Jhoandry Suárez 19 de marzo de 2022
Las
futuras madres, migrantes venezolanas en Colombia, se
encuentran la mayoría de las veces con obstáculos burocráticos y un sistema de
salud que solo las atiende en el parto. En medio de este panorama,
existen opciones de asistencia, la mayoría promovidas por organizaciones e
instituciones no gubernamentales.
“Cuando supe que estaba embarazada lo único que hice fue llorar. A mis 40 años, luego de cuatro años duros en Colombia, en los que hasta había dormido en la calle, sencillamente no sabía qué hacer”, narra Luz Pacheco, desde La Parada, cerca de la frontera colombo-venezolana, en el séptimo mes de su segundo embarazo en más de dos décadas.
“Ni
cédula tenía porque me la habían robado. Pensé en regresarme y parir en
Venezuela, pero mis familiares me dijeron que me quedara aquí que allá eso
estaba horrible”, agrega y su semblante revive la angustia de esos primeros
días.
Así
como para Pacheco, para otras futuras madres venezolanas, Colombia se ha
convertido en el lugar para dar a luz una vez que huyen de la crisis económica
y sanitaria del país. El Ministerio de Salud colombiano ya había determinado en
2020 que la atención a embarazadas venezolanas ocupaba la
quinta parte de las más de 8 millones de asistencia para la población
migrante en los últimos cuatro años.
El Observatorio
Nacional de Migración y Salud reportó que entre 2017 y agosto de 2021
entre principales causas de consulta de urgencia están la asistencia
materna, trastornos con el embarazo y complicaciones con
el parto.
Precisamente,
los servicios de emergencia son los que tienen garantizados los migrantes sin
documentación y así reza la Ley
1751 de 2015 del Ministerio de Salud, aunque la Corte Constitucional ha
extendido el rango de esta atención y dictaminó en la sentencia SU-677 de
2017 que «los extranjeros con permanencia irregular en el territorio nacional
tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias».
Sin
embargo, en la práctica, expertos y organizaciones consultadas concuerdan que
esto no se aplica en la mayoría de los casos. La protección queda
principalmente en las manos de la sociedad civil e incluso, algunos activistas
han recurrido de nuevo al sistema judicial para pedir protección.
“Aquí
las personas sean del lugar que sean tienen acceso a salud de emergencia,
ahora viene la pregunta, ¿qué es salud de emergencia? ¿El cuidado prenatal es
de emergencia? Para el sistema no, aunque algunas mujeres por presentar riesgo
pudieran recibir algún control”, explica Andrés Segura, consultor independiente
sobre asuntos públicos y migración y quien fuese asesor de la Gerencia de
Fronteras.
La
definición de qué es una urgencia y cuándo puede presentarse preocupa no solo
al especialista sino a las organizaciones de mujeres. Desde Barraquilla,
Zuneika González, directora de Mujeres sin fronteras colombo-venezolanas,
alerta sobre esta situación que deja vulnerables a las embarazadas migrantes.
“No hay ese acompañamiento médico para mujeres y eso es algo que le hemos hecho
saber a la Secretaría de Salud porque si una de ellas llega a dar a luz no
saben con qué complicación puede venir y eso se pudo haber prevenido con
control”, indica.
Las
limitaciones en la infraestructura del sistema de salud, sin embargo,
representan un desafío y al respecto, Selene Soto, abogada de la
organización Women Link
Worldwide, destaca que esta es una de las causas que ha dificultado la
aplicación de precedentes como los de la Corte a lo que se suma los prejuicios
contra la nacionalidad.
“Hemos
identificado que hay esta idea de que ‘las mujeres venezolanas vienen a saturar
el sistema de salud’ cuando en realidad son mujeres que están buscando su
supervivencia”, expone.
La
desinformación también juega un papel relevante en las embarazadas y muchas
desconocen cómo pueden ponerse en control y qué les cubre la asistencia médica.
“Lo que sucede es que no hay una política sólida para garantizar el acceso a
información de manera activa para estas mujeres”, recalca Soto.
González,
desde la capital del departamento del Atlántico, coincide. “La duda de toda
mujer embarazada es: ‘¿a dónde voy?’, ‘¿dónde me atienden?’ El sistema de salud
de Venezuela es muy distinto al colombiano y sobre todo en atención prenatal. A
veces le mandan a hacer ecografías que no cubre el acuerdo o el sistema de
salud y eso no lo se lo dijeron antes”, critica.
El
Ministerio de Salud en 2019 había advertido sobre los obstáculos para las
migrantes y en su Plan
de respuesta del sector salud al fenómeno migratoriocalificó como “eventos
o condiciones prioritarias” en las mujeres venezolanas “la discriminación
asociada a la gestación, acceso a servicios de atención, incluso para la
interrupción del embarazo; licencias de maternidad y atención obstétrica
asequible”. También ubicó como grupo priorizado para la prestación de servicios
a “mujeres gestantes y lactantes (incluyendo casos de morbilidad materna
extrema)”.
A
propósito, se intentó obtener una respuesta de esta institución para conocer
las acciones que adelantan y aunque recibió las preguntas, al momento de la
publicación de este reportaje no había contestado.
Apoyo
a las futuras madres
Ante
la falta de atención integral para gestantes extranjeras, algunas
organizaciones no gubernamentales e iniciativas de cooperación internacional se
han abocado a apoyarlas y una de las beneficiadas ha sido Luz Pacheco, la mujer
que, desde La Parada, contaba que tendría un hijo a los 40 años. A través de la
Fundación Deredez, consiguió orientación y ponerse en control en el hospital
Jorge Cristo Sahium que tiene convenios con la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) y Organización Internacional de Migración
(OIM).
“Me
dan los medicamentos y las fechas para hacerme los exámenes, todo gratis. Allí
voy a dar a luz. Además, mediante la fundación recibí al principio de mi
embarazo terapia psicológica que me ha ayudado muchísimo a superar los años
difíciles que he vivido”, relata.
Otra
institución sin fines de lucro que se ha destacado por su apoyo a embarazadas
refugiadas y migrantes ha sido Profamilia. Su programa Sin Fronteras ofrece a
estas mujeres valoración integral por un profesional de la salud, entrega de
micronutrientes, acceso a laboratorios y ecografías, charlas sobre signos de
alarma y autocuidado.
“De
nuestros usuarios, el 97% pertenece a estratos 1, 2 y 3 (bajo-medio). Los
servicios de la estrategia Sin Fronteras tienen un enfoque libre de
discriminación, por lo que se prestan servicios a todas las personas, sin
importar su origen o su estatus migratorio, o si están sin aseguramiento en
salud”, detalló en un correo donde se le consultó por su labor.
Más
ejemplos de solidaridad se están dando en La Parada, donde la fundación Mujeres
Fumepro, a partir de donaciones de particulares, entrega kit y complementos
nutricionales a mujeres, especialmente si están lactando; y en Barranquilla,
Mujeres sin Fronteras brinda asesoría a las futuras mamás e imparte charlas
de planificación familiar.
Batalla
en otro frente: el legal
Activistas
que atienden a la migración venezolana también han venido adelantando
iniciativas legales y en noviembre del año pasado, Women Link Worldwide
interpuso una acción popular que llevó al Juzgado Octavo Administrativo de
Cúcuta a ordenarles a
las autoridades de salud del Norte de Santander a que tomaran medidas
inmediatas para proteger la salud sexual y reproductiva de las mujeres,
incluida la atención materno-infantil y el acceso a la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE).
Para
el juzgado la acción presentada evidencia que las mujeres en ese departamento
no cuentan con la información para acceder a servicios ni han recibido
soluciones, “lo cual se convierte en un problema de salud pública, en cuanto
afecta a una población numerosa”.
Soto,
integrante de la organización internacional, subraya que este tipo de recursos
muestra la importancia de que las mujeres ejerzan sus derechos y recomienda, en
caso de que se los nieguen, acudir a instituciones como las defensorías y
personerías en cada departamento o buscar asesoría legal en lugares como la
Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes en Bogotá, o la
Corporación – Mujer, denuncia y muévete en Cúcuta.
Dificultades
hasta en la asistencia privada
Las
futuras mamás venezolanas también se enfrentan a inconvenientes en la misma
atención privada del sistema de salud. Eva Morán, asentada en Bogotá desde hace
más de dos años, cuando se enteró de que estaba embarazada, a principios de
2021, decidió ponerse en control con una Entidad Promotora de Salud (EPS), el
equivalente a costearse un seguro de médico; algo que solo se puede hacer si se
tiene condición regular.
“Tuve
el seguimiento de un equipo de especialistas y apoyo para todos mis exámenes.
Pero después de mi última consulta de preparto, me sentí desorientada. Me
dijeron que esperara el día del parto y que me acercara a una clínica, pero la
fecha que me dieron no correspondía al momento de parir y cuando fui,
sencillamente no tenían mi información a la mano, me pusieron a esperar todo un
día por una inducción de parto que nunca hicieron porque no me correspondía y
estaban saturados. Al final, me enviaron a casa a seguir esperando y eso me
puso más nerviosa”, recuerda.
“Me
tocó buscar otra clínica con convenio con la misma EPS donde finalmente nació
mi bebé, pero todo ese proceso complicado de la recta final me pareció que no
debe vivirlo una mujer embarazada, sobre todo porque angustia”, reprocha.
La
regularización como alivio para el Estado
Andrés
Segura, experto en temas migratorios, insiste que la regularización es
un camino para allanar la atención sanitaria a los migrantes, sobre todo porque
les abre las puertas para entrar al sistema subsidiado de salud.
“Para
el Estado colombiano es más importante que las mujeres estén regularizadas y
dentro del sistema de salud porque el parto sería así mucho más barato en lugar
de que sea un costo adicional por emergencia el cual debe pagar el Gobierno a
hospitales”, destaca.
Es de
recordar que Migración Colombia ha abierto el proceso de regularización para
que los venezolanos obtengan un Permiso
de Protección Temporal (PPT) y uno de los requisitos, si se está en
condición irregular, es solo presentar una “prueba sumaría” como facturas,
pasajes, constancia de estudio, etc.
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