Agencias 03 de febrero de 2021
La
joven pertenece a un grupo de 27 personas detenido en Trinidad y Tobago a
finales de noviembre de 2020 que está preso en Chaguaramas
Un juez del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago
ordenó el martes 2 de febrero la liberación provisional de una joven venezolana
de 17 años y su bebé de cinco meses, quienes estaban en el centro de detención
para migrantes establecido en el helipuerto de Chaguaramas,
La joven y su bebé son parte de un grupo de 27
venezolanos, entre ellos 16 niños, que la Guardia Costera llevó fuera de las
aguas territoriales de la nación caribeña alegando no tener conocimiento de la
orden que ordenaba detener la deportación el 22 de noviembre de 2020. Dos días
más tarde, el grupo regresó y fueron nuevamente retenidos y pasados al
helipuerto de Chaguaramas, refiere EFE.
Un pastor venezolano que vive en Trinidad y Tobago es
quien dijo estar dispuesto a hacerse cargo de la joven y el infante hasta que
su caso vuelva a presentarse en la corte, específicamente ante la juez Carol
Gobin, el lunes 8 de febrero.
También se ha pedido a los abogados de los dos que
brinden información al tribunal sobre los arreglos de alojamiento para los dos
y cómo se cubrirán sus gastos en el futuro. Los letrados habían
presentado una solicitud de recurso de habeas corpus pidiendo su
liberación del centro de detención cuando sus órdenes de cuarentena expiraron
el 15 de diciembre.
El grupo de 27 personas ha estado detenido durante
unos 44 días desde que terminó su cuarentena. En ese tiempo, ha presentado
varias demandas con la esperanza de solicitar el estatus de solicitante de
asilo o refugiado en Trinidad y Tobago. Por otro lado, la justicia de la nación
caribeña ha concedido varias órdenes provisionales que impiden su
deportación hasta que sus reclamaciones sean escuchadas y resueltas por el
tribunal.
La medida judicial en favor de la venezolana y su hijo
ocurre luego de la detención el 28 de enero de un grupo de seis inmigrantes
provenientes de nuestro país y que presuntamente residen en el estado Nueva
Esparta, que ingresaron de forma ilegal a Trinidad y Tobago.
Esta situación en Trinidad y Tobago revive la tragedia
del naufragio suscitado cerca de las costas de Güiria,
estado Sucre, en el que murieron más de 30 personas y que al parecer intentaban
llegar a las costas trinitarias, un evento condenado por la comunidad
internacional y por la OEA, posición que Puerto España rechazó al decir que hay «continua desinformación»,
una «narrativa falsa» e «inexacta» sobre como ocurrieron los hechos.
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