que rodea
la violenta capital de Venezuela.
Algunos
agentes fueron recibidos a tiros por delincuentes. Respondieron al fuego,
hiriendo a cinco jóvenes. Los cinco fueron llevados al hospital, pero
terminaron falleciendo por la gravedad de sus heridas.
Esa
fue, al menos, la versión oficial detallada al día siguiente en un comunicado
de la unidad de élite que realizó la operación, las Fuerzas de Acciones
Especiales de la Policía Nacional de Venezuela.
La
versión del comando difiere de la de cinco testigos reunidos por Reuters. Los
testimonios aseguran que la policía mató a una de las víctimas, pero no en una
balacera en la calle, sino dentro de su casa.
La
versión oficial también se contradice con un video de esa víctima, unas
imágenes a las que tuvo acceso Reuters y que son reportadas aquí por primera
vez. El material fue obtenido por investigadores de la Asamblea Nacional,
controlada por la oposición venezolana.
La
grabación de 82 segundos muestra a un hombre sin camisa y desarmado en un
depósito dentro de su casa, al tiempo que es interrogado por los policías sobre
el robo de un auto en las cercanías, mientras suplica por su vida.
“Hermano”,
dice José Arévalo, de 29 años, trabajador de una tienda que cumplió una condena
por robo a mediados de esta década y desde entonces evitó más problemas. “No me
vayas a matar”.
“Si
tú colaboras, te vas a ir”, responde un agente no identificado, de uniforme
negro y pasamontañas. “Si no, te vas a morir”.
El
video fue grabado en los últimos minutos de vida de Arévalo, dijo su novia a
Reuters.
Según
afirmó, la pareja estaba en casa con sus dos hijos cuando irrumpieron unos 15
uniformados y una persona no identificada con ropa civil.
A
ella la sacaron de la casa con los niños. Hablando bajo condición de anonimato,
la novia de Arévalo dijo creer que el video fue filmado por una de esas
personas, todas desconocidas para ella, una vez que estuvo afuera de la casa.
Desde
la calle escuchó cómo Arévalo era golpeado, señaló. Minutos después, escuchó
disparos. Vio a los agentes sacar a Arévalo de la casa, aparentemente muerto y
completamente vestido.
Luego,
la policía acribilló a balazos las paredes de la casa, haciendo parecer que se
había producido un tiroteo. Justo antes de partir, robaron un cartón de huevos
y la bicicleta de sus hijos, indicó.
“Si
mi hijo había cometido algún delito, ellos tenían que llevarlo a un tribunal e
imputarle”, dijo Zuleica Pérez, la madre de Arévalo y encargada de identificar
más tarde el cadáver en la morgue. “En cambio, decidieron ajusticiarlo”.
El
relato que hizo la novia fue corroborado por otros cuatro testigos que estaban
en el lugar de los hechos. El caso es uno de los 20 que Reuters documentó en
todo el país y en los que testigos han descrito ejecuciones extrajudiciales a
manos de las Fuerzas de Acciones Especiales o FAES, como es conocida por sus
siglas en español.
El
comisionado jefe de FAES, José Domínguez, se negó a hablar sobre la muerte de
Arévalo y los otros casos mencionados en esta historia. Ni el Ministerio del
Interior ni el de Información respondieron a las solicitudes de comentarios
sobre las detalladas descripciones de los hallazgos de este artículo.
El
grupo FAES ha sido acusado por la oposición política, las Naciones Unidas y
venezolanos de clase trabajadora de realizar ejecuciones extrajudiciales en
nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En
julio, un informe de la ONU denunció las “ejecuciones” del escuadrón FAES y
pidió a Maduro que disolviera el grupo. El informe no detalla casos específicos
de abuso ni identifica a ninguna de las personas asesinadas.
Maduro
calificó el informe de “parcial” y en un discurso televisado a nivel nacional
gritó desafiante: “¡Que viva el FAES!”.
Durante
meses, Reuters, otros medios, agencias internacionales y grupos de derechos
humanos han informado sobre acusaciones en torno al grupo FAES.
Ahora,
después de una investigación de cuatro meses, Reuters contrasta los relatos de
decenas de testigos, familiares de los fallecidos y documentos oficiales
relacionados con las muertes con las afirmaciones del escuadrón de que sus
oficiales dispararon sólo después de ser atacados.
La
investigación proporciona el más amplio recuento hasta la fecha sobre los
métodos utilizados por esa fuerza especial para eliminar cualquier amenaza que
el gobierno de Maduro perciba.
Este
retrato del grupo FAES, una fuerza de unos 1.500 agentes, complementa reportes
anteriores en los que Reuters examinó otros contundentes mecanismos utilizados
por Maduro para controlar a su empobrecida población: desde un abultado cuadro
de fieles militares de alto rango hasta un servicio de inteligencia especial
creado con la ayuda de asesores de seguridad importados de Cuba.
El
grupo FAES es una herramienta diseñada por el propio Maduro.
La
creó en julio de 2017, cuando enfrentó un aumento de una delincuencia violenta
por el colapso de la economía petrolera de Venezuela. La fuerza fue
promocionada por las autoridades como un medio para detener la ola de
criminalidad.
En
cambio, según políticos de la oposición y expartidarios de Maduro, el escuadrón
FAES se convirtió en un medio de control social en los barrios pobres del país,
sacudidos por una crisis alimentaria y el desempleo, donde las redes criminales
podrían provocar agitación y amenazar la hegemonía del gobierno.
El
objetivo, en palabras de un exmiembro del gobierno de Maduro, es infundir miedo
y evitar que las calles de Venezuela engendren una nueva oposición
política.
“Maduro
lo usa cuando necesita un cuerpo que esté a su orden totalmente y que ejerza
cualquier atropello, cualquier barbaridad o abuso”, dijo Zair Mundaray,
exasistente de la Fiscalía General, quien abandonó Venezuela después de haberse
distanciado de Maduro hace dos años.
Testimonios
en conflicto
El
escuadrón FAES, una fuerza especial de la Policía Nacional de Venezuela, ha
matado a miles de personas desde que el presidente Nicolás Maduro lo creó en
julio de 2017. Si bien la fuerza a menudo afirma que las víctimas murieron tras
atacar a sus oficiales, las declaraciones de testigos, familiares y los
certificados de defunción contradicen al grupo FAES que afirma que los
fallecidos se resistían al arresto.
José Arévalo, 29
8 de enero, 2019
Caracas, Distrito Capital
|
VERSIÓN POLICIAL
|
VERSIÓN FAMILIAR
|
|
Arévalo, junto con otros
cuatro sospechosos, abrió fuego contra la policía que
patrullaba una zona residencial en el Barrio Kennedy. Fue herido en el
tiroteo. Oficiales del escuadrón FAES lo transportaron a un hospital,
donde murió poco después por heridas de balas en el pecho. La policía
afirmó que era parte de una banda de narcotraficantes y asesinos.
|
Arévalo estaba dormido en
casa con su novia cuando los oficiales de FAES allanaron la vivienda. Los
oficiales arrastraron a la mujer fuera de la casa, dejando solo a
Arévalo adentro. Los oficiales lo interrogaron antes de ejecutarlo con disparos
en el pecho. La policía acribilló las paredes a balas para hacer
ver que se produjo un tiroteo y luego robó objetos de la casa.
|
Luis Ramos, 29
24 de enero, 2019
Carora, Lara
|
VERSIÓN POLICIAL
|
VERSIÓN FAMILIAR
|
|
Durante una patrulla en el
área de Calicanto, los oficiales de la fuerza FAES vieron a Ramos con una
pistola y le ordenaron que se detuviera. Se resistió al arresto, corrió
hacia una casa cercana y abrió fuego. Los oficiales lo llevaron a un
hospital, donde murió de un disparo en el pecho. Las autoridades
estatales dijeron que era un líder de una pandilla que planeaba atacar al
gobierno.
|
Durante las protestas en
Carora el 23 de enero, circuló un mensaje anónimo de Whatsapp alegando que
Ramos y otros "líderes de pandillas" planearon atacar a las
autoridades locales. Un segundo mensaje dijo más tarde que el primero era una
broma. Al día siguiente, los agentes de FAES allanaron su casa, sacaron
a familiares de la casa y torturaron y ejecutaron a Ramos. Los
oficiales acribillaron una pared a tiros y saquearon la casa.
|
Anderson
Torres, 18, Jose Alfredo Torres, 27, y Cristian Ramos, 18
25 de enero, 2019
El Tocuyo, Lara
|
VERSIÓN POLICIAL
|
VERSIÓN FAMILIAR
|
|
A las 4:30 de la madrugada,
los tres hombres abrieron fuego contra los oficiales de FAES en El
Bosque. Fueron heridos en el tiroteo y los oficiales los llevaron a un
hospital. Los hombres murieron por disparos en el pecho. Las autoridades
estatales luego los acusaron de ser delincuentes que habían intentado,
durante una protesta días antes, incendiar la residencia de la alcaldesa.
|
A media tarde, los oficiales
de FAES allanaron la casa de los hermanos Torres, sacaron a sus padres y
agarraron a Ramos, que pasaba caminando. Los oficiales golpearon a los tres
hombres con un tubo de metal y los ejecutaron con disparos en el pecho.
Las familias negaron que los hombres hubieran asistido a la protesta. Después
de los disparos, los oficiales se quedaron durante horas en la casa, la
saquearon y se comieron la comida de la familia.
|
Morel Campos, 27
16 de abril, 2019
Altagracia de Orituco, Guárico
|
VERSIÓN POLICIAL
|
VERSIÓN FAMILIAR
|
|
Temprano el 17 de abril, los
oficiales del grupo FAES dispararon a Campos después de que él abrió
fuego contra ellos. Los oficiales lo transportaron a un hospital en
cuestión de minutos, pero murió segundos después. La policía confiscó dos
escopetas.
|
El 16 de abril, decenas de
oficiales de FAES irrumpieron en un festival callejero realizado para
recaudar dinero para una iglesia local. Los oficiales agarraron a Campos y lo
arrastraron lejos. Su familia más tarde encontró su cuerpo, con un disparo
en el pecho, en la morgue. El FAES robó el celular que llevaba Campos.
|
Jor-Rafer Nares, 25
5 de agosto, 2019
San Rafael de Orituco, Guárico
|
VERSIÓN POLICIAL
|
VERSIÓN FAMILIAR
|
|
Nares comenzó a
disparar a los oficiales de FAES que patrullaban en el área de Peña de
Mota, de Altagracia de Orituco. Los oficiales le dispararon en el pecho
durante el enfrentamiento y lo transportaron a un hospital, donde murió
minutos después. La policía confiscó dos escopetas.
|
Nares caminaba a su casa en
San Rafael, una ciudad al sur de Altagracia, cuando los oficiales en un
vehículo del grupo FAES le ordenaron entrar a punta de pistola. La
policía lo condujo a 6 kilómetros hacia el norte hasta Peña de Mota. Los
oficiales lo ejecutaron con disparos en el pecho y justo por encima
de su ojo derecho, según su madre. Las llaves, tarjeta de débito, y dinero
que llevaba Nares fueron tomados por la policía.
|
José Infante, 31
5 de agosto, 2019
San Rafael de Orituco, Guárico
|
VERSIÓN POLICIAL
|
VERSIÓN FAMILIAR
|
|
Los oficiales de FAES
dispararon a Infante, conocido como "el andino", después de
que abrió fuego contra la policía en el área de Peña de Mota
de Altagracia de Orituco. Fue herido y el escuadrón FAES lo transportó al
hospital, donde murió de un disparo en el pecho.
|
Infante había caminado a la
plaza central de San Rafael para comprar algo de comida para su madre. Un
vehículo de FAES se le acercó frente a una iglesia. Los oficiales le dijeron
que entrara a punta de pistola y lo llevaron 6 kilómetros a Peña de
Mota, donde le dispararon en el pecho. La familia dijo que el FAES le
robó su celular, zapatos y ropa.
|
Víctor Istúriz, 22
6 de agosto, 2019
San Rafael de Orituco, Guárico
|
VERSIÓN POLICIAL
|
VERSIÓN FAMILIAR
|
|
Los oficiales le dispararon
a Istúriz, apodado "El Sapito", después de que abrió fuego contra
una patrulla de FAES en San Rafael de Orituco. Fue herido y los oficiales de
FAES lo transportaron a un hospital, donde murió minutos después
de disparos en el pecho. La policía confiscó una escopeta.
|
Istúriz estaba parado en una
esquina de su casa cuando los oficiales de FAES pasaron y le dijeron
que entrara a punta de pistola. Lo condujeron detrás de una casa
abandonada en las afueras de San Rafael, donde lo ejecutaron con un disparo
en el pecho. Los residentes locales dijeron que escucharon gritos de ayuda.
Faltaban su cartera, zapatos y ropa cuando la familia encontró su cuerpo.
|
Luis Pérez, 28
8 de abril, 2019
Barquisimeto, Lara
|
VERSIÓN POLICIAL
|
VERSIÓN FAMILIAR
|
|
Durante una operación,
agentes de FAES vieron a Pérez, quien ignoró una orden de detención. Se resistió
al arresto, huyó a un jardín y abrió fuego contra los oficiales que
le dispararon. Los oficiales le dieron primeros auxilios a Pérez y lo
transportaron a un hospital, donde murió.
|
Esa mañana temprano, los
oficiales de FAES allanaron la casa de Pérez y llevaron a su abuela a
una estación de policía. Luego, los oficiales llevaron a Pérez al jardín, lo
golpearon y le dispararon en el pecho. Saquearon la casa y robaron
20 artículos, incluidos seis rollos de papel higiénico.
|
Euvis Peroza, 29
6 de septiembre, 2019
Barquisimeto, Lara
|
VERSIÓN POLICIAL
|
VERSIÓN FAMILIAR
|
|
Peroza, armado con una
pistola, vio a los oficiales del grupo FAES y corrió detrás de una casa,
ignorando la orden de detenerse. Abrió fuego contra la policía y
recibió un disparo en el pecho. Los oficiales de FAES le dieron primeros
auxilios y lo transportaron a un hospital, donde murió. La policía dijo
que era un miembro de una pandilla que aterrorizó el área.
|
Los oficiales de FAES
allanaron el hogar de Peroza a las 5 de la mañana y arrastraron a su
madre fuera de la casa En el patio trasero, los oficiales lo hicieron
arrodillarse y luego le dispararon en el pecho. Dejaron tres agujeros de bala
en una pared. Los oficiales limpiaron la sangre, recogieron los cartuchos
usados y se fueron con su cuerpo. Los oficiales robaron celulares, comida,
y cigarrillos.
|
La
muerte de Arévalo comparte muchas características similares con otros
asesinatos atribuidos al grupo FAES. En todos los casos revisados, la fuerza
policial siguió un patrón, emitiendo un comunicado diciendo que un asaltante
armado se resistió a la autoridad y murió en un tiroteo.
En
cada caso, la narrativa oficial fue refutada por declaraciones de testigos,
fotografías de la escena del crimen o certificados oficiales de defunción.
Reuters
investigó seis muertes en Caracas, dos en el vecino estado Miranda, ocho en la
entidad occidental de Lara y cuatro en el estado Guárico, en el centro del
país.
Esta
historia narra cinco de esas muertes y un gráfico adjunto detalla otras seis.
En esos 11 casos y los otros nueve revisados por Reuters, la evidencia
sugiere que los oficiales del grupo FAES:
•Golpearon
o torturaron a personas antes de su muerte.
•Prepararon
o modificaron el sitio donde ocurrió el incidente, a menudo para simular que
las personas abatidas agredieron antes a los policías.
•Saquearon
las casas involucradas en esos sucesos o tomaron objetos de propiedad de las
personas fallecidas.
En
todos los casos, los certificados de defunción muestran que las víctimas
recibieron disparos letales en el torso, lesiones que médicos, trabajadores de
la morgue y policías activos y retirados dijeron a Reuters que son más
consistentes con ejecuciones que con intensos tiroteos.
Las
heridas son “precisas y en el mismo lugar”, dijo el director de una unidad de
trauma de un hospital al que han llevado a muchas personas involucradas en
enfrentamientos con el grupo FAES. El médico, como muchos otros consultados
para esta historia, pidió no ser identificado.
Forenses
extranjeros consultados por Reuters también mostraron su inquietud por los
detalles y la documentación en torno a las muertes, en particular fotografías
de las heridas de bala en 10 de los cuerpos de las víctimas.
Derrick
Pounder, un patólogo forense de Cardiff, Gales, que ha investigado torturas y
asesinatos extrajudiciales para grupos como Naciones Unidas y Amnistía
Internacional, dijo: “El número de heridas de bala en la línea media de la
parte inferior del pecho y la parte superior del abdomen es preocupante, dado
que las muertes se dice que ocurrieron en el contexto dinámico de tiroteos”.
Manual
de estrategia FAES
Las
familias, los vecinos y otras personas que presencian asesinatos de FAES a
menudo narran tácticas similares por parte de la fuerza policial, desde
manipular los sitios de los operativos para dar la apariencia de agresión por
parte del difunto hasta el saqueo de sus hogares y pertenencias personales. En
conjunto, los señalamientos han dado lugar a denuncias generalizadas de robo,
tortura y ejecuciones sumarias.
1- La
policía afirma que el sospechoso se resistió al arresto y abrió fuego
2- La
policía afirma que el sospechoso resultó herido y fue llevado al hospital,
donde luego murió
3- Miembros
de la familia afirman que la policía acribilló las paredes con balas
4- Miembros
de la familia afirman que la policía saqueó la casa o las pertenencias de la
víctima
5- La
víctima tenía una o varias heridas de bala en el pecho
6- Miembros
de la familia afirman que la policía retiró a cualquier persona del hogar
Personas
familiarizadas con los métodos del escuadrón FAES dicen que esa fuerza se basa
en una red nacional de informantes del vecindario, a menudo leales al partido
gobernante, para seleccionar objetivos y planificar operaciones.
Con
frecuencia persigue a hombres pobres y jóvenes con antecedentes penales menores
-posesión de marihuana y el robo son dos antecedentes mencionados en esta
historia- o pequeños alborotadores que molestan a líderes locales.
Posteriormente,
el grupo FAES emite declaraciones que afirman haber eliminado a personas
“antisociales” o “altamente peligrosas”.
“La
misma comunidad sabe quién es el que roba, sabe quién es el que vende droga,
sabe quién es el que extorsiona”, dijo María Silva, líder estatal en Lara del
Movimiento Revolucionario Tupamaro, una organización militante de izquierda que
respalda a Maduro y proporciona inteligencia local a las autoridades. “Y al
identificarlos, se neutralizan”.
El
gobierno de Venezuela no publica cifras oficiales de muertes a manos del grupo
FAES. Los datos internos del gobierno revisados por Reuters muestran que
5.280 personas perdieron la vida ante toda la policía del país después de
oponer “resistencia a la autoridad” el año pasado, un aumento del 160% desde
2016, año anterior a la creación del escuadrón.
Otros
datos muestran cifras más elevadas. El Observatorio Venezolano de Violencia,
una organización no gubernamental con sede en Caracas que tiene enlaces con
universidades de todo el país, contó 7.523 decesos bajo esas circunstancias el
año pasado.
El
grupo FAES enfrenta poco escrutinio externo. Decenas de testigos, así como
oficiales de policía activos y retirados, dijeron a Reuters que investigadores
forenses aliados con el FAES a menudo aprobaron los informes de muertes de la
fuerza, sin análisis completos, y respaldaron sus afirmaciones de que los
agentes actuaron en defensa propia.
En
cada caso revisado por Reuters, miembros de la familia de una víctima dijeron
que la única documentación proporcionada por las autoridades fue un certificado
de defunción y un breve informe que alegaba que su pariente había muerto por
“resistencia a la autoridad”.
"Los
documentos no pueden ser tomados al pie de la letra", dijo Nizam Peerwani,
forense jefe del condado de Tarrant, Texas, y asesor de Physicians for Human
Rights, un grupo con el que ha trabajado en zonas de conflicto como Ruanda,
Bosnia, Afganistán e Irak. "Sin reportes de autopsia, informes médicos,
rayos X, fotos de heridas internas y otras documentaciones no hay forma de
corroborar lo que están diciendo".
Grupos
de derechos humanos y familias de los fallecidos han pedido que se investigue a
la fuerza especial. Pero hasta ahora solo un puñado de casos judiciales, todos
no concluyentes, han investigado las acusaciones contra los oficiales de FAES.
Un
detective de homicidios, que no forma parte de FAES pero está implicado en su
trabajo, dijo a Reuters que el grupo es en gran medida intocable. Los archivos
de casos relacionados con la violencia de la fuerza especial, como las personas
sometidas a ella, “están durmiendo el sueño eterno”, afirmó.
Una
historia de violencia
La
criminalidad ha ido creciendo en Venezuela desde que Hugo Chávez, el predecesor
y mentor de Maduro, se convirtió en presidente en 1999. Los altos precios del
petróleo avivaron el crecimiento económico durante gran parte de la década
siguiente, pero los cambios impuestos por Chávez permitieron un aumento de la
violencia, dicen los críticos.
Para
impulsar su “revolución socialista”, Chávez colocó en tribunales y cargos
policiales a aliados que politizaron el poder judicial y la aplicación de la
ley. El resultado, dicen expolicías, fue una pérdida de profesionalismo. Muchos
crímenes no fueron investigados. Los infractores de la ley se envalentonaron.
Para
cuando Chávez murió en 2013, la tasa de homicidios se había cuadruplicado,
hasta convertirse en una de las más altas del planeta: casi 80 homicidios por
cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia, o casi
20 veces la cifra registrada en Estados Unidos en aquel momento.
Los
precios del petróleo se desplomaron al año siguiente. La economía de Venezuela
colapsó y el crimen se disparó aún más. Maduro, un exchofer de bus y líder
sindical, ansioso por reafirmar su control, declaró como una prioridad la lucha
contra el crimen.“¡Frenemos la violencia!”, dijo durante actos políticos.
Ordenó
a las fuerzas de seguridad, incluido el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC),
eliminar la delincuencia en barrios pobres. El CICPC, otrora la
principal unidad de lucha contra el crimen del país, pronto empezó a recibir
críticas.
Como
presagio de la violencia que luego acompañaría a las redadas del grupo FAES, el
CICPC fue señalado por activistas de derechos humanos y las Naciones Unidas por
el uso excesivo de la fuerza.
Pero
nunca fue tan activo como se volvería el escuadrón FAES. De hecho, el CICPC ni
siquiera era del todo leal, ya que incluía a algunos oficiales veteranos que se
oponían al gobierno de Maduro.
En
junio del 2017, en medio de violentas protestas contra Maduro, un oficial del
CICPC llamado Óscar Pérez se apoderó de un helicóptero policial y disparó
granadas contra edificios del gobierno. Pérez sobrevivió al episodio y se
escondió.
Al
mes siguiente, el gobierno anunció la conformación del grupo FAES en una
ceremonia en Caracas. La fuerza especial -elegida a dedo por oficiales que respaldan
al gobierno-, combatiría “bandas terroristas alentadas por la derecha
criminal”, según Maduro. Los opositores, agregó, habían convertido a Venezuela
en “un escenario de guerra”.
El
grupo FAES empezó a perseguir pronto al CICPC. En enero del 2018, los oficiales
de la fuerza especial encontraron a Pérez y lo mataron.
Después
de eso, oficiales activos y retirados del CICPC y la Policía Nacional dijeron a
Reuters que el organismo se convirtió en poco más que un equipo forense,
principalmente al servicio del grupo FAES. Funcionarios del CICPC no
respondieron las llamadas para recabar comentarios.
El
escuadrón FAES comenzó con unos 640 oficiales, pero más que duplicó su número
de efectivos. Algunos son seleccionados de los recintos existentes, otros proceden
directamente de las academias de policía. Los reclutas también provienen de
“colectivos”, o grupos paramilitares progubernamentales conocidos por acosar a
opositores políticos.
El
rápido crecimiento, su agresivo mandato y su entrenamiento irregular son una
mezcla peligrosa, dicen los críticos. “Los tiran a la calle para trabajar, sin
los conocimientos básicos, y muchas veces caen personas inocentes”, dijo
William Tovar, jefe de la principal asociación de jubilados de la Policía
Nacional.
Los
miembros de la fuerza también se han ganado una reputación por saquear.
Al
igual que todos los funcionarios públicos en Venezuela, los oficiales de FAES
ganan salarios minúsculos, equivalentes en la actualidad a alrededor de 12
dólares al mes, incluidos 6 dólares en bonos de alimentación, que se ven
continuamente erosionados por la hiperinflación. Una familia en el estado Lara
mostró a Reuters una lista de 20 objetos que dijeron que los agentes robaron
después de matar a su hijo, incluido un módem, un aire acondicionado y seis
rollos de papel higiénico.
En
su declaración sobre la muerte ocurrida en abril, el grupo FAES no mencionó la
entrada a la casa de la víctima y dijo que disparó al hombre en un jardín
después de que abrió fuego contra los oficiales.
Un
alto comandante de la fuerza FAES dijo que el grupo busca trabajar de manera
responsable. Pero señaló que, a veces, algunos oficiales van demasiado lejos a
título individual. “No hay santos”, dijo el comandante.
“Son
criminales”
José
Arévalo creció en Kennedy, la barriada donde los agentes del grupo FAES le
dispararon. A mediados de esta década, estuvo tres años en prisión por robo,
según un documento judicial. Su familia no discute esa condena. “Cuando cometió
su error, él lo asumió, y pagó”, dijo Pérez, su madre.
Tras
su liberación en 2017, trabajó brevemente en Colombia, pero regresó el año
pasado y comenzó a desempeñar labores en el comercio de oro de un tío. Los
vecinos dijeron que era popular y de buen corazón, ayudaba a las personas
mayores a cargar bombonas de gas en el barrio. Pero algunos de sus amigos
todavía tenían vínculos criminales, dijo su familia.
En
diciembre pasado, Arévalo posó para una foto con dos de ellos en una azotea. En
su regazo había una pistola. Le dijo a su familia que el arma no era suya. Días
después, su madre dijo a Reuters que la familia recibió una advertencia de una
persona anónima: Arévalo debía tener cuidado con quién se juntaba.
La
mañana de su muerte, los oficiales del grupo FAES tiraron abajo la puerta y
arrastraron a Arévalo desnudo desde el dormitorio, dijo su novia. Le ordenaron
a ella que les diera la ropa de su novio y luego obligaron a todos, menos a
Arévalo, a salir de la casa.
En
el video, un oficial le dice a Arévalo -quien vestía solo pantalones cortos-
que estaban buscando a un ladrón de autos. Le comentó que la descripción del
ladrón no coincidía con Arévalo, pero quería información. “Quédate quieto que
no te vamos a hacer nada”, le dijo el oficial.
El
policía le ordenó ponerse la camisa. El joven les dijo de nuevo que no sabía
nada del robo. El video termina abruptamente.
Peerwani,
el asesor forense de Texas, dijo a Reuters que la ropa puede ser usada para
ocultar humo, pólvora y otras evidencias balísticas que indican un disparo a
corta distancia. "No hay pruebas, pero hay una conclusión deductiva",
señaló. "¿Por qué les obligaría un oficial de seguridad a ponerse una
camisa para dispararles después?".
La
novia dijo que llevaba fuera unos cinco minutos cuando sonaron los disparos. Al
día siguiente, el grupo FAES publicó su declaración, diciendo que había matado
a Arévalo y a los otros cuatro porque mantenían “azotado” a Kennedy. Reuters no
pudo determinar en qué circunstancias murieron los demás.
Junto
a su declaración, el escuadrón FAES publicó la foto de Arévalo con la pistola.
Dijo que los oficiales le dispararon en una parte del barrio que está a medio
kilómetro de distancia de la casa. “Neutralizado”, escribió en letras rojas
sobre la cara de Arévalo.
Dos
semanas después de la redada en Kennedy, Juan Guaidó, líder de la oposición y
jefe de la Asamblea Nacional, se declaró legítimo presidente de Venezuela. Su
intento de sacar a Maduro del poder, que hasta ahora ha fracasado, convulsionó
al país. En el estado Lara, un hervidero de la oposición, estallaron protestas.
El
25 de enero, una docena de vehículos del grupo FAES salió de Barquisimeto, la
capital del estado, donde el gobierno había desplegado el año pasado a cientos
de oficiales de la fuerza. El convoy se dirigió a El Tocuyo, un pueblo donde
los manifestantes habían quemado neumáticos cerca de la residencia de la
alcaldesa, una partidaria de Maduro. Las autoridades locales dijeron que los
opositores intentaron incendiar la casa.
A
media tarde, nueve testigos dijeron que unos 30 oficiales de FAES allanaron la
casa de Judith Cortez. Desempleada y con un esposo discapacitado, Cortez vivía
con sus hijos, Anderson Torres, de 18 años, y Jose Alfredo Torres, de 27. El
mayor había sido arrestado por posesión de marihuana hace unos años, dijo la
madre, y el menor pasó una noche en prisión en 2017 por haberse unido a una
multitud que saqueó comida en un mercado.
Mientras
Anderson estaba afuera, sentado en una caja de cerveza dibujando, los oficiales
del FAES derribaron la reja, dijo Cortez a Reuters. La sacaron de la casa, la
llevaron a dos kilómetros de distancia y la dejaron junto a un puente.
Los
agentes agarraron a Anderson, Jose Alfredo y Cristian Ramos, un amigo y vecino
de 18 años, según un testigo que permaneció cerca de la vivienda. Obligaron a
los hombres a arrodillarse detrás de un cobertizo y ponerse las camisas sobre
la cabeza, dijo el testigo.
Un
oficial, agregó el testigo, los golpeó por cerca de una hora con un tubo de
metal. “Ustedes son criminales”, gritó el oficial, según dijo el testigo.
Luego, otro agente sacó su pistola y disparó a los tres. Los certificados de
defunción y las fotos de sus cuerpos revisados por Reuters confirman que las
heridas de bala en el torso fueron la causa de la muerte de cada uno.
Después
de los disparos, según la familia y los vecinos, los oficiales se quedaron en
la casa hasta la noche. Realizaron decenas de disparos adicionales con varias
armas, marcando un árbol y una pared exterior de la casa. Se rieron y comieron
alimentos del refrigerador de Cortez, dijeron estas personas.
Un
oficial caminó a la casa de Ramos alrededor de las 7 de la tarde y le pidió a
la madre de Cristian, Lucía Escalona, un vaso de agua. “¿Señora, esta agua no
tiene veneno?”, preguntó el oficial, dijo Escalona a Reuters.
“Yo
no entiendo por qué me asesinaron a mi hijo”, agregó.
En
un comunicado, el CICPC dijo que la policía mató a los tres hombres porque
habían disparado contra los oficiales. Kleyder Ferreiro, secretario de
seguridad del estado Lara, dijo a periodistas que los fallecidos formaban parte
de una “banda de delincuencia organizada” y habían estado involucrados en la
quema de neumáticos.
Los
familiares de los tres hombres negaron las acusaciones. Ferreiro ya no está con
el gobierno estatal y se negó a hablar sobre el hecho con Reuters. Gisela
Rodríguez, la alcaldesa cuya casa había sido blanco de las protestas, no
respondió a llamadas o mensajes en busca de sus comentarios.
Tras
las muertes, las protestas disminuyeron en El Tocuyo. “Es como si toda la
ciudad muriera”, dijo Omar Escalona, tío de Ramos.
A
fines de julio, circuló en las redes sociales un video que mostraba a una
decena de jóvenes no identificados disparando armas al aire en Altagracia de
Orituco, una ciudad de 50.000 habitantes en el estado Guárico. El video, en el
que aparecen supuestamente miembros de una banda de narcotraficantes conocida
como el “Tren del Llano”, fue ampliamente considerado como un desafío por parte
de la banda a las autoridades.
Reuters
no pudo determinar quién fue el autor del video.
El
2 de agosto, el grupo FAES publicó un video en Instagram de oficiales
fuertemente armados patrullando la ciudad, en el que decía que el escuadrón
había lanzado una misión para llevar “paz, tranquilidad y seguridad” a la zona.
Durante
los ocho días siguientes, el grupo FAES dijo que mató a 18 presuntos
delincuentes que se resistieron al arresto.
“Si mi hijo había cometido algún delito, ellos tenían
que llevarlo a un tribunal e imputarle. En cambio, decidieron ajusticiarlo”.
Zuleica Pérez, madre de José Arévalo
Un
oficial del CICPC, que vio las escenas de crimen y está familiarizado con El
Tren del Llano, dijo que no creía que los asesinados tuvieran algo que ver con
la banda. Los oficiales de la fuerza -agregó- retiraron los cuerpos antes de
que otros colegas del CICPC y él llegaran. La operación, que sorprendió incluso
a la policía local, fue un “show mediático” del grupo FAES, señaló el oficial a
Reuters.
Las
familias de tres de los asesinados, junto con otros testigos, dijeron a Reuters
que los agentes de grupo FAES eligieron a sus objetivos en la calle, sin mediar
provocación, y luego los mataron a varios kilómetros de distancia.
Los
familiares negaron que los tres hombres fueran miembros de la banda. Reuters no
pudo confirmar de forma independiente si realmente tenían alguna conexión con
el grupo o por qué acabaron convirtiéndose en objetivo de la policía.
Uno
de los tres hombres era Jor-Rafer Nares, de 25 años, un mecánico que reparaba
camiones usados para las fincas cercanas que transportan sus cosechas. Nares
caminaba por el pequeño pueblo de San Rafael, al sur de Altagracia, el 5 de
agosto alrededor de las 6 de la tarde. Según su madre, que estaba cerca, y otro
testigo, una camioneta negra del grupo FAES se acercó y los efectivos le
ordenaron que entrara. La madre y el testigo pidieron permanecer en el
anonimato.
Varias
horas después, dijo la madre de Nares, fue a una estación de policía local para
preguntar por el paradero de su hijo. Un oficial le dijo: “La sede del FAES
aquí es la morgue”. Le sugirió que fuera para allá a averiguar.
Allí,
dijo la madre, encontró el cuerpo.
Vio
dos heridas de bala en el pecho de su hijo, otra en la cabeza, y contusiones
profundas en costillas y brazos. Faltaban sus llaves, tarjeta de débito y unos
dólares que llevaba, indicó. La herida en la cabeza es visible en una foto
tomada en la morgue y revisada por Reuters, el oficial del CICPC y un médico.
Una
declaración de la fuerza FAES al día siguiente señaló que los oficiales balearon
a Nares después de que él disparó contra ellos en una zona rural a 6 kilómetros
al norte de donde la policía supuestamente se le acercó. El sitio descrito en
el comunicado es el área donde se filmó el video del Tren del Llano.
Junto
al comunicado, el grupo FAES incluyó una foto de una mancha de sangre y una
escopeta en el suelo. Sin embargo, al arma le faltaba un gatillo. El oficial
del CICPC y otro policía dijeron a Reuters que el arma no habría podido ser
disparada.
Un
certificado de defunción revisado por Reuters señaló que Nares murió a las 9 de
la noche, tres horas después de que los testigos dijeron que subió al vehículo
del grupo FAES. El certificado enumera los disparos en su tórax, pero no la
herida de bala en su cabeza.
Israel
Nares, su padre, no vio a su hijo el día de su muerte. Al igual que muchos
otros familiares de los fallecidos, cree que falta una rendición de cuentas en
torno al FAES y sus operaciones.
“Hay
un silencio institucional y cómplice aquí”, dijo a Reuters.
No hay comentarios:
Publicar un comentario