Humberto García Larralde 09 de noviembre de 2024
Los
venezolanos hemos sido testigos de cómo uno de los países más ricos de América
Latina, el nuestro, se fue transformado, en el lapso de tan sólo una década, en
uno de los más pobres, en competencia con Haití, Honduras y Nicaragua. Aun así,
en la medida en que caía la actividad económica nos ilusionábamos con la idea
de que estábamos “tocando fondo”, por lo que vendría el inevitable “rebote”
hacia la recuperación. Pero sucede que siempre se puede estar peor. Hoy, en el
marco de la inestabilidad política y social que trajo la violación de la
voluntad popular por parte del madurismo al arrogarse, falsamente, el triunfo
en las elecciones del 28-J, se acentúan tres problemas básicos de nuestra
economía que, de no ser atendidos acertadamente, llevarán a un retroceso aún
mayor.
El más acuciante es el encarecimiento acelerado en el precio del dólar y la brecha creciente entre su cotización oficial y la del mercado paralelo. En efecto, desde el 28-J el deslizamiento del tipo de cambio en este último ha sido de un 20% y el diferencial con el precio del dólar anunciado por el BCV de igual magnitud. Cabe señalar que durante los primeros nueve meses del año el Instituto Emisor contuvo su cotización por debajo de los 37 Bs/USD, pero en el último mes se vio obligado a devaluar en más de un 17%, en persecución del dólar paralelo. Recordemos que la política antiinflacionaria de “anclaje cambiario”, junto a la astringencia crediticia (encajes elevadísimos) y la contracción drástica del gasto, sobrevaluó el bolívar. Pero ahora, en el contexto de la incertidumbre y desconfianza sobre el futuro del país provocada por el arrebato electoral que pretende Maduro, la población acentúa su demanda de divisas. Y, dada su escasez, el BCV ya no puede evitar el alza en su precio. Es previsible, por ende, que se incremente la inflación, perjudicando aún más la capacidad de compra de los asalariados, en particular, de los empleados públicos, cuyas remuneraciones están congeladas desde hace dos años. Golpea significativamente, además, al sector privado, pues debe fijar sus precios según la cotización oficial, pero la reposición de sus mercancías frecuentemente se hace con el dólar paralelo. El respiro que ofrecen las exportaciones de la empresa Chevron es insuficiente. Sólo las posibilidades de una salida pacífica, consensuada a la crisis del país podrá atajarse este descalabro.
El
segundo problema consiste en el deterioro continuado en la capacidad de gestión
del Estado venezolano. Repercute, entre otras cosas, en el colapso en la
prestación de los servicios públicos, incluidas la educación y los servicios de
salud. La descapitalización de talento por los bajísimos sueldos, el maltrato y
la falta de expectativas promisorias, deja a escuelas y hospitales sin el
personal requerido para poder cumplir a cabalidad con tan importantes funciones
y se traduce, en otros ámbitos, en apagones cada vez más frecuentes, la falta
de suministro regular de agua, gas y el estado caótico del transporte público.
Esta situación tiene visos de empeorar ante el recrudecimiento de la inflación
y la incapacidad del Estado de compensar el deterioro en las remuneraciones de
sus empleados. La migración de muchos y las protestas reivindicando mejores
condiciones de trabajo, amenazan con agravar aún más la prestación de estos
servicios, en desmedro del bienestar de los residentes. Tampoco puede esperarse
una mejora en las gestiones ante la administración pública, cada vez más
engorrosas, inciertas y costosas, aumentando los niveles de frustración del
venezolano común. Lamentablemente, el interés del Estado se ha concentrado en
el uso de sus cuerpos represivos para acallar la protesta. Al sembrar un clima
de terror entre quienes reclaman el respeto por los derechos de nuestro
ordenamiento constitucional, Maduro incrementa la sensación de inestabilidad e
incertidumbre arriba comentada.
El
tercer gran problema estriba en el aislamiento financiero del Estado y la
drástica reducción de su base impositiva. Dejaremos para un escrito posterior
comentar acerca de la industria petrolera, tan importante para nuestra economía,
pero aquí recordaremos la merma sostenida en sus capacidades productivas y la
caída, consecuente, en sus ingresos. Ello incidió en la situación de
insolvencia a la que arribó el Estado en 2017, al no poder honrar su deuda por
los bonos 2020 de PdVSA, año y medio antes de la imposición de sanciones a la
venta de petróleo venezolano por parte de EE.UU. Cabe señalar que esta empresa
presentaba un proceso sostenido de deterioro en su flujo de caja bajo el
régimen de control de cambio, al vender los dólares de sus exportaciones a una
tasa absurdamente baja y afrontar gastos locales que se aceleraban al ritmo de
la inflación. Asimismo, desviaba fondos para financiar actividades –las
misiones sociales– ajenas a su misión corporativa, sin mencionar la corrupción,
el despilfarro y la falta de inversiones en el mantenimiento de su capacidad
productiva. Esta merma obligó a PdVSA a pagar buena parte de sus compromisos
tributarios con financiamiento monetario del BCV, alimentando la inflación. Por
último, la contracción de la actividad económica interna a la cuarta parte de
lo que era diez años antes, complementa la inopia en los ingresos tributarios
de las finanzas públicas. Tanto el aislamiento financiero del Estado, como la
precariedad de sus finanzas, apuntan a un mayor colapso de la gestión pública,
incluyendo el continuado deterioro de sus servicios.
No hay
manera de superar la tragedia que agobia hoy a los venezolanos y evitar que la
situación se siga empeorando si no se logra acceder a un generoso financiamiento
internacional. Ello pasa por rescatar a la industria petrolera, garante, en
última instancia, de nuestra capacidad de pago. Pero la ventana de
oportunidades que se le presenta a Venezuela para aprovechar su petróleo se va
cerrando ante los imperativos de la transición energética para afrontar el
cambio climático. Además, el acceso a fuentes de financiamiento externo habrá
de resolver, necesariamente, nuestra condición de país insolvente, negociando
una reestructuración profunda de la deuda pública externa. Sin estos recursos,
será prácticamente imposible resolver las graves deficiencias en la prestación
de los servicios públicos y elevar la capacidad del Estado para atender los
numerosos problemas que enfronta el país. Y el elemento clave para acceder a
estos recursos y crear las condiciones propicias para desatar el cúmulo de
iniciativas para superar estas insuficiencias, es, como estamos hartos de
escuchar, la confianza.
Sabemos
que esta confianza no se decreta, se construye cumpliendo con las reglas de
juego (instituciones) que proveen las seguridades y garantías requeridas para
que la gente arriesgue sus capitales y comprometa sus esfuerzos en
emprendimientos promisorios. Es decir, sin un marco institucional capaz de
generar confianza, difícilmente podrá reestructurarse provechosamente la deuda
externa, ni tampoco conseguir los recursos para adelantar la reforma profunda
que demanda el Estado para solventar sus cuentas y combatir la inflación, y
para atender, satisfactoriamente, la emergencia humanitaria compleja que afecta
a parte importante de la población.
Lamentablemente,
el gobierno de Maduro viene haciendo todo lo contrario de lo que hace falta
para construir confianza. Con su vulgar robo del resultado electoral,
proclamándose torpemente como ganador sin presentar prueba alguna de ello y
cuando las evidencias disponibles señalaban que sufrió una derrota contundente
y, luego convalidar tal fraude con el poder judicial, declaraciones de quienes
comandan la FAN, de la Asamblea Nacional y demás poderes, ha terminado por
destruir lo que quedaba de legitimidad en los poderes públicos venezolanos. Ya
lo dijo, claramente, Celso Amorím, asesor de su antiguo aliado, Ignacio Lula da
Silva: “la confianza está rota”. Y si se mira más allá –España, la Unión Europea,
el resto de América Latina (salvo Cuba, Nicaragua, Bolivia; ¿México?), EE.UU.,
el Reino Unido, Canadá—la desconfianza es todavía mayor. ¿Cómo confiar en quien
es capaz de cometer una trampa tan chapucera a plena luz del día y luego desata
una ola represiva que atenta contra las normas de respeto a los derechos
humanos universalmente reconocidas? ¿Quién, entonces, acudirá a rescatar a
Maduro de las torpezas que se auto inflige y con las cuales sigue destruyendo
al país?
Es
incomprensible que un liderazgo tan nefasto, fracasado, incompetente e inhumano
logre mantenerse en el poder. Más allá de la cúpula militar corrupta, de los
magistrados cómplices y de otros depredadores de la cosa pública, para el resto
del andamiaje militar y de funcionarios es, sencillamente, suicida continuar
acompañando al núcleo fascista de Maduro, “cuesta abajo en su rodada” al
abismo.
Humberto
García Larralde
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