Tal Cual 14 de febrero de 2021
@DiarioTalCual
En dos embarcaciones que zarparon con apenas 23 días
de diferencia desaparecieron 60 personas. Peñeros que debían alejarse de las
costas venezolanas para alcanzar las de Trinidad y Tobago, pero que nunca
llegaron. Una adolescente de 16 años ahogada en la zozobra. Nueve sobrevivientes
que prefieren el silencio. Dos capitanes vivos y rescatados, uno tras las rejas
y el otro en fuga. Nueve detenidos que esperan una nueva audiencia de
presentación postergada cuatro veces en ocho meses. Un expediente que reposa en
algún escritorio de la Fiscalía General de Venezuela, mientras familias enteras
siguen clamando una búsqueda que quedó en pausa desde hace un año.
Es una historia que se pudo evitar, si las autoridades
hubiesen atendido las alarmas. Pero no ocurrió, a pesar de advertencias. Los
dos botes pesqueros -el Jhonaily José y el Ana María- comparten la historia de
haber sido borrados del mapa en una ruta que salió del mismo puerto y confluyó
hacia una zozobra en común, en distintos días.
Un Estado que, en todos sus niveles, voltea la mirada
frente al zarpe de embarcaciones que viajan de manera ilegal sobrepasadas en su
capacidad, bajo la aquiescencia de instituciones y autoridades que rigen los
muelles, a cambio de entre 300 y 500 dólares por bote, según recuento de
parientes de varias de las víctimas. La omisión de alcaldes y gobernadores que
reconocen haber sido rebasados por un poder paralelo del que no mencionan el
nombre en voz alta. Y, más allá, la aparente complicidad que señala una y otra
vez a funcionarios policiales y militares que negocian con la vida de mujeres,
hombres, adolescentes y familias enteras que salieron buscando por mar un
camino rápido de emigración desde las costas de Güiria, en Venezuela, hacia
Trinidad y Tobago.
Un caso que cumple un año en impunidad, ante el
silencio del fiscal general Tarek William Saab y las demás autoridades del
gobierno de Nicolás Maduro.
Esta historia comienza en tierra firme nueve días
antes de que el bote pesquero Jhonaily José siquiera tocara el mar para zarpar
el 23 de abril de 2019, alrededor de las 11:00 de la noche desde el muelle La
Salina, conocido como “La Playita”, en Güiria, estado Sucre, uno de los últimos
poblados costeros al oriente de Venezuela.
Tres adolescentes fueron vistas juntas por última vez
el domingo 14 de abril a las 10:00 de la noche por una calle poco transitada de
Cumaná, capital del estado Sucre, a 260 kilómetros de aquel muelle. Eran
Luisiannys Betancourt, de 15 años; Unyerlin Vásquez, de 16, y Omarlys
Velásquez, de 17 años.
Ana Arias, madre de Luisiannys, recuerda que dos
muchachas tocaron la puerta de la casa para buscar a su hija e ir a casa de su
abuela. Una estudiaba con la joven, a la otra no la conocía. Luisiannys salió
vestida, sin documentos, con una bata de dormir, sin sostén y en sandalias de
casa. No volvió a verla.
“Su hija se fue para Colombia”, escuchó Ana por
teléfono el martes 16. Una llamada puntual, desde un número que no le respondió
después. Ella no lo sabía, pero aún faltaba una semana para que la joven se
esfumara en el mar.
Al día siguiente fue a la sede cumanesa del Comando
Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), dependiente de la Guardia Nacional
(GN). El primer rostro del Estado que vería, cuya mueca de desinterés se
repetiría por meses.
A los funcionarios les dio el número de móvil que la
había llamado. “Este teléfono está en Güiria, señora, pero espere 72 horas, su
hija seguramente se fue de rumba”, le respondieron. 72 horas adicionales a las
ya transcurridas.
El jueves 18 de abril a las 4:00 de la tarde, Ana
recibió otra llamada. Alguien que se identificó como Luisiannys le dijo que
estaba en la frontera con Colombia. Estaba llorando. “Mamá, es que estoy en
altavoz. Mejor escríbeme”. A través de mensajes de texto le explicaba que ella
quería devolverse a la casa, pero no la dejaban. “Ellas me están cobrando 200
dólares para irme porque eso fue lo que gastaron en mí”, le dijo. La muchacha
no dijo dónde estaba y luego dejó de escribir. Mensajes similares llegaron al
día siguiente.
Muy temprano, la mañana del viernes, Ana volvió al
Conas. Por segunda vez en tres días, el rastreo de esta llamada dictó que
también se hizo desde Güiria. Pero los uniformados se lavaron las manos: “Aquí
está la dirección y el nombre del dueño del teléfono, señora. Vaya y busque a
su hija”, un comandante de apellido Márquez le extendió el papel en el que
garabateó un nombre: Héctor Torres.
Güiria está a cuatro horas de distancia de Cumaná. Ana
no tenía vehículo, y la sola mención del destino hacía que conductores
desestimaran peticiones pues en un territorio controlado por mafias del
narcotráfico y el contrabando.
No supo más nada hasta el 24 de abril, al día
siguiente del zarpe. “Recibí una llamada de otro teléfono. Una muchacha que
dijo que se llamaba María me preguntó mi nombre y me soltó: ‘su hija se ahogó’.
No atiné a decir nada y me colgó. Después el número más nunca estuvo activo”.
"El barco se hundió
y ellas se ahogaron"
Unyerlin Vásquez y Omarlys Velásquez son primas.
Amarilis Velásquez, la mamá de la primera, las vio entrar a su casa junto a una
adolescente que no conocía y en bata de dormir. “Se llama Luisiannys y estudia
en el liceo”, mencionó su hija.
En la mañana se dio cuenta que ninguna había
pernoctado, y que su hija se había esfumado sin documentos. Durante los
siguientes días recibió mensajes de texto, los mismos días y del mismo número
de teléfono que contactó a Ana Arias, a quien entonces tampoco conocía.
Velásquez no presentó denuncia ante las autoridades
porque todas las veces en las que Unyerlin la contactó trataba de
tranquilizarla: “Voy a viajar pero regreso en tres meses, quédate tranquila”,
llegó a decirle.
El 24 de abril, Amarilis Velásquez recibió la llamada
de una joven que se presentó como María. “¿Usted no sabía que su hija se iba a
Trinidad? Pues el barco se hundió y ellas se ahogaron”, le dijo sin anestesia,
sin el más mínimo quiebre en la voz.
Al día siguiente fue a la sede de la Fiscalía en
Cumaná a presentar la denuncia por primera vez. Antes de viajar a Güiria hizo
lo propio ante la Fiscalía de Carúpano, la segunda ciudad más importante del
estado.
“Mi hija mayor empezó a revisar las redes sociales de
la niña (Unyerlyn) desde el día que desapareció. Dos días después de que se
publicó lo del naufragio en los medios, encontró que la tal María -la misma que
me había llamado- puso en su muro de Facebook que las muchachas se habían
ahogado y nombraba a mi hija. Todo eso lo dije en la Fiscalía cuando puse la
denuncia”, detalla Amarilis.
Si algún cuerpo policial hubiese activado los
protocolos de búsqueda en los nueve días previos al zarpe desde que sus madres
lo reclamaron, hubiesen encontrado que las jóvenes publicaron fotos en sus
respectivos muros de Facebook, el 20 y el 22 de abril. Aunque en algunas
publicaciones mantenían la historia de que se habían ido a Colombia, en las
fotos se podían detallar algunas calles y a hombres mayores que las
acompañaban.
Margelys
González, madre de Omarlys y cuñada de Amarilis Velásquez, siguió esos rastros
que los organismos policiales desestimaron. Una amiga de su hija le contó sobre
los planes del grupo de irse a Trinidad. Ella sería la cuarta muchacha que
viajaría, pero enfermó de paludismo y no pudo. “Ellas le enviaron unas fotos a
esta muchacha. Allí se veía a mi hija y a mi sobrina vestidas de fiesta y
tacones. Estaban como en un bar. Unos conocidos allá me aseguran que las vieron
la noche antes de salir el bote (el lunes 22 de abril) y que andaban con un
hombre llamado Héctor Torres (uno de los desaparecidos y el mismo identificado
por el Conas) que les compraba comida y bebida”, relata.
La "ceguera" de las autoridades
No era fácil de disimular un zarpe a las 8:00 de la
noche con 38 personas a bordo en un bote con capacidad para un máximo de 20,
sin equipaje. Ocho menores de edad destacaban dentro de las 27 mujeres que
llenaban la embarcación: viajaban sin pasaporte ni representantes, y algunas ni
siquiera llevaban cédula de identidad.
Los accesos a los muelles están resguardados pues se
trata de una zona de seguridad. Por ejemplo, en el muelle N° 8 funciona la
Aduana Marítima del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (Seniat). A pocos metros está la Capitanía de Puertos, un ente
adscrito al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), que tiene visión
panorámica del lugar. También hay vigilancia nocturna de la Guardia Nacional.
Luego de una solicitud de información realizada a
ambas instituciones en el puerto de Güiria, los funcionarios dijeron no estar
autorizados a responder si existía un documento oficial con el listado de
personas a bordo esa noche en el bote Jhonaily José, matrícula ARSI-CA0067.
La primera lista con el registro de los pasajeros y la
tripulación fue una minuta difundida el 24 de abril por el Comando Zonal de la
Guardia Nacional (CZGNB) N° 53 al reportar el "naufragio". Allí se
hace referencia a Julio Carrión como capitán del bote. El papel cuantifica a 35
personas, pero solo muestra nombres de 23.
“Se recibió información por parte de varios ciudadanos
pertenecientes a la población de Güiria, municipio Valdéz que el día de ayer
(23 de abril), salió embarcación de nombre Yonaily José, capitaneada por el
Cddno. Julio Carrión con destino a la República de Trinidad y Tobago, abordando
la cantidad de treinta y cinco (35) pasajeros, donde dicha embarcación se
volteó debido al fuerte oleaje cerca de la Isla de los Patos, naufragando los
tripulantes, siendo rescatados dos (02) de ellos en la zona de Boca de Dragón.
Se coordina embarcación para rescatar a los pasajeros faltantes”, dice la
minuta.
La versión ofrecida por el Destacamento 53 de la GN
indicaba que el bote se volteó por el oleaje y exceso de peso. Pero los
registros de la Organización Nacional de Seguridad y Salvamento (ONSA) revelan
las condiciones climatológicas de esa noche: estaba parcialmente nublado; el
oleaje del mar era de apenas 0,5 metros; y el viento iba en dirección noreste a
12 nudos (unos 22 km/h), que según la escala de Beaufort no podría tener fuerza
suficiente para voltear una embarcación cargada con casi cuatro veces su
capacidad.
La lista de pasajeros terminó de consolidarse entre 35
y 38 a medida que los familiares llegaban a Protección Civil, incluyendo los de
quienes abordaron en otros muelles del recorrido, entre ellos la playa de Río
Salado.
El informe de ONSA especificaba que la coordinación
del protocolo de rescate estaba a cargo de los Guardacostas de la zona
atlántica y para el sábado 27 de abril llevaban 96 horas de la misión de
rescate activada. Pero su efectividad era cuestionable. Por eso pescadores de
la zona salieron en embarcaciones particulares a “peinar la zona” y buscar a
sobrevivientes. Fueron ellos quienes encontraron a los dos primeros y también
hallaron el cadáver de Dieglismar Betancourt. En conjunto, se habían encontrado
nueve personas con vida.
Desde el viernes 26 de abril, estaba en Güiria el jefe
de Operaciones de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Oriental,
William Serantes, pero todavía no había apoyo aéreo. Al día siguiente, los
equipos de rescate señalaron: “Se requiere el despliegue de elementos aéreos
para cubrir la SAR (Búsqueda y rescate, por sus siglas en inglés Search and
Rescue) de manera rápida y eficiente. Realizar llamados a los buques en la SAR
para estar atentos a náufragos o restos del naufragio”.
El diputado de la Asamblea Nacional Robert Alcalá,
miembro de una Comisión especial que investiga el caso de los desaparecidos,
explica que de manera tardía el 27 de abril se sumaba un helicóptero y una avioneta
a las labores de búsqueda. El primero solo operó durante un día. “El alcalde
(Ander Charles) dijo que una hora de helicóptero costaba 8.000 dólares y como
nadie podía pagar eso se tenía que suspender”, afirma Jhonny Mattei, padre de
Jhodelvis Mattei, de 22 años, una de las desaparecidas.
El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, solo le
respondió a los familiares que no podía realizar una investigación porque no
tenía “jurisdicción para hacerlo”. No apareció en la zona ni movilizó recursos
para la búsqueda desde el ente regional.
El operativo cesó oficialmente el 3 de mayo, el décimo
día de la búsqueda. Faltaban aún 28 personas, pero el Comandante de la Estación
de Guardacostas de la Zona Atlántica, capitán de navío Ángel Sisco Mota, y el vicealmirante
Freitas a cargo de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) del estado
Sucre se rehusaron a explicar a los familiares por qué cesaban los esfuerzos.
Dos semanas más tarde, otro zarpe no autorizado desde
el mismo muelle derivó en la desaparición del bote Ana María, con 33 personas a
bordo.
La historia se repite
Del muelle N° 8 de Güiria partió la embarcación Ana
María, capitaneada por Alberto Abreu, a las 4:00 de la tarde del 16 de mayo de
2019. Las autoridades no han mostrado la lista oficial con el protocolo de
viaje que autorizó la salida del Ana María para saber quién estaba a cargo del
bote, según la Capitanía de Puertos, pero los familiares coinciden en que Abreu
no era originalmente el capitán, sino que asumió el bote en un cambio de última
hora. También saben quiénes eran los cuatro pasajeros iniciales porque ellos
llamaron a sus familiares antes de salir y notificaron su ubicación: Silvia
Cortés, Jesús Brito, Andy Villegas y Yodelvis Mattei, la única que no tenía
pasaporte.
La Salina fue la primera parada. El bote se detuvo a
recoger pasajeros también en cinco muelles informales a lo largo de la costa:
La Ceiba, Juan Diego, Playa Salada, Uquire y Macuro, el último poblado antes de
salir a mar abierto, donde completaron las 33 personas a bordo.
Al bote Ana María le faltaba media hora para llegar a
Trinidad y Tobago la última vez que fue visto en altamar. Los pasajeros de una
embarcación que regresaba a Venezuela desde Trinidad la divisaron cuando se
cruzaron con ella, atestiguó un tío de crianza de Silvia Cortés, de 23 años y
Jesús Brito, de 26, citado por Rosa Rodríguez, madre de la primera.
El protocolo de búsqueda del Jhonaily José recién se
había desactivado 13 días antes, y los familiares de los pasajeros del Ana
María optaron por no esperar a las autoridades. Desde la madrugada del 17 de
mayo, salieron al mar a buscar a los suyos, liderados por Isidro Villegas, un
experimentado marino mercante de la zona, padre del desaparecido Andy Villegas,
también navegante.
El rumor que tomaba fuerza era que un motor se había
dañado y que esperaban que los fueran a auxiliar mientras la lancha permanecía
cerca de Cariaquito, a más de 44 kilómetros de Güiria. Migledis Díaz, madre de
Frank Hernández, uno de los desaparecidos de la primera embarcación, asegura que
el dueño de los motores del Jhonaily José es hermano de Alberto Abreu, el
capitán del segundo bote.
Esa primera versión la recibieron de diferente fuentes
casi todos los familiares entrevistados por TalCual. Ramón
Franco Martínez, alias "Moncho", quien había coordinado y cobrado
varios de los viajes, lo informó por WhatsApp al esposo de Yodelvis Mattei que
esperaba en Trinidad. Un familiar de Silvia Cortés y Jesús Brito lo escuchó en
el muelle. A Carmen Jiménez, madre de Anthony Montserrat, se lo dijeron en el
mercado donde trabaja.
La hipótesis de que el bote estaba accidentado en
Cariaquito duró dos días sin que se hiciera una inspección de patrullaje por la
zona indicada. Los pescadores que habían salido a buscar al Ana María volvían
sin hallazgos. Ya el 18 de mayo se hablaba de una desaparición, pero
formalmente no había respuesta de autoridades.
Yoselyn López, hermana de Giovanny López, llegó a
Güiria, procedente de Caracas, el domingo 19 de mayo y evidenció que "solo
Protección Civil estaba ayudando a la comunidad, pues eran los mismos
pescadores los que buscaban a la gente".
Al quinto día, finalmente se activó la búsqueda
oficial. El informe de ONSA registra un mensaje de emergencia, el lunes 20 de
mayo, a las 10:27 am en el que el coordinador de Protección Civil, Manuel
Gustavo Acuña, reportaba “que desde el día jueves zarpó una embarcación de nombre
Ana María, donde al parecer según información de familiares un total de 25
tripulantes con destino a la isla de Trinidad y Tobago, la cual debió tocar
tierra trinitaria el jueves en horas de la noche, siendo negativo en ingreso de
esta embarcación y sin ningún reporte de la misma por tal motivo se presume el
naufragio de dicha embarcación”.
En entrevista con TalCual, un
supervisor (identidad reservada) del INEA ubicado en Carúpano aseguró que esta
dependencia nunca recibió el llamado de alerta ni la orden de activación de
SAR, ni el 23 de abril con el bote Jhonaily José -aunque hubo evidencias de
posible naufragio y rescatados- ni tampoco después del 16 de mayo cuando se
perdió el Ana María. "No contamos con suficientes buques de rescate,
además de que el área de Güiria está muy alejada y resultaba más efectivo que
salieran los barcos pequeños que ya estaban en la zona", explicó el
funcionario.
Jhonny Mattei, padre de Yodelvis, recuerda que pudo
hablar con “Moncho” la noche del viernes 17, cuando el hombre cambió la versión
y les dijo que los viajeros habían sido apresados por autoridades trinitarias.
Desde entonces no volvió a responder.
Ese mismo día fue hallado el único rescatado del Ana
María. Robert Richards, un pescador que vive en las Islas Vírgenes, navegaba a
30 millas náuticas de Trinidad cuando vio a un hombre en el agua, flotando con
un chaleco salvavidas y abrazado a una pimpina de gasoil. Lo auxilió y llevó a
Granada, donde fue ingresado en un hospital.
El hombre resultó ser Alberto Abreu, capitán del Ana
María, quien afirmó ser venezolano y haberse salvado por ser buzo experto,
según dijo a las autoridades granadinas. El 20 de mayo, el diputado Carlos
Valero distribuyó una fotografía de Abreu siendo rescatado en el mar, y condenó
la "insultante falta de información oficial".
Mientras
estaba en el hospital, Abreu pidió asilo político, pues dijo ser un perseguido.
Pero funcionarios de Granada descubrieron que el hombre tenía un régimen de
presentación ante tribunales venezolanos después de haber estado preso en
Güiria acusado de trata de personas. El 25 de mayo, el ministro de Seguridad
Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, informó que Abreu se había fugado
del hospital.
El jefe de misión en la Embajada de Venezuela en
Trinidad y Tobago, Carlos Amador Pérez Silva, estaba al tanto del rescate de
Abreu porque esta información fue constatada por el diputado Alcalá, quien
señala que entonces la fuga fue negligencia, “por decir lo menos, porque
tampoco se activó un alerta para su captura”.
El operativo de búsqueda del Ana María duró menos días
que el del Jhonaily José. No hubo rescatados, ni indicio alguno de lo ocurrido.
A los ocho días, cesó sin que se hiciera de manera oficial. La lista de
víctimas entonces se hizo una y, al terminar mayo de 2019, los 60 nombres
empezaron su peregrinar juntos contra el olvido.
“Los cuerpos de seguridad no investigaron los
despachos y zarpes otorgados por la Capitanía de Puerto y el Seniat a la
embarcación, quién los firmó, por qué no hay respuestas sobre las denuncias de
que estas autoridades cobran hasta 500 dólares por embarcación sin importar las
condiciones al momento del zarpe, ni mucho menos las vidas humanas en peligro.
Aquí están involucradas autoridades civiles y militares”, afirma el diputado
Alcalá detallando las violaciones a la Ley de Comercio Marítimo que prohíbe el
traslado de personas y viajes en botes dedicados a la pesca artesanal, mucho
menos si sobrepasan su capacidad de carga.
La comisión investigadora de la Asamblea Nacional
solicitó que se hiciera una auditoría a la Capitanía de Puertos y al Comando de
Guardacostas que funciona en Güiria. “No hubo ni siquiera un cambio de mando.
Los que estaban nunca fueron investigados y allí siguen operando tranquilos.
Esto lo único que produjo es que aumentaran los zarpes ilegales y que ampliaran
su zona de acción porque ahora las mafias también operan desde el puerto de
Irapa (a 40 kilómetros de distancia de Güiria) y durante la amnistía que
anunció Trinidad (entre junio y agosto de 2019) se triplicó la salida de
botes”, señala el parlamentario.
Para este trabajo, TalCual acudió
a la Capitanía de Puertos en Güiria con el fin de obtener información sobre los
protocolos de rescate y cuál era la cadena de mando que debió asumir
responsabilidades en ambos casos. No hubo respuesta en el lugar. El único
comentario fue que la solicitud debía hacerse ante el Instituto Nacional de
Espacios Acuáticos, con sede en Caracas. El personal de custodia de la GN
asentado en el muelle principal de Güiria no permitió el acceso al área en la
cual también funciona la Aduana Principal del Seniat.
El departamento de prensa del Ministerio Público con
sede en Caracas tampoco respondió a las solicitudes de información realizadas
desde septiembre de 2019.
Mientras en Cumaná tres familias llevaban ocho días
empujando una búsqueda que ni siquiera arrancó, 24 horas antes de que el bote
Jhonaily José saliera al mar, Melitza Montaño ya anticipaba la angustia que
sufrirían otras 28 familias: su hija Yocselis Rojas, de 20 años, desapareció en
el propio pueblo. A la joven la vieron por última vez el 22 de abril de 2019, a
las 7:00 de la mañana.
Melitza fue a comprar comida cuando un vecino le avisó
que Yocselis había salido de la casa junto a Yuleidy Lezama, alias “La Yulita”,
de unos 25 años y conocida en el pueblo por su reputación de “guardadora” -una
persona que se encarga de cuidar o esconder a las muchachas que llegaban de
otros lugares. También iban Estéfani Flores y Dieglismar Betancourt, la
adolescente de 16 años que murió durante el “naufragio”.
Montaño no pasó por la policía municipal, ni se acercó
al destacamento de la GN ubicado en el centro del pueblo de 598 km2.
Fue directo hasta la casa donde vivía la mujer y en el que la comunidad veía
entrar y salir jovencitas a toda hora. “Tu hija va a estar bien porque le
busqué un marido millonario”, cuenta de aquella discusión del lunes 22 con “La
Yulita”.
Estaba en la entrada de la casa y podía jurar que
Yocselis la escuchaba, gritó e intentó entrar a la fuerza pero no pudo. Pasó de
la ira al llanto, de la súplica a la impotencia. “Quédate tranquila, mira que
yo no voy a perder mis reales. Ese negocio ya está hecho”, le dijo “La Yulita”.
Si la quería de vuelta, debía pagar 200 dólares.
Melitza aceptó pagar y la mujer se alejó para hacer
una llamada. “La Yulita” le dio un recado de Beatriz Elizabeth Alcalá, quien a
la postre fue una de las 18 personas detenidas luego de denunciarse el
naufragio y una de las nueve que aún permanecen presas. En la supuesta negociación
también aparecía Luis Daniel Hernández, a quien apodaban “El bebé”, habitante
de Güiria.
Montaño regresó la mañana del 23 de abril, día del
zarpe. Esta vez Lezama le permitió escuchar una nota de voz de un hombre no
identificado que reclamaba en el audio que “las mujeres no habían llegado y que
no estaba dispuesto a perder su plata”. Ya no había negociación posible.
Casi a la misma hora, Anabelle Aguilera, de 24 años,
recibía la confirmación de que por fin navegaría ese día, un zarpe pospuesto en
tres oportunidades desde el viernes 19 de abril. En el mercado, consiguió a un
conocido llamado Richard (se desconoce el apellido) a quien le dijo que esa
noche se iría a Trinidad según acuerdo alcanzado con alias “Noelito”. Su
hermana mayor residente en Trinidad le pagaría el viaje cuando llegaran a la
isla.
“No te vayas en esa lancha, espera otro viaje porque
ese bote está vendido”, le respondió Richard. Anabelle no le creyó y a las 8:00
de la noche estaba en el muelle con seis amigas más con quienes viajaba. Cada
una debía pagar 300 dólares para montarse en el bote pesquero Jhonaily José.
El silencio de las sobrevivientes
Ninguna de las 27 mujeres que viajaban en el Jhonaily
José abordó sola. Iban en grupos de seis, de tres o en parejas. La mayoría se
conocía porque vivían en Güiria, a excepción de las tres adolescentes que
habían llegado desde Cumaná.
Anabelle Aguilera viajaba con Daniamis Medina,
Angélica Mata y las hermanas Ruth, Melany, Zulma y Yusmarys Patinez. En otro
grupo se acompañaban Yocselis Rojas, Estéfani Flores y Dieglismar Betancourt.
Yubreilis Merchán, una de las sobrevivientes, asegura que fue su amiga Yocselis
quien le dio el dato para que se fueran juntas esa noche, y se unió al grupo.
Yeukaris
Sifontes había coordinado para irse con Francelis Blandín. Su madre relata que
esa mañana llegó un muchacho que trabajaba en el muelle con una bolsa de comida
que le entregó en nombre de su hija “para mí y el niño”, recuerda Eukaris
Alcalá, quien desconocía que su hija se iba a Trinidad y le dejaba a cargo al
pequeño de tres años de edad. La comida era una especie de “adelanto” del
dinero que un captador del pueblo le había ayudado a conseguir a Yeukaris para
que se fuera.
Quienes acompañaron a las mujeres que hicieron el
embarque en el muelle frente a Guacharaco recuerdan que al llegar uno de los
lancheros le dijo al capitán “aquí van 12 mujeres a nombre de Beatriz Alcalá”.
A Yoskeili Zurita la abordó un sujeto apodado “Nano”
que fue detenido por la Fiscalía e identificado como Deyson Alleyne Pimentel,
de 28 años y vinculado a Beatriz Alcalá. Una joven de 19 años, pariente de
Pimentel también fungía de captadora. La oferta para que Yoskeili se fuera era
que al llegar a la isla podría comprar mucha comida y mandarle a su familia.
Los familiares hacían la reconstrucción de lo que
ocurrió para armar las piezas que la Fiscalía no ha terminado de unir. Yanira
Medina, hermana mayor de Daniamis Medina, fue una de las que intentó ingresar
al Hospital de Guiria para hablar con los principales testigos de lo que
ocurrió porque las contradicciones cada vez eran más evidentes.
Pero la custodia de los fiscales, de la policía
municipal y de la Dgcim les impedía siquiera acercarse a los rescatados. “Una
mañana nos encontramos con la mamá de una de las sobrevivientes pero la señora
nos evitaba. Iba a buscar a su hija. La muchacha se acercó y nos dijo que los
lancheros apagaron los motores en el mar y unas motos de agua los rodearon,
llegaron unos hombres con armas largas hablando en inglés y amenazando, y en la
gritería ellas se lanzaron al agua”, detalla Medina del relato que les contó la
sobreviviente cuyo nombre desconocen.
Cuando quisieron ahondar en más datos, un grupo de
funcionarios la apartó del grupo y la llevó hasta el carro donde la esperaba su
familia. La joven no dijo cómo se llamaba y ellos no la reconocieron como
alguien del pueblo. “Después se nos acercó un policía y dijo que no le
prestáramos atención porque ella estaba muy afectada. ‘La loquita, la loquita’,
le decían. Y ella no estaba nada loca, hablaba muy coherente”, agrega Melitza
Montaño, madre de Yocselis Rojas.
En ese grupo de sobrevivientes estaba una testigo de
primera mano para una de las familias: la sobrina de Daniamis Medina, Angélica
Mata, quien fue rescatada porque nadó junto a Yubreilis Merchán hasta el
promontorio de rocas de la Isla de Patos. Allí las encontró el padre de los
hijos de Merchán, un pescador de la zona, el jueves 25 de abril alrededor de
las 8:00 de la mañana.
Desde que Angélica salió del hospital evita contar lo
vivido. Pasado más de un año de aquellos eventos, accedió a hablar con TalCual.
Su versión -aunque escueta- coincide con la de las otras mujeres rescatadas:
una primera ola estremeció el bote sobrecargado, lo que ocasionó que se
apagaran los motores. Luego una segunda ola los volteó y cayeron todos al agua.
No se explica por qué no hay rastros de otros cuerpos, y su hipótesis se basa
en una corazonada: las muchachas se ahogaron y murieron.
Angélica relata que en medio de la desesperación trató
de nadar para alejarse del resto pues las personas se hundían entre sí para
intentar salvarse. Afirma que las mujeres se quitaban la ropa porque los jeans
y los zapatos les hacía difícil mantenerse a flote. Nada de eso fue hallado.
Tampoco atendió gritos del capitán que les indicaba
que se dejaran llevar por la corriente. “Apenas veía una sombra en el mar pero
nadé hasta allí. No sabía que eso era una isla. ¿Si me dejaba llevar por la
corriente a dónde me iban a encontrar?”.
La muchacha cuenta que solo siguió su instinto y se
alejó hasta llegar al punto donde la rescataron dos días después: la Isla de
Patos. Niega haber visto o escuchado alguna otra embarcación o motos de agua.
Su relato no se detiene en detalles. Solo reitera que
está viva “gracias a la misericordia de Dios”. De las sospechas de que las
mujeres que la acompañaban eran llevadas a Trinidad como víctimas de trata,
dice no saber nada.
Yubreilis Merchán, por su parte, recordó lo vivido
en dos
entrevistas meses después de los hechos. Aunque accedió inicialmente a
conversar con TalCual, luego cambió de parecer y se negó a
atender a la entrevista pautada.
Las versiones de Merchán y de Mata de que el bote se
volteó por el oleaje se asemejan a las de otras dos rescatadas, Oriana
Katherine Díaz y Yoskeilis Zurita, quienes señalan que fueron abordadas en el
pueblo por un hombre que les ofreció llevarlas a Trinidad a cambio de comida y
dinero. La última lo identificó como “Nano”, quien la habría conducido a un
hotel del pueblo la noche antes de viajar, donde estuvo encerrada con otras
jóvenes.
Los cuerpos de rescate consiguieron a los
sobrevivientes del Jhonaily José cerca de trozos de anime, madera y algunas
pimpinas de gasolina. Pero no así el resto del bote y ningún cuerpo de los 28
que faltan.
Un trabajador del INEA en la sede de Carúpano explicó
a TalCual que la corriente en Boca de Dragón entra y
sale del golfo de Paria cada seis horas aproximadamente. En ese punto confluyen
el océano Atlántico y el mar Caribe. Si el resto de las personas a bordo que
cayeron al agua no pudo sobrevivir, los cuerpos han debido aparecer llevados
por la corriente en lugares como Cabo Tres Punto, y hubiesen llegado a las
costas de Carúpano.
El
diputado Robert Alcalá lo dice sin ambages: “a esta embarcación (Jhonaily José)
le desmayaron los motores para llamar a la gente que iba a recibir a las
mujeres en Trinidad y algo salió mal”. En el caso del Ana María el
parlamentario señala que el mayor indicio de que es un caso de trata es la
desaparición completa del bote del que ni siquiera quedó evidencia física.
Nunca a salvo
Así como Melitza Montaño perdió de vista a su hija
Yocselis en las mismas calles del pueblo de apenas 598 km2,
Yoskeilis Zurita y su prima Inés Araujo fueron escondidas la noche antes del
zarpe en hoteles ubicados a escasos metros de sus casas.
Zurita, entonces adolescente de 16 años, fue una de
las nueve rescatadas a las que la fortuna les sonrió. Pero solo durante un año.
Cuando su suerte cambió, por segunda vez las autoridades miraron hacia otro
lado.
“Su mamá señala que sujetos entraron a su casa el
jueves 19 de marzo y se llevaron a su hija de 17 años, además de golpear al
resto de la familia. El sector donde residen es conocido como La Colombina”,
detalló el diputado Robert Alcalá, quien hizo público el secuestro el 13 de
mayo de 2020 a través de su cuenta Twitter.
Alcalá narró a TalCual que
Keyla Cedeño, madre de la joven, había recibido amenazas de muerte desde que su
hija fue rescatada, y que el hermano de Carlos Laffont -pasajero del Jhonaily
José rescatado y luego apresado por trata- se acercaba cada cierto tiempo a la
casa de Yoskeilis para invitar a la muchacha a acudir a la Comandancia de la
Guardia Nacional (GN) pues el detenido quería hablar con ella. Zurita nunca
atendió la invitación del mensajero, quien es funcionario de la GN.
En diciembre de 2019, una mujer del sector apodada “La
Chicha” golpeó en su propia casa a Keyla, quien presentó la denuncia ante la
fiscalía de Güiria pero nadie le prestó atención. El 19 de marzo de 2020,
cuatro hombres, entre ellos uno a quien apodan “Oscarito”, llegaron a su hogar
y armaron una trifulca. En medio de la golpiza, Cedeño corrió hasta el comando
de la GN para pedir ayuda. Cuando regresó acompañada por uniformados, Yoskeilis
ya no estaba. Unos vecinos le informaron que una chica apodada “La flaca”,
amiga de la desaparecida, se la había llevado junto a los hombres.
Durante horas recorrió el pueblo buscándola, sin
éxito. En la noche, escuchó que estaba escondida en una casa de la hermana de
“Oscarito” en el sector Sol Paraíso, pero tampoco pudo ubicarla. Al día
siguiente, viernes 20 de marzo de 2020, le avisaron que habían visto a la
adolescente abordar un bote en el muelle.
Por tercera vez Cedeño acudió a las autoridades, pero
ni siquiera le tomaron la declaración porque aducían que la joven “se había ido
porque quiso”. Al presentarse ante el fiscal Julián Azócar, la respuesta que
consiguió fue “Keyla, vamos a dejar eso así”.
Una semana después, afirma, en un operativo del Cicpc,
resultaron muertos tres de los hombres que se llevaron a Yoskeilis. Solo quedó
vivo “Oscarito”.
La madre de la joven ya no duerme en su casa, donde la
intimidación no cesa. Confiesa que ha podido hablar con su hija apenas dos
veces desde marzo. Fueron conversaciones escuetas, casi en monosílabos, con
palabras sueltas. En uno de esos diálogos, Yoskeilis alcanzó a decirle: “Estoy
bien, estoy comiendo. Pero me vendieron, mamá. Me vendieron por 300 dólares y
tengo que pagarlos si me quiero ir”.
Unas averiguaciones por parte de las autoridades
pudieran conducir al paradero de la adolescente, pues su historial reciente en
la red social Facebook muestra que el 27 de marzo de 2020, ocho días después de
haber sido sacada a la fuerza de su hogar, registraba que estaba en Trinidad.
Incluso, en un comentario publicado, le respondía a un amigo que estaba en la
isla. Luego, el 8 de abril, Yoskeilis Zurita
repitió su ubicación en una respuesta dada a otra amiga.
Desde esa fecha no ha vuelto a interactuar a través de
las redes sociales. Pero su perfil público ha recibido sucesivos “Me gusta” y
comentarios por parte de cuentas de hombres identificados como trinitarios y
usuarios de plataformas que ofrecen servicios sexuales desde las cuentas de
Facebook e Instagram @Trinidad_million_mafia.
Denuncias, filtraciones
y amenazas con salitre
El 13 de mayo de 2019, Kelly Zambrano llegó a Güiria
procedente de Rubio, estado Táchira, en el extremo opuesto del país, siguiendo
las indicaciones de Romy María Martínez Rodríguez, quien la convenció de irse a
Trinidad para tomar un trabajo con remuneraciones superiores a los 1.000
dólares mensuales. La coordinación la había hecho Ramón Franco Martínez, alias
"Moncho", para abordar el bote Ana María, matrícula ARSI–CA0029, que
zarparía tres días después.
Desde el pueblo costero, Kelly llamó a su hermano Jeison
Gutiérrez para informarle que estaba en el Hotel Plaza. Él confirma que fue a
Ramón a quien le transfirieron 200 dólares para costear el viaje pues era el
encargado de coordinar con Alberto Abreu, el capitán del peñero.
Zambrano estuvo en el Hotel Plaza, con otras jóvenes
que iban a viajar, y a las que se les prohibía salir. Luego fueron cambiadas al
hotel Timón de Máximo, según pudo decirle a su hermano cuando logró llamarlo.
Un motorizado les llevaba la comida hasta la habitación, y les impedían hablar
con sus familias. Cuando Kelly habló con él le dijo que quería irse “porque
tenía miedo”, recuerda Jeison Gutiérrez.
La última vez que hablaron fue antes del zarpe, la
tarde del 16 de mayo. Pasaron las horas, más de las debidas según el trayecto.
Entonces Jeison llamó a Romy. La respuesta de la mujer fue tajante: “no sé nada
de ella, se hundió la lancha y todos murieron”.
Gutiérrez, de 29 años, juntó dinero de amigos y
familiares para viajar hasta Güiria, a donde llegó el martes 21 de mayo. Acudió
de inmediato a la oficina de la Guardia Costera para denunciar lo que sabía.
Hasta entonces no había hablado con más nadie del
asunto. Pero cuando se dirigió al muelle donde estuvo su hermana, dos sujetos
lo abordaron y lo amenazaron. Los pudo fotografiar.
“Me dijeron que me iban a meter una pepa de plomo (un
tiro con arma de fuego) porque estaba entorpeciendo su trabajo, y que lanzarían
mi cuerpo al mar, porque a los bocones los callaban así. Me dijeron que me
daban un día para salir del pueblo”, cuenta. Ya en Güiria había revuelo. Los
diputados la Asamblea Nacional Robert Alcalá, Milagros Paz y Carlos Valero
estaban haciendo preguntas en la localidad.
Jeison fue hasta el Hotel Plaza donde se enteró que
los libros de la recepción nunca registraron a Kelly. Entonces contactó al
alcalde Ander Charles. "Me monté en el carro a hablar con él y nos
persiguió un carro que luego nos interceptó. Un escolta del mismísimo alcalde
me ayudó a salir y me tuvieron que resguardar en el hotel Laguna Azul para
pasar la noche con mucha gente de seguridad, porque el alcalde temía que nos
mataran", relata.
Según Gutiérrez, el propio jefe municipal le confesó
que no podía ayudar mucho "porque él mismo había recibido más de diez
amenazas". Ander Charles no atendió solicitudes de entrevista hechas
por TalCual en noviembre de 2019.
El 22 de mayo, una fiscal del Ministerio Público buscó
a Gutiérrez y lo condujo al muelle con los guardacostas, donde estaban
sesionando los diputados que conforman la comisión investigadora de la AN:
Robert Alcalá, Carlos Valero, Milagros Paz y Denncis Pazos.
“Convencimos a Jeison de que saliera del pueblo porque
corría peligro y por eso lo sacamos del lugar al día siguiente”, recuerda
Alcalá, quien sabe directamente que las amenazas no son un asunto menor en este
caso. “Yo mismo he recibido amenazas a través de mis cuentas en redes sociales
y en mi teléfono por parte de una persona dueña de uno de los hoteles que está
vinculado a estas mafias, y sin embargo ni siquiera ha sido imputado aunque
sabemos quién es”.
Las amenazas motivaron al hermano de Kelly Zambrano a
solicitar medidas de protección a la Fiscalía General en Caracas. Un año
después no han sido otorgadas.
Mientras tanto, en el pueblo el aire sigue pesando
tanto como las miradas amenazantes hacia los foráneos. En pocos minutos
cualquier pregunta que remueva los hechos, incomoda y cierra puertas. En las
entrañas de los hoteles mencionados se repite el silencio. Ningún empleado
accedió a conversar con TalCual sobre las acusaciones
de ser sitios para “guardar” mujeres y menores de edad.
TalCual evidenció
que el Hotel Plaza -reseñado en el expediente de la Fiscalía- queda a unos 100
metros de la sede de la Comandancia de la Guardia Nacional, las ventanas de
ambas edificaciones dan hacia la misma esquina, la instalación militar tiene
visibilidad frontal hacia un lateral del parador, y solo los separa una vía y
dos aceras por donde solo se puede transitar a pie por tratarse de una zona de
seguridad.
Se teje una madeja judicial
as irregularidades que desembocaron en el naufragio
del bote Jhonaily José impulsaron una investigación del Ministerio Público (MP)
que comenzó dos días después del hecho. El viernes 26 de abril la Fiscalía
Tercera regional ordenó 18 detenciones, entre quienes estaban dueños y
empleados de los hoteles Miramar, Timón de Máximo y Plaza que fueron señalados
como sitios para “guardar” a las jóvenes.
La mayoría de los empleados quedó en libertad y el
martes 30 de abril trasladaron hasta el Circuito Judicial de Carúpano, ante el
Tribunal 5to de control, a nueve personas. Desde el primer momento los cargos
señalados eran trata de personas y asociación para delinquir.
Los detenidos eran Beatriz Elizabeth Alcalá, de 46
años; Deyson Alleyne Pimentel, de 28 años; Daniela Luces Pimentel; de 19 años;
Ornella Martínez Marcano, de 26 años; Yaritza Morales Romero, de 22 años;
Dignora Romero Zapata, de 40 años; e Ingrid Martínez Marcano, de 28 años.
Adrián Eduardo Pacheco Gómez y Carlos Laffont estaban
a bordo del bote y habían sido rescatados, pero mientras permanecían en el
Hospital Andrés Gutiérrez Solís, de Güiria, efectivos de la Dirección de
Contrainteligencia Militar (Dgcim) se los llevaron detenidos porque fueron
señalados de haber sido “cuidadores” de las jóvenes.
Las contradicciones rodean la identidad de los
involucrados. Yubreilis Merchán, una de las sobrevivientes, aseguró tres meses
después del naufragio a la periodista Nairobis Rodríguez, que se había
encontrado casualmente a Yocselys Rojas el martes 23 de abril en la mañana. “Si
quieres aprovechar, ve a las 6:00 de la tarde al muelle del medio y pregunta
por Julio, el capitán”, le habría dicho.
En la lista oficial de la minuta aparece Julio
Carrión, a quien identifican como capitán y hay otro Julio de apellido Pacheco,
que sería otra identidad de la misma persona. Ninguno de los detenidos por
orden del Ministerio Público se llamaba Julio.
Las autoridades sí apresaron a alguien de apellido
Pacheco pero de nombre Adrián, a quien identificaron como uno de los lancheros,
y quien además al llegar al hospital dijo que se llamaba Ángel José sin dar
apellidos. No fue el único en usar nombres falsos.
El primer rescatado había sido Francisco Martínez,
cuyo nombre real es Ramón Franco Martínez, alias “Moncho”, quien según las
investigaciones llevadas por la Fiscalía era el verdadero capitán de la
embarcación. Es uno de los imputados en el expediente del caso al que TalCual pudo
tener acceso.
La segunda rescatada aparece con el nombre de Yusmary
Lezama. Nadie la había reclamado y los familiares de las víctimas aseguran que
se trata de Yuleidy Lezama, alias “La Yulita”, quien nunca abordó la
embarcación y permaneció en Güiria hasta casi un mes después del supuesto
naufragio, cuando puso su casa a la venta. Desde entonces nadie sabe de su
paradero. Una fuente policial de Güiria la señaló como “una peluquera
involucrada que se dio a la fuga”.
Lezama no fue detenida a pesar de ser acusada
directamente por Melitza Montaño, quien asegura que esta mujer le exigió 200
dólares para devolverle a su hija 24 horas antes de que zarpara el bote.
También por Anyibel Aguilera, hermana menor de Anabelle, quien afirma que una
semana después del naufragio, “La Yulita” le dijo “a ti también te pueden
comprar a buen precio porque eres bonita y flaquita, tienes buen cuerpo. Si te
compran puedes sacar unos buenos reales”. Estos familiares fueron entrevistados
por la Fiscalía.
Tres expedientes convertidos
en uno
El 2 de mayo, cerca de Bohordal, a 80 kilómetros de
Güiria, la Guardia Nacional detuvo en una alcabala un carro en el que viajaban
cinco adultos y tres menores de edad. Franklin Tulio Marcano Belmonte, de 42
años; José Manuel Marcano Mass, de 49 años; y Luisanny del Carmen Villarroel
González, de 29 años, fueron aprehendidos cuando iban en un vehículo con dos
mujeres y tres adolescentes sin pasaportes ni documentación. Iban camino a
Güiria.
Este grupo de jóvenes rescatadas nunca llegó al
pueblo. Las tres personas que las trasladaban en el vehículo detenido por la GN
señalaron a dos hombres más que las estaban esperando.
Al día siguiente, las autoridades buscaron a José
Francisco Orfila, de 47 años, y a Henry Mata Goitia, de 54 años, en el poblado
Río Salado, en los alrededores de Güiria, quienes fueron mencionados como los
encargados de gestionar una lancha que llevaría a este grupo de mujeres hasta
Trinidad. Pero para ese momento solo habían pasado nueve días desde la
desaparición del primer bote y con el revuelo y el operativo de rescate aún
activo, los zarpes habían sido suspendidos.
Sin embargo, con la declaración de los involucrados la
fiscalía tuvo suficientes elementos para imputar a las cinco personas el delito
de trata de mujeres y adolescentes, a tres en la modalidad de transportadores,
y a Villarroel y Marcano en la modalidad de acogedores.
El relato está contenido en el mismo expediente de
Fiscalía que registra la desaparición de los botes Jhonaily José y Ana María, y
al cual TalCual pudo tener acceso en noviembre
de 2019. Se determinó que los tres hechos formaban parte de la misma trama,
pues en el episodio de Bohordal fueron mencionadas personas relacionadas con la
primera embarcación y que estaban libres cuando desapareció la segunda.
Una de ellas fue Ramón Franco Martínez, alias
“Moncho”. Se trata del capitán del primer bote, quien estuvo detenido en la
Comandancia de la GN en Güiria pero dos semanas después fue liberado mientras
seguían las averiguaciones lideradas por la fiscal Eunilde López, en Carúpano.
Una vez libre, “Moncho” fue quien recibió a Kelly
Zambrano, de 19 años, el 13 de mayo en la población costera e hizo el cobro de
200 dólares para subirla al Ana María, matrícula ARSI–CA0029, que estaría
capitaneado por Alberto Abreu, según confirma el hermano de la muchacha Jeison
Gutiérrez.
“Moncho” también fue el contacto de Yodelvis Mattei,
habitante de Güiria, quien acordó pagarle 500 dólares para abordar sin
pasaporte. Al igual que de Winder Blanco y Franklin Cordero que viajaron
desde Caracas. Se conocían porque aquél había sido la persona que los trasladó
en marzo de 2019, cuando por primera vez ambos habían intentado ingresar
ilegalmente a Trinidad.
Los deportaron pero las autoridades trinitarias no
siguieron los procedimientos regulares y enviaron de vuelta a los pasajeros en
el mismo bote y con el mismo lanchero con el cual habían navegado:
“Moncho”.
Como el viaje ya estaba pago, el hombre acordó con
Winder y Franklin que regresaran a Caracas porque él iba a coordinar un segundo
intento para llevarlos. La nueva fecha fue el 16 de mayo.
Winder y Franklin llegaron junto a Giovanny López
desde Caracas directo a Guiria para irse en ese viaje a bordo del bote Ana
María.
La Fiscalía en su laberinto
Los parientes de las 60 personas conformaron un único
Comité de Familiares de Desaparecidos en Güiria. Durante 2019 se entrevistaron
con la fiscalía 3ra regional en Carúpano a cargo de Eunilde López; con la
fiscalía superior del estado Sucre, con sede en Cumaná, en manos de Danny
Zambrano, y finalmente con los fiscales 79 Romny Osorio y 82 nacional con
competencia en defensa de la mujer, Pedro Luis Rojas Caraballo; los últimos
escalafones antes de llegar al despacho del Fiscal General de la República
designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab.
El 26 de noviembre de 2019, se anunció la creación de
fiscalías especializadas para trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Los escuetos datos aportados ese día por Saab refieren que desde 2017 hasta
2019 había 71 personas acusadas por trata de personas en el país.
Lo que se podía interpretar como un avance terminó
siendo un viaje en círculo. Cuando el Comité acudió a la sede de Interpol en
Caracas, en diciembre de 2019, para preguntar por qué Alberto Abreu seguía
libre y sin una búsqueda, fueron notificados de que la Fiscalía no había
compartido la información necesaria para activar las alertas correspondientes.
Ocho meses sin el alerta amarilla para los
desaparecidos. Siete meses sin el alerta roja para Abreu que sumaba dos órdenes
de captura.
Fuentes internas de Fiscalía revelaron a TalCual que,
en el expediente del caso, Alberto Abreu es el segundo imputado con cargos por
trata de personas después de Ramón Franco Martínez, “Moncho”, quien permanece
detenido en la Comandancia de la GN en Güiria.
Otra de las involucradas que figura en el expediente
como imputada y detenida es una menor de edad, identificada como María, que
está en un centro de detención en Carúpano. Los nueve detenidos iniciales
siguen en el mismo sitio de reclusión desde abril de 2019: nunca salieron de la
Comandancia de la GN Güiria, el mismo centro de operación de las mafias,
detalla el diputado Alcalá.
“La investigación sigue sin moverse. Aún está en fase
de control. La audiencia preliminar debe hacerse a los 45 días de la
presentación y allí es cuando se decide si pasan a juicio en los tribunales,
pero eso no ha ocurrido. No ha habido voluntad política para atender este
caso”, señala Alcalá en relación al estatus después de un año.
Más allá de este grupo de detenidos, en el expediente
de Fiscalía no aparece alias “Noelito”, ni Héctor Torres, que figura en la
lista de desaparecidos y fue rastreado por el Conas como el dueño del teléfono
desde el cual salían las llamadas en el caso de las jóvenes del Jhonaily José;
ni tampoco alias “Richard” que sabía detalles de la presunta venta del bote. No
hay mención alguna a la participación de “La Yulita”.
De alias “Noelito” hay un rastro fácil de seguir. Fue
el contacto de Luisa Marín (29) y Deiker Marín (19), tía y sobrino, para irse a
Trinidad donde los esperaba Luis Montaño, un familiar que dos meses antes usó
la misma ruta para salir de Venezuela luego de haber coordinado el viaje con el
mismo lanchero.
La familia contactó a “Noelito” porque se suponía que
“era de confianza”. Como no tenían para pagar los 300 dólares que costaba un
puesto en el peñero negociaron con él, como ya antes lo había hecho Luis
Montaño: valorizando objetos. Por el viaje de Luisa y Deiker entregaron una
planta eléctrica de sonido y cinco cornetas.
Neria Marín, hermana de Luisa y tía de Deiker, relata
que la salida se concretó a última hora porque Fran Hernández, el amigo con el
que viajaban, les dijo el mismo 23 de abril de 2019 que no viajaría pues no
había quien lo recibiera aquella noche en Trinidad.
Sin embargo, “Noelito” llamó a las 6:00 de la tarde.
Neria Marín relata que les ofreció a Deiker y a Fran Hernández una casa en la
isla donde podrían permanecer por dos días. Por eso aceptaron navegar.
Daniela Fuentes, otra hermana de Luisa, los acompañó
al muelle que llaman “el del medio”, donde abordaron. Cuenta que estuvo con
ellos hasta las 10:00 de la noche, y que en el lugar estaba “Noelito” y también
funcionarios de la Guardia Nacional.
Pasadas varias horas de iniciado el periplo, hubo
inquietud por el destino de la barca. Entonces las parientes de Luisa Marín
llamaron a “Noelito”, quien al principio les decía que no sabía nada y que
intentaría comunicarse con personas en Trinidad para saber si el peñero había
llegado.
“Cónchale, Neria, hay un bote preso y otro que se
hundió. Dios quiera que el de nosotros sea el que está preso. Yo estoy llamando
para allá. Vamos para el muelle”, le dijo el hombre a la tía de Deiker pasado
el mediodía del 24 de abril. Habían pasado 12 horas desde el zarpe.
A esa hora ya estaba Daniela Fuentes en el mismo
muelle que visitó antes, a donde Neria acudió poco después. Funcionarios del
INEA habían informado que se estaba habilitando el rescate para buscar la
embarcación, y las mujeres vieron llegar los primeros dos rescatados. No pueden
precisar la identidad de ninguno, pero recuerdan la primera versión que dijeron
al pisar tierra: “que el capitán se acercó a la isla pero el policía que lo iba
a esperar no estaba, él se regresó para dar una vuelta mientras llamaba a quien
le iba a dar la entrada a Trinidad, por Boca de Dragón apagó el motor y el agua
se estaba metiendo”, cuenta Neria.
Esta versión coincide con lo que narró Angélica Mata:
el bote ya estaba cerca de Trinidad pero el guía tuvo que dar vuelta hacia
Venezuela para llamar al contacto en la isla. Allí fue cuando una ola inundó el
bote en el que nadie portaba chaleco salvavidas y cuyo perfil era muy bajo pues
además de personas iba cargado con cobre de contrabando.
Un barco fantasma
Alberto Abreu reapareció tres meses después de los
hechos en un video, que publicó en su cuenta de Facebook, afirmando que llevó el bote Ana
María hasta Playa El Cocal, donde habrían estado todos los pasajeros.
“Justamente allí se le entregó a Juan Vega, quien alquiló la embarcación”, dice
en la grabación. Tales datos no fueron atendidos por las autoridades.
Vega también está desaparecido y fue el contacto que
recibió el pago de 1.500 dólares por el grupo familiar de cinco personas que
iban con Marolys Bastardo, embarazada de ocho meses y con sus hijos de dos y
cuatro años a bordo.
Abreu
menciona a un hombre a quien identifica como “Maracucho”, sin dar detalles, y
brinda una explicación a la zozobra. “Cuando íbamos cruzando Boca de Dragón, en
la travesía entre la Isla de Los Patos y Chaca Chacal, dos olas de tres o
cuatro metros nos anegaron el bote y luego le dieron la vuelta. Eso pasó como a
las siete y pico. Un primo mío y yo nos agarramos de las pimpinas; entre la
oscuridad era imposible ver bien qué pasaba. Mientras estuvimos ahí pasaron dos
embarcaciones, les gritamos y silbamos, pero no nos vieron. Entonces nos
propusimos enderezar el bote y empezamos a achicar, pero nunca pudimos”. El
reporte del Instituto Nacional de Meteorología venezolano (Inameh) de ese día
indica que el oleaje era moderado y no superaba olas de 1,8 metros.
Un
informante que solicitó el anonimato le dijo a TalCual, en
una entrevista concedida en junio de 2019, que él iba a bordo del Ana María y
que el acuerdo para llevarlo hasta Trinidad era que consiguiera 15 mujeres. “El
bote no se volteó, apagaron los motores y llegaron unas motos de agua y otro
bote más grande para llevarse a la gente. Un grupo siguió hasta Trinidad y yo
iba allí”.
Varios
parientes de los desaparecidos residen en Trinidad y dicen haber visto a
Alberto Abreu en restaurantes de comida rápida de Puerto España. Aseguran que
hace una vida normal en la isla, aunque fue el ministro de Seguridad de ese
país quien informó sobre su fuga en Granada.
Con este y otros detalles repetidos una y otra vez en
sus cabezas, en febrero de 2020, los familiares de los 60 desaparecidos
volvieron a organizar sus carpetas. De nuevo ante una “primera reunión”, esta
vez con los nuevos designados del caso: el fiscal auxiliar 84 Charlis Frías y
Edmisajal Guillén, fiscal con competencia en derechos humanos.
En el año transcurrido y con todas las protestas en la
entrada del organismo, aún el ruido parece que no ha llegado a lo más alto del
edificio, donde despacha el fiscal general Tarek William Saab, quien nunca se
ha pronunciado públicamente al respecto.
En Trinidad navega el silencio
Cercanos desde la diplomacia, pero lejanos en
cooperación. El gobierno de Trinidad y Tobago es uno de los pocos de la región
que aún reconoce al de Nicolás Maduro como legítimo. Esa relación, no obstante,
de nada le ha servido a los parientes de los 60 desaparecidos que en ambos
países han agotado las instancias oficiales para dar con el paradero de los
suyos, sin obtener sino silencio y omisiones.
Todo ello a pesar de que hay rastros que seguir. En
febrero de 2019, en medio de varios allanamientos, el comisionado de policía de
Trinidad y Tobago Gary Griffith dirigió una operación en la cual se logró el
rescate de 19 jóvenes venezolanas secuestradas en dos casas en las zonas de
Westmoorings y Diego Martin, junto a otro grupo que estaba en un restaurante
chino del sector Woodbrook, todo en la capital trinitaria, Puerto España.
La mayor de las jóvenes encontradas tenía 19 años, las
demás oscilaban entre los 15 y los 18 años de edad. Las encontraron encerradas
en cuartos donde eran obligadas a consumir drogas para mantener relaciones
sexuales por dinero. El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago,
Stuart Young, lo consideró como “la mayor operación de trata de personas y
esclavas sexuales detectada en el país hasta este momento”, especificó en una
rueda de prensa.
Al principio, las autoridades desconocían que eran
venezolanas. No hablaban inglés y las
identificaron como “de habla hispana”, e indocumentadas. Al determinar su
nacionalidad, las jóvenes fueron recluidas en el Centro de Detención de
Inmigración de ese país, en el que permanecen los venezolanos en condiciones de
hacinamiento desde que son capturados entrando ilegales a esa nación. Young
dijo que la División de Inmigración y la Autoridad de Niños había intervenido
en el procedimiento.
“Existe una sospecha de que algunos (ciudadanos) no
trinitenses son quienes atraen a las jóvenes de Venezuela", dijo el
ministro al aclarar que no todos los arrestados eran víctimas. También
aprehendieron a otros 18 sospechosos vinculados con un hombre de nacionalidad
china identificado como Jinfu Zhu, y una mujer venezolana de 23 años de nombre
Solient Torres, quienes fueron acusados de 43 cargos contemplados en la Ley de
Delitos Sexuales de esa nación.
Aunque las autoridades trinitarias señalaron en ese
entonces que había suficientes indicios de que se trataba de un esquema de
trata y esclavitud sexual y había menores de edad involucradas, varias de estas
jóvenes fueron detenidas por el delito de prostitución, como quedó registrado
en varios medios de comunicación de la isla que reseñaron el hecho.
TalCual pudo
conocer que en Trinidad y Tobago el argumento de las autoridades es que hay
muchos burdeles disfrazados de hoteles con jóvenes provenientes de Venezuela,
Colombia, Cuba y República Dominicana, y cuando la policía hace los
allanamientos “las mujeres dicen como defensa que están allí contra su
voluntad, pero no siempre es el caso”, explicó una fuente policial.
Un grupo de las 19 jóvenes fue dirigido a casas de
seguridad bajo custodia del Estado. Pero las informaciones publicadas en los
medios de ese país señalaban que otras fueron al Centro de Detención de Inmigrantes,
aunque la reportería indica que ese centro está copado desde hace dos años, por
lo que a estos detenidos los ponen junto a presos trinitarios, en centros de
reclusión comunes.
Caracas y Puerto España se dan la mano
Una investigación de tres meses que
se publicó en mayo de 2019, realizada por los periodistas Mark Bassant y
Hema Ramkissoon, del diario Trinidad & Tobago Guardian, reveló
cómo los traficantes de personas aprovecharon el contexto migratorio para
captar a adolescentes y mujeres venezolanas que buscan supervivencia económica.
El trabajo periodístico fue publicado cuando el caso
de los desaparecidos de las embarcaciones que partieron desde Güiria, en el
estado Sucre, Venezuela, tenían apenas días de haber ocurrido.
Según los hallazgos, luego del rescate de las 19
jóvenes, otra mujer venezolana de 24 años había escapado de traficantes de
personas y la consiguieron también en la zona de Diego Martin. La policía
persiguió a los hombres por la carretera Solomon Hochoy en el sector Claxton
Bay, hasta detenerlos y comprobar que se trataba de Akeem James, un oficial de
policía de 28 años, y Kevin Houlder de 39 años, un conductor de camión.
La policía tenía registro, desde octubre de 2018, de
un video publicado en las redes sociales en el que se observaba cómo otra mujer
venezolana de 19 años era golpeada en una casa, que luego fue ubicada en la
zona conocida como Debe. El agresor se llamaba Avalon Callender, y la
edificación estaba en Diego Martin.
En mayo de 2019, las autoridades policiales de
Trinidad reconocían a Trinidad & Tobago Guardian que el
problema del tráfico de personas asociado a la esclavitud sexual era masivo y
presentaban indicios de cómo funcionaban las redes: traficantes trinitarios y
venezolanos que captan, transportan y secuestran a las mujeres, por lo general
menores de edad e indocumentadas, que entraban a la isla con la complicidad de
policías corruptos y funcionarios de migración. Unas bandas criminales
asiáticas también aparecen en el esquema que triangula a las mujeres captadas.
Sin embargo desde hace más de un año, incluso antes de
que ocurrieran las desapariciones de los botes que partieron desde Güiria, el
gobierno trinitario tenía nombres y ubicación de las mafias de tráfico de
personas. En marzo de 2019 había reportes de un “sex camp” que funcionaba en el
distrito de Los Iros, una zona agrícola de la isla.
En ese entonces, un equipo de la Fuerza de Tarea de la
policía de Erin registró 22 campamentos en Los Iros buscando un burdel
improvisado con mujeres venezolanas porque habitantes de la zona informaron a
las autoridades que cinco inmigrantes estaban siendo prostituidas por 400 y 500
dólares por hora en campamentos clandestinos. Pero los uniformados no
consiguieron nada. El reporte policial señalaba que los denunciantes dijeron
que las víctimas fueron golpeadas salvajemente cuando la policía de Erin fue
notificada.
En mayo de 2019, el nombre de Vaughn Mieres, alias
“Sandman” apareció en un informe de investigación de las autoridades de la isla
como líder de una red criminal que implica a funcionarios de alto nivel de
ambos países involucrados en el tráfico de mujeres migrantes, adolescentes y
niños para explotación sexual mediante peñeros que cruzan de una costa a otra.
Cada embarcación dejaba ganancias entre 3.000 y 12.000 dólares.
Dos meses después, “Sandman” fue asesinado en su casa,
junto a su esposa y dos escoltas, por un grupo de pistoleros que los emboscaron
y luego huyeron en un bote.
Hay datos pero no resultados
La asesora de políticas y defensa humanitaria de
Unicef en Reino Unido, Melanie Teff, afirmó
a Trinidad
& Tobago Guardian que había entrevistado a unas 50 víctimas
venezolanas que relataron cómo operaban los traficantes.
Esta información y más datos los había recopilado el
Ministerio de Seguridad Nacional trinitario que cuenta con una Unidad de lucha
contra la trata creada hace siete años pero que tiene como resultado apenas 56
personas imputadas y ningún condenado.
Por el lado venezolano, el Ministerio Público creó una
división especializada en el delito de trata en noviembre de 2019, cuando el
fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab afirmó que
había 71 personas detenidas por estos delitos entre 2017 y 2019. “Se trata de
una lucha sin precedentes dentro de esta institución, que en el pasado
invisibilizaba este flagelo, y que une a la sociedad venezolana”, indicó el
funcionario.
La Fiscalía venezolana no permite ahondar en los
datos. Tampoco permite preguntas en las declaraciones de quien la encabeza. Los
Informes de Gestión y las Memoria y Cuenta de los ministerios dejaron de
hacerse públicos en 2015. El del Ministerio Público quedó censurado en 2017
cuando Saab asumió el control.
Carmen Mercedes González, directora de la Oficina
Nacional contra la delincuencia organizada del Ministerio de Interior y Justicia,
reconoció a TalCual que este despacho maneja un
incremento en las cifras de casos de trata y, aunque no está autorizada a dar
datos concretos, señala que nada más entre 2017 y 2018 los casos subieron 25%.
Se refiere solo a denuncias formales ante cuerpos de seguridad. De ese número
el repunte más importante está en la cantidad de niños, niñas y adolescentes:
12% en apenas un año.
Estos datos no reflejan ni la mitad de lo que reportan
los países vecinos que comparten el problema asociado al contexto migratorio
venezolano. El Índice Global de Esclavitud Moderna ubica a Venezuela en el
primer lugar de prevalencia del delito de trata en Latinoamérica, con un
aproximado de 174 mil personas con datos recopilados que llegan hasta 2018.
Una visita viento en popa
En septiembre de 2019, cinco meses después de la
primera desaparición de los botes de Güiria, Nicolás Maduro recibió en visita
oficial de Estado al ministro de Seguridad Nacional y Comunicaciones de
Trinidad y Tobago, Stuart Young.
Antes de la reunión de Young con Maduro, el ministro
trinitario había tenido un encuentro privado con su homólogo venezolano, el
ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol. Luego en el despacho
presidencial participaron el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, y la vicepresidenta
ejecutiva, Delcy Rodríguez, quienes habían recibido al capitán Douglas Archer,
comandante de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.
Ninguno se refirió públicamente al tema migratorio
ente ambas naciones ni a las denuncias sobre trata de personas. Tampoco
hablaron de Alberto Abreu, el capitán del bote Ana María que se fugó de un
hospital en Granada y permanece en Trinidad, donde ha sido visto a pesar de que
sobre él pesa una orden de captura de Interpol, según dijo antes el propio
Young.
Pero en Trinidad y Tobago no está solicitado, como
constató TalCual en la isla. Un reporte policial
trinitario solo registra la fuga de Abreu del hospital al que fue llevado
cuando el estadounidense Robert Richards lo rescató en el mar y lo llevó hasta
Granada. Una fuente policial agregó que es posible que Richards fuese parte del
plan.
La Comisión de investigación de los desaparecidos
conformada por diputados de la Asamblea Nacional venezolana también ha
solicitado en reiteradas oportunidades información al gobierno de Trinidad.
Pero no han obtenido respuesta ni han tenido acceso a los listados de personas
detenidas y rescatadas en los operativos policiales de ese país para verificar
si alguno de los desaparecidos ha sido ubicado, asegura el diputado Robert
Alcalá.
Alcalá incluso solicitó información específica a las
autoridades policiales de Trinidad sobre Luisiannys Betancourt, luego de que su
madre Ana Arias le pidiera apoyo al diputado para servir de enlace y que le
pudieran dar los nombres de una lista de venezolanas que habían detenido en una
redada en la isla, porque en una de sus búsquedas particulares, encontró una
foto publicada en un medio trinitario en la cual observó a una joven muy
parecida a su hija aunque no pudo distinguirla por completo.
La información no la comparten con funcionarios
venezolanos, pero tampoco con los familiares. Quienes tienen parientes en la
isla y los que han podido viajar hasta Trinidad de manera particular, como lo
hizo Jeison Gutiérrez, hermano de Kelly Zambrano, intentaron acceder a los
nombres de los detenidos e incluso siguieron el rastro de un grupo de
venezolanos que fueron hospitalizados en el Hospital General de Puerto España
después de una redada. La respuesta que recibieron es que solo le permitían
verlos si eran familiares directos, pero nada más padre, madre o hijos.
La negación de información es parte de una política
instaurada en la isla. El gobierno de Trinidad no respondió a la petición de
información oficial realizada por TalCual y el
equipo constató en ese país que en los hospitales no dejan entrar a familiares,
ni siquiera si son ciudadanos trinitarios. Los registros tampoco son confiables
y esconden información.
Por ejemplo, se intentó verificar que una joven
venezolana embarazada, presa por haber ingresado ilegalmente al país, perdió su
bebé pues la policía tardó en llevarla al centro de salud. Pero en los libros
hospitalarios no había nada sobre el caso, a pesar de que la mujer estaba
identificada y una ONG conocía el caso. El registro había sido borrado.
Tomado de: https://alianza.shorthandstories.com/desaparecer-en-el-mar/index.html#group-Creditos-EIfYRXXkEV
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