Alerta Venezuela 14 de julio de 2024
A
comienzos de julio, la organización venezolana PROMEDEHUM publicó el informe “Desafiando
la oscuridad. Resistencia y Resiliencia de la Sociedad Civil en el Laberinto
del Autoritarismo Venezolano”, en el cual explora las condiciones de
las personas defensoras de derechos humanos en el exilio y de las
organizaciones de la sociedad civil en el país.
El informe inicia con unos datos de contexto para comprender la situación que enfrenta las personas defensoras en el país. En el más reciente informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se advierte que los ataques a la sociedad civil no cesan. Al respecto, el ACNUDH documentó entre mayo de 2023 y abril 2024, “30 casos de amenazas y hostigamiento, un intento de secuestro, dos casos de agresiones físicas, 38 casos de detención arbitraria (27 hombres y 11 mujeres), así como 13 casos de otras formas de criminalización de actores de la sociedad civil, incluidos periodistas, sindicalistas, dirigentes campesinos y otras voces consideradas críticas. Según el ACNUDH, “las cifras anteriores indican un aumento con respecto a las denunciadas anteriormente”.
El
informe de PROMEDEHUM subraya que, aunque los riesgos de las organizaciones y
personas defensoras varían según su ubicación regional, éstos dialogan con un
impacto acumulado de la represión estatal. No en vano CIVICUS el año
pasado rebajó a
Venezuela a la categoría de país “cerrado”. La organización da cuenta de una
“progresiva suspensión de las libertades cívicas fundamentales, dejando más
vulnerable a la sociedad civil”, lo que se conjuga con los daños continuos de
una emergencia humanitaria compleja.
En lo
sucesivo se muestran los hallazgos de un estudio basado en 33 entrevistas
atendiendo a criterios diversos. Al explorar los motivos de salida del país,
“el 63,3% de las personas expresó haber salido por «acoso, persecución u
hostigamiento» y el 30,3% mencionó el «miedo a una posible persecución en el
futuro»”. En lo referente a refugio, “el 54,5% de las personas solicitaron
refugio, pero solo el 38,9% obtuvo el estatus de refugiado. Al 5,6% les fue
rechazado y el 55,6% se encuentra en espera de una respuesta. El tiempo máximo
de espera ha sido de 8 años”. Al respecto, la Plataforma de Coordinación
Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) estimó que, para
junio de 2023, había 1.184.889 solicitudes pendientes de la condición de
refugiados y solo 300.759 personas venezolanas eran refugiados reconocidos. En
cuanto a necesidades médicas, “el 60,6% presenta necesidades médicas físicas y
el 45,5% tiene necesidades médicas emocionales”.
Aunque
las personas defensoras salen del país al igual que otras personas, “los
efectos en ellos tienen particularidades y son comparables a otras dinámicas
violentas. Entre los efectos observados en las entrevistas se encuentran
depresión, inseguridad, desconfianza, ansiedad y desarraigo”. Así, la
persecución ha repercutido de manera grave en defensores.
Otro
hallazgo justamente se refiere a la experimentación del miedo en el país de
acogida. Entre las razonas documentadas, además de casos de violencia y
xenofobia, destaca “las amenazas por supuestos integrantes de la banda delictiva
venezolana y transnacional “El Tren de Aragua”, los señalamientos y amenazas
por parte de funcionarios venezolanos en el país de acogida y la presencia de
posibles funcionarios de inteligencia venezolanos”. El estudio apunta a
un temor derivado de la “capacidad de daño transnacional” del régimen
venezolano, lo que se corresponde con las denuncias y casos sobre funcionarios
operando ilegalmente en otros territorios, y a lo cual hemos dedicado un análisis anterior.
A
pesar de estos elementos, se denuncia que “algunos países de acogida se
muestran reticentes a conceder asilo a los activistas que huyen, lo que refleja
desafíos más amplios para quienes escapan de la persecución”. Las personas
defensoras y periodistas en el exilio enfrentan vulnerabilidades no sólo desde
Venezuela, como el acceso limitado a documentos de identidad y la pérdida de
ingresos, sino en los países receptores, como las dificultades para encontrar
empleo. Si los países de acogida no están preparados para brindar protección
internacional a este tipo de perfiles, entonces se recrudecen esas condiciones
de vulnerabilidad y surgen nuevos desafíos relevantes para todas las partes.
Es
fundamental que los países, con el apoyo de los organismos de cooperación
internacional, las organizaciones humanitarias, donantes y entidades
multilaterales de protección de derechos humanos, tomen coordinadamente las
previsiones necesarias para atender a las personas defensoras, reconociéndoles
como personas con necesidad de protección internacional que requieren medidas
adecuadas y efectivas. En medio de un contexto electoral que se aproxima
al 28 de julio, es previsible que la represión pueda seguir creciendo, y con
ella, el número de personas huyendo del país por razones políticas.
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