Marta de la Vega 25 de marzo de 2024
Importante
la advertencia de Robert Dahl en La democracia. Una guía para los
ciudadanos (1999) sobre el uso de la palabra democracia, que
se refiere tanto a un ideal como a una realidad efectiva, que solo es una
realización parcial del objetivo. Ninguna democracia real ha alcanzado a llenar
todos los criterios ideales que la definen en la teoría. Pero ella no es
posible sin instituciones. Las instituciones son reglas de juego que permiten
la gobernabilidad y aseguran la gobernanza, dos términos complementarios sin
los cuales no hay una democracia verdadera sino mera fachada o cascarón vacío.
Para Dahl, las siguientes instituciones políticas de las democracias a gran escala, es decir, de un país democrático, que miden el grado de democraticidad son: I. Cargos públicos electos. 2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes. 3. Libertad de expresión. 4. Fuentes alternativas de información. 5. Autonomía de las asociaciones. 6. Ciudadanía inclusiva.
La
principal institución política que asegura el funcionamiento de una democracia
es el Estado. Como señala Abal Medina en su Manual de Ciencia Política,
“El estado es, ante todo, una estructura institucional generadora de reglas”.
Sin embargo, siguiendo a Przeworski (1990), esas reglas que configuran el orden
legal son el fruto de un acuerdo o pacto entre el estado y la sociedad y quedan
consagradas en el contrato social, o constitución, lo que constituye la
condición indispensable para la gobernabilidad del sistema.
La
gobernabilidad, siguiendo el Diccionario de Política de Bobbio
es “la relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el
ejercicio del poder político derivado de la solución de demandas sociales y la
capacidad de los gobiernos de atender estas de forma eficaz, estable y
legítima”. El Banco Mundial (2017) “define la gobernanza como el proceso
mediante el cual los grupos estatales y no estatales interactúan para diseñar y
aplicar políticas, trabajando en el marco de un conjunto de reglas formales e
informales que son moldeadas por el poder”.
Ninguna
de las seis instituciones políticas destacadas por Dahl está presente en la
Venezuela actual. Tampoco las condiciones básicas que definen la
democracia. No hay separación de poderes entre las ramas del
poder público, porque no hay pesos ni contrapesos que impidan
que un poder subordine a los otros ni hay modo alguno de poner límites
al poder del gobernante sobre los ciudadanos. No hay Estado de
derecho o imperio de la ley, según el cual nadie está por encima de
las leyes ni está exento de cumplir las normas. No se respetan los
procedimientos; no se aplica el principio de legalidad. Se imponen
las interpretaciones de las leyes a conveniencia, la discrecionalidad, la
arbitrariedad y la transgresión convertida en norma, en función de intereses
particulares y de una parcialidad política excluyente.
La
justicia no funciona como medio de dirimir conflictos y aplicar sanciones a
quienes transgreden el ordenamiento jurídico porque este no responde a lo
establecido en la Constitución como acuerdo o pacto social que acoja a todos
los ciudadanos en una democracia constitucional. El aparato del poder judicial
es un mecanismo de control social y de persecución política de quienes no se
pliegan a la voluntad de dominación del jefe y acólitos de la camarilla militar
civil criminal y mafiosa que controla las instituciones.
La
desinstitucionalización resulta de imponer criterios adscriptivos en la
selección de los cargos públicos, por lealtad política, afinidad ideológica,
clientelismo, amiguismo o pago de favores; en relación con los procedimientos,
se adoptan interpretaciones laxas de las leyes que rigen los distintos
procesos, como es el caso del cronograma electoral recién publicado para las
elecciones presidenciales, que violenta los lapsos legales previstos y hace
casi imposible el cumplimiento sucesivo de las etapas respectivas, a fin de
impedir el derecho al voto y favorecer la permanencia ilegítima en el poder de la
cúpula dominante. La hegemonía comunicacional y la desinformación sirven para
consolidar la vocación totalitaria del régimen castro-chavista-madurista.
Al
politizar las instituciones, se pervierten su sentido y función. El derrumbe de
las instituciones ha favorecido el personalismo y la pérdida de las reglas de
juego que rigen el funcionamiento del Estado y de sus principales órganos de
poder. La destrucción institucional se aceleró con la asesoría cubana, desde
1999 hasta nuestros días, primero con Chávez y hoy con Maduro, para construir
una estructura supuestamente revolucionaria que ha desmantelado las bases de
una república civilista democrática hacia el socialismo bolivariano del siglo
XXI, figura que no se encuentra en la Constitución vigente.
Este
es el horizonte que enfrentan las fuerzas democráticas unidas bajo el liderazgo
indiscutible de María Corina Machado para impulsar, desde un país martirizado y
en ruinas, el rescate de la decencia, la dignidad y la transformación
estructural de Venezuela hacia una verdadera democracia.
Marta
de la Vega
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