Un
grupo de 49 países más la Unión Europea (UE) firmaron este jueves una
declaración conjunta en las Naciones Unidas para pedir «restablecer las normas
democráticas en Venezuela».
La
declaración conjunta, leída por el canciller de Panamá, fue suscrita por
Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Canadá,
Chile, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados
Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Hungría,
Italia, Japón, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Moldova, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Checa, República de Corea, República Dominicana, Ucrania,
Unión Europea, Uruguay.
En el comunicado, aplauden «al pueblo de Venezuela por su participación en la elección presidencial del 28 de julio a pesar de desafíos significativos».
«Más
de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al
voto. Su decisión debe respetarse», reclamaron.
«Tomamos
nota de que más del 80 por ciento de las actas, publicadas por la sociedad
civil y la oposición democrática, recibidas directamente de los centros de
votación, y corroboradas por observadores independientes, muestran un
resultado distinto al reportado por el Consejo Nacional Electoral (CNE)», destacaron
los países.
En
este sentido, instaron al CNE «a que publique de manera inmediata los
resultados de las elecciones presidenciales correspondientes a todas las mesas
electorales y permita la verificación imparcial de los resultados por parte de
observadores independientes, con el fin de promover la credibilidad,
legitimidad y transparencia del proceso electoral».
También
resaltaron el informe preliminar del Panel de Expertos de las Naciones Unidas
que encontró que el proceso electoral se quedó corto en cuanto a “las medidas
básicas de transparencia e integridad” que son esenciales para la celebración
de elecciones con credibilidad. Destacaron que el Panel revisó una muestra de
las actas que son de dominio público, y que demostraron “todos los factores de
los protocolos del resultado original”.
«Es
hora de que todos los venezolanos inicien discusiones constructivas e
inclusivas para resolver este impasse y restaurar normas electorales en forma
pacífica, y de conformidad con la ley electoral venezolana y los deseos del
pueblo de Venezuela», instaron.
Asimismo,
expresaron estar «profundamente preocupados por los informes sobre
abusos y violaciones de derechos humanos después de las elecciones, incluyendo
aquellos relativos a represión, detenciones y arrestos arbitrarios, asesinatos,
negación de garantías para juicios justos, así como tácticas de intimidación
contra la oposición democrática incluyendo incursiones a los centros sede de la
oposición».
También
expresaron «profunda preocupación ante la orden de arresto de carácter
político emitida por las autoridades venezolanas el 3 de septiembre contra
Edmundo González Urrutia, que lo ha obligado al exilio».
Ante
esto, remarcaron que «es imperativo promover el respeto por los
derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela, incluyendo el
derecho de los individuos a congregarse de manera pacífica sin represalias».
Por
último, reafirmaron que apoyan «plenamente un proceso inclusivo,
liderado por Venezuela, para reestablecer el régimen democrático en Venezuela y
nos mantenemos al lado de los millones de venezolanos que continúan arriesgando
sus vidas y su bienestar para lograr una Venezuela más democrática, próspera y
segura».
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