Benigno Alarcón Deza 11 de junio de 2020
@benalarcon
La
oposición está obligada a nacionalizar la lucha por la democracia, lo que no
implica subestimar la importancia del apoyo internacional, que resulta
esencial, pero sí asumir la necesidad de empoderar y movilizar a la sociedad
venezolana
¿Vamos hacia la normalización del Estado de Alerta
decretado por el COVID-19?
Si el COVID-19 se comporta en Venezuela de la misma
forma como lo ha hecho en otros países, y no hay ninguna razón que nos haga
pensar que no será así, el actual intento por flexibilizar la cuarentena y
normalizar progresivamente las condiciones de vida de una población que ya
agotó sus reservas para mantenerse confinada, implicará un crecimiento
importante en la tasa de contagios que irá de la mano con una mayor
movilización de la población, y que se potenciará mucho más gracias al
abastecimiento de gasolina que se inició hace una semana, después de tres meses
de su desaparición. La normalización traerá como consecuencia que las personas
y el COVID-19 se encuentren en la calle, con la consecuente normalización de la
curva de contagio, para pasar de una etapa de crecimiento lineal, gracias a la
desmovilización y el relativo aislamiento desde antes de la aparición de la
pandemia, a una que podría ser de crecimiento exponencial, en la que el país no
cuenta con la infraestructura ni los recursos humanos ni materiales para
hacerle frente. La alta probabilidad de ocurrencia de este escenario se ha
convertido en el centro de atención del gobierno, la oposición, y de una parte
importante de la comunidad internacional, aunque no en la principal
preocupación de la población mayoritariamente enfocada, y sin tiempo para nada
distinto, en los problemas de su subsistencia diaria.
Dada la inminencia de la amenaza sanitaria que se
cierne sobre Venezuela, preocupan las respuestas erráticas del régimen,
posiblemente como consecuencia de su propia desinformación derivada del escaso
número de pruebas PCR que se procesan diariamente, así como de la data que se
oculta entre sus propios despachos. Ello ha generado decisiones
contradictorias, órdenes y contraordenes, como ha sido, por ejemplo, la
directiva de Maduro de endurecer la cuarentena el pasado 23 de mayo, por un
aumento importante en el número de contagios debido a que el confinamiento se
estaba “cumpliendo en sólo un 60%”, para iniciar esta semana, justo cuando
llega la gasolina iraní, un esquema de flexibilización de la cuarentena que ha
implicado la salida simultanea de millones de personas a la calle.
Este esquema de flexibilización, al que se le ha
denominado “5×10” (5 días de flexibilización y 10 de cuarentena), independientemente
de su idoneidad y cumplimiento, hace evidente la preocupación del gobierno por
las tensiones que se están generando entre las necesidades de sobrevivencia en
medio de la parálisis nacional y las consecuencias de entrar en una fase de
contagio exponencial. El aumento del precio de la gasolina a niveles
internacionales y la posible extensión de un proceso de racionalización del
consumo, si el precio no fuese suficiente para ello una vez alcanzado un punto
de equilibrio en el abastecimiento, podrían convertirse en mecanismos para
limitar el ritmo de la normalización, dependiendo de cómo evolucione la etapa
de contagio a la que podríamos estar entrando en la medida que las personas
comiencen a movilizarse, y con ellas el virus. La incoherencia entre decisiones
evidentemente contradictorias podría ser la expresión de esta especie de tune
in, en el que el régimen debe moverse cuidadosamente entre los dos
extremos representados por la cuarentena y la normalización, de manera tal de
encontrar un equilibrio que le permita mantenerse en pie entre las presiones
sociales por el gigantesco deterioro de las condiciones de vida, que podría
acarrear una situación de ingobernabilidad y las que pueden derivarse de una
pérdida de control en la expansión de la pandemia.
Todo parece indicar que tanto el gobierno como la
oposición saben que la amenaza de contagio exponencial es real, así como sus
limitaciones para lidiar con tal situación, por lo cual el gobierno de Maduro
termina aceptando de manera pragmática la firma de un acuerdo preliminar entre
la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), en el que el ministro de Salud, Carlos Alvarado y el Dr. Julio Castro,
nombrado por Juan Guaidó como asesor en temas de salud, se comprometen a crear
los mecanismos para que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pueda
ejecutar recursos gestionados tanto por el Parlamento como por Miraflores para
atender el COVID-19.
El acuerdo, de una página, contiene los lineamientos
básicos y generales de un plan marco, cuyos detalles deben ser desarrollados
por ambas partes, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), con el propósito de “salvar vidas, proteger al personal de salud y
reducir la transmisión” del coronavirus.
Este acuerdo inédito, que implica el reconocimiento
tácito entre ambas partes y constituye un acto de responsabilidad que no debe
ser materia de cuestionamientos entre personas sensatas, y que ambas partes
habían acordado dejar fuera de la diatriba política, fue filtrado a los medios
de comunicación independientes a las pocas horas por el mismo gobierno, tal
como ha sucedido en otras oportunidades como las negociaciones celebradas en
República Dominicana, Noruega y Barbados, para ser usado como arma política contra
Guaidó e intentar hacerlo aparecer como colaboracionista, débil y poco
transparente ante su propia audiencia, golpeando nuevamente la credibilidad del
liderazgo democrático.
La expectativa de que este acuerdo pudiese ser una
ventana de oportunidad para iniciar negociaciones en lo político luce,
lamentablemente, poco probable, no sólo por el hecho de la filtración de la
información y la campaña que de manera inmediata se monta contra Guaidó por la
firma de este acuerdo, sino por los eventos posteriores que confirman la
continuación de la dinámica de persecución contra la oposición, entre los que
destaca la demanda expresada por el canciller, Jorge Arreaza, para que las
Embajadas de España y Francia entreguen a Leopoldo López y Juan Guaidó a las
autoridades venezolanas.
¿Qué tan inciendiaria podría ser la gasolina iraní en
el medio de la actual crisis política?
El lunes de la semana pasada comenzó el proceso de
abastecimiento de combustible, en el que si bien han abundado problemas
logísticos de todo tipo (desconexión de puntos de pago, cambios en el
denominado “Pico y Placa” y el de que cada quien abastezca cuando quiera, la
eliminación del sistema subsidiado para pasar a uno no subsididado en varias
estaciones de gasolina, interrupciones en el flujo de gandolas, entre otros)
resulta aún prematuro sacar conclusiones sobre el éxito o el fracaso de la
estrategia implementada por el gobierno venezolano con la ayuda del de Irán.
Después de casi tres meses sin abastecimiento de
combustible y un mercado negro muy restringido que la proveía a precios muy por
encima del promedio internacional, era de esperarse que el reinicio del
abastecimiento se tradujera en largas colas en las que la mayoría de los
propietarios de unos dos millones de vehículos a nivel nacional hayan
estado dispuestos a esperar por horas, y en ocasiones hasta a pernoctar, para
hacerse con algo de gasolina por el temor de que lo descargado por cinco buques
iraníes no durará para siempre.
La realidad es que la apertura del esquema de
abastecimiento de combustible pareciera indicar que el gobierno cuenta con más
reservas de gasolina de lo que los justificados temores parecieran indicar, y
la apuesta oficial es que el abastecimiento logrado, con la ayuda de Irán, no
es una ruleta que se juega a una sola vuelta, sino que, como el mismo gobierno
de Irán ha manifestado, hay disposición a continuar cooperando. De ser así, y
no haber mayores interrupciones, el balance entre abastecimiento y consumo
podría normalizarse entre mediados y finales del presente mes, considerando el
hecho de que el aumento de precios, sumado a una movilización limitada por la
cuarentena, implicarán una reducción significativa del consumo.
Mientras algunos analistas apuestan a que la
conflictividad podría llegar de la mano con la muy costosa gasolina iraní, el
comportamiento de la gente durante esta primera semana pareciera indicar que
ello es poco probable. En este sentido encontramos que mientras Guaidó llamó a
protestar contra los nuevos precios del combustible, las únicas protestas que
se registraron no fueron por el precio sino para que se les vendiera el
combustible. Resulta poco probable que haya más que unos pocos eventos aislados
en los que la gente se arriesgue a escalar protestas violentas en estaciones de
servicio custodiadas militarmente, poniendo sus propios vehículos en riesgo de
terminar con daños muy costosos.
La pérdida de la iniciativa política interna, por
múltiples razones como la caída de las expectativas y las limitaciones
impuestas por el Estado de Alarma declarado por el COVID-19, cuando se trataba
de iniciar un nuevo ciclo de protestas aprovechando el éxito de la gira
internacional de Guaidó, ha colocado a la alternativa democrática en una
posición de extrema vulnerabilidad y dependencia de las alianzas externas, así
como ante el riesgo de ser desplazada por otros grupos y liderazgos, cuya
vocación democrática está menos clara, sobre todo si el régimen avanza en la
elección parlamentaria de este año, como todo parece indicar.
¿Hacia dónde se mueve el actual escenario?
Lamentablemente, como decíamos en el evento
Perspectivas 2020 del pasado mes de noviembre, las tendencias ya presentes para
entonces apuntaban a la conformación de un escenario que se ha movido durante
el primer semestre hacia una mayor autocratización del régimen. El Estado de
Alerta, originada por el COVID-19, ha exacerbado las tendencias que apuntaban
hacia este escenario facilitando al control que el régimen mantiene sobre las
instituciones del Estado y sobre una red para-estatal clientelar que complementa
el control social, territorial y sobre la información, y que han venido copando
todos los espacios durante los últimos tres meses.
Sin embargo, el régimen se mueve en medio de una
situación que no está libre de riesgos para ellos, al verse obligados a navegar
entre las tensiones sociales derivadas de la emergencia y el deterioro
progresivo de las condiciones sociales y económicas, que hacen cada vez más
difícil la subsistencia. Estas tensiones podrían traducirse en un crecimiento
de la conflictividad social que, bien por el deterioro de las redes
clientelares locales que ejercen la represión preventiva y temprana afectadas
también por la situación-país, o por la masificación de la protesta que, de
sobrepasar a los cuerpos policiales y grupos para-militares, podrían colocar al
sector militar ante un dilema entre mantener al gobierno por la fuerza y asumir
la necesidad de un cambio político.
¿Qué puede hacer el liderazgo democrático?
Mientras un importante número de actores, tanto
domésticos como internacionales, exigen al gobierno y a la oposición cooperar
para atender las urgencias en materia humanitaria, y ahora sanitaria, es
importante comprender que la no politización de estos esfuerzos pareciera ser
una utopía, como lo demuestra la filtración del acuerdo para trabajar de manera
conjunta con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Pero el hecho de
que la despolitización no sea posible, no debe ser excusa para no hacer lo que
se debe hacer, aunque ello debe asumirse desde una posición política más
realista que obliga a aceptar que ninguna información aprovechable
políticamente tendrá el privilegio de la confidencialidad y que por lo tanto la
oposición debe sincerarse y negarse a tales compromisos para tomar la
iniciativa en la vocería y explicar cualquier actuación antes de que sea
utilizada en su contra.
La oposición está en la urgente necesidad de
replantear su narrativa y vincular los temas sociales con lo político. No
es suficiente plantear la lucha por la democracia como la lucha por un principio
abstracto. Es necesario construir una narrativa que tienda un puente entre
la situación social, la vida diaria de la gente y la democracia.
Asimismo, la oposición está obligada a hacerse menos
dependiente de factores externos, que siempre tendrán limitaciones en lo que
pueden hacer por ayudar a otros fuera de sus propios territorios, y
nacionalizar la lucha por la democracia, lo que no implica subestimar la
importancia del apoyo internacional, que resulta esencial, pero asumiendo la
necesidad de empoderar y movilizar a nuestra propia sociedad. Para ello es
necesario que la oposición centre más recursos y esfuerzos en la construcción
de un movimiento democrático mientras reduce, o al menos modera, aquellos
destinados a una estructura de gobierno que, como ya sabemos, tiene hoy una
utilidad muy limitada. La alternativa democrática no será gobierno por insistir
en llamarse a si misma gobierno o por ser reconocida por los aliados
internacionales como tal, sino por desarrollar las capacidades y una estrategia
realista y coherente para canalizar la voluntad de la gran mayoria y hacer
posible una transición que nos permita constituir un gobierno legítimo que
tenga el control sobre las instituciones del Estado.
La elección parlamentaria que, según la Constitución vigente,
debería celebrarse este año, y a la cual el régimen no parece haber renunciado
pese a las dificultades, es una de las mayores amenazas que enfrentan los
demócratas en el futuro inmediato y se constituye en una de las fuerzas que
operará en los escenarios por venir y en el sistema para hacer que la realidad
venezolana cambie, para bien o para mal. El debate no debería ser, otra
vez, si participamos o no. El verdadero debate debería girar en torno a cómo
usamos nuestras fortalezas y capacidades de la mejor forma posible para que,
aún en las condiciones menos favorables, nuestra lucha pueda ganar legitimidad
y espacios en el escenario político nacional e internacional, que es la única
forma de poder seguir avanzando hacia una Venezuela libre y democrática.
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