RAFAEL UZCÁTEGUI 20 de noviembre de 2024
Si el
día de mañana desaparecieran todas las sanciones no hay ninguna evidencia de
que el sufrimiento de quienes están dentro de Venezuela se reduciría un solo
milímetro.
Luego
del monumental fraude en las recientes elecciones presidenciales, en Venezuela se
ha reiniciado la campaña por el retiro de las sanciones sectoriales. Dicho así
pareciera que Nicolás
Maduro, quien pretende juramentarse para un período presidencial adicional
de 6 años a pesar de no contar con el apoyo popular, exige ser premiado tras
vaciar de sentido la realización de comicios en el continente. Sin embargo, la
iniciativa de incidencia no sólo es protagonizada por voceros del Ejecutivo,
sino también por sectores democráticos del país. Como en este sector hay
diferentes grupos e intereses (empresarios que quieren tener ganancias bajo
dictadura o sectores políticos que desean desplazar al resto, por citar dos
perfiles), sólo discutiremos los argumentos de representantes de la sociedad
civil, con quienes compartimos anhelos y esperanzas, desde análisis y
diagnósticos distintos. Esto pudiera complejizar la discusión sobre la
efectividad de las sanciones internacionales y sus efectos colaterales en otros
contextos similares, como los de Cuba y Nicaragua.
Obama, deroga el decreto ya
Algunos
apretados antecedentes. En marzo de 2015, Barack Obama aprobaba las primeras
sanciones contra 7 funcionarios policiales y militares, acusados de violación
de derechos humanos, a quienes se les prohibió el ingreso a Estados Unidos y la
congelación de sus bienes dentro de territorio norteamericano. Como respuesta,
el gobierno de Nicolás Maduro comenzó la campaña “¡Obama deroga el decreto
ya!”. Aunque las restricciones sólo afectaban a un grupo reducido de
funcionarios, las autoridades venezolanas asumieron inmediatamente la narrativa
que eran víctimas de un “bloqueo” imperialista. No fue sino 3 años después que
Donald Trump aprobó las primeras medidas restrictivas unilaterales contra las
finanzas del Estado venezolano. En ese momento se impidió a PDVSA o al gobierno
renegociar la deuda con tenedores de bonos estadounidenses, venderles bonos
adicionales u obligaciones financieras de cualquier tipo. Además, se prohibió
que personas estadounidenses (o relacionadas con EEUU) puedan negociar o
reestructurar, por ellos o por terceros asociados, bonos de PDVSA y de la
República de Venezuela. En el 2018 se decidieron 4 medidas adicionales,
seguidas por medidas similares un año después. Para 2019 las medidas
restrictivas incluían a la estatal petrolera PDVSA y minera Minerven, el Banco
Estatal de Desarrollo (BANDES) y al Banco de Venezuela. Otros países, como
Inglaterra y Colombia, tomaron medidas contra activos y recursos venezolanos en
el exterior.
Para
ese momento, dentro del movimiento de derechos humanos venezolano había
consenso en que si bien la emergencia humanitaria compleja había aparecido
primero, estas medidas coercitivas agravaban los contornos de la crisis
económica del país. Antes, y especialmente durante la pandemia de Covid-19, las
organizaciones se unieron a los pedidos del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) sobre flexibilizar las sanciones financieras, con el objetivo
que las autoridades pudieran disponer de todos los recursos a su alcance para
atender la emergencia sanitaria.
En
septiembre de 2023, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela acuerdan en
Qatar un mecanismo político para el retiro de las sanciones. Maduro se
comprometía a realizar elecciones presidenciales a finales del 2024, cediendo
algunas garantías para su realización, mientras que Estados Unidos
flexibilizaría algunas de las medidas restrictivas impuestas. Aunque el texto
de este acuerdo se mantuvo secreto hasta agosto de 2024, su espíritu se
materializó en el llamado Acuerdo de Barbados, acordado en octubre de 2023, entre las
autoridades venezolanas y los representantes de la Plataforma Unitaria de
Venezuela, con la facilitación de Noruega.
El
Acuerdo de Barbados terminó con el consenso que existía dentro de la sociedad
civil, incluyendo al movimiento de derechos humanos, sobre las sanciones. Por
un lado, se ubicaron quienes al entender que ya existía un canal para su
retiro, que además garantizaría el ejercicio de los derechos políticos de los
venezolanos, el foco debía ser su cumplimiento. En la acera de enfrente se
colocaron quienes continuaron haciendo campaña por el retiro de las sanciones,
de manera paralela, e independientemente, del cumplimiento de lo pactado. Este
último sector es que ha reiniciado luego del 28-J una campaña de incidencia, de
medios y diplomática, para el fin de las medidas coercitivas sobre Venezuela.
El
impacto desconocido
En un trabajo periodístico reciente las palabras de
Feliciano Reyna, conocido activista humanitario del país, fueron transcritas
del evento Venezuela at a Crossroads: Reassessing Sanctions–The Best Way
Forward?, un webinar, organizado por la Universidad Internacional
de Florida (FIU) y el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas. Citemos:
“Al igual que el resto de los ponentes, aseguró el impacto de las sanciones en
las personas «ha sido enorme. Muchos de nosotros pensamos que el propósito de
las sanciones era facilitar un proceso de conversación, de negociación para
buscar salidas al conflicto político. Pero, desafortunadamente, cuando la idea
fue remover el gobierno estaba claro que iba a reaccionar y tiene los medios
para reaccionar y mantenerse en el poder, usando también la coerción
unilateral»”.
La
primera idea-fuerza que los oenegeros que tienen como foco principal, en los
actuales momentos, el retiro de las sanciones es el “impacto sobre la
población”. ¿Cuánto es el tamaño de ese impacto? Nunca lo sabremos. La ausencia
de estadísticas públicas confiables sobre la acción de gobierno impide tener
una fotografía real del estado de la economía venezolana y de cómo las medidas
coercitivas han impactado sobre ella. Estas secuelas pueden ser importantes,
como sugiere la lógica teórica, o bastante nimias, dado que el
chavismo ha aprendido a cómo sortearles, triangulando negociaciones
que se le impiden de manera directa debido al veto. Si hay tercerización, se
argumentará, cualquier compra o venta significa pérdidas y precios onerosos
para el fisco nacional. Y es verdad, subrayamos, si no hubiera corrupción. La
ausencia de controles, y el uso de la malversación de fondos públicos como
mecanismo de compra de lealtades políticas, no garantiza que nada que se
comercie por el gobierno bolivariano sea, ni en términos justos ni para
beneficio del país. La importación de alimentos de baja calidad y a sobreprecio,
para ser distribuidos a la población, es uno de tantos ejemplos.
Si el
día de mañana desaparecieran todas las sanciones sectoriales no hay ninguna
evidencia de que el sufrimiento de quienes están dentro de Venezuela se
reduciría un solo milímetro. La mejor muestra de la ferocidad destructiva del
proyecto bolivariano, muchos años antes de las sanciones, lo tenemos en lo que
sucedió con las empresas básicas de Guyana.
La
corrupción y el delirio
Siguiendo
a Damian Prat, en su texto “CVG y la Guayana industrial: alternativa no petrolera que
existió y que el chavismo destrozó” el sector industrial venezolano
que sería conocido como “las empresas básicas de Guyana”, ubicado al sur del
país, comenzó a desarrollarse luego del fin de la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez, en 1958. Aluminio del Caroní (Alcasa) comenzó a construirse en 1964,
iniciando operaciones en 1967, en la producción y comercialización de aluminio.
Luego vendrían otros enclaves industriales: Bauxiven (bauxita), Interalúmina
(alúmina), Venalum (aluminio) y Carbonorca (carbón); que fueron potenciados con
la construcción de la represa del Guri, en 1963. Un ambicioso plan eléctrico,
para suplir de energía al 70% del país, se promovió desde Edelca, bajo la
tutela de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Prat
asegura: “Fue realmente trascendente para toda la nación el proyecto industrial
de Guayana a partir de la creación de la CVG. Aprovechar las ventajas
comparativas y crear la base de una industria nacional en todo el país. Acero,
aluminio, electricidad, madera, son la base de una cadena económica clave”.
Venezuela comenzó a producir, eficientemente, acero primario y productos
semiterminados como tubos para la industria petrolera, cabillas, hojalata,
alambrón y laminados. El periodista describe el derrame económico que aquello
generó: “en toda esa cadena industrial y económica en toda Venezuela cuya base
eran justamente las industrias básicas de Guayana se generaron cientos de miles
de buenos empleos, con derechos laborales conquistados luchando. Y esas cientos
de miles de familias con creciente capacidad de consumo generaba a su vez una
importante actividad económica en otras áreas, empresas y empleos”.
Las
empresas básicas de Guayana fue un cinturón industrial productivo en Venezuela
hasta la llegada del gobierno bolivariano. Ferrominera, que llegó a producir 22
millones de toneladas de mineral, para el año 2020 procesó poco más de 5
millones de toneladas, un 22% menos. Según Prat, del conjunto, es la que está
“mejor”. En el caso de Sidor, pasó de producir 4.3 millones de toneladas de
acero líquido a 16 mil toneladas en el año 2020. Alcasa, que producía 200 000
toneladas de aluminio al año se encuentra cerrada en estos momentos. Venalum
sólo tiene el 6% de su capacidad operativa en funcionamiento. El resto está en
condiciones similares de declive. Lo que alguna vez fueron conquistas en las
condiciones laborales de sus trabajadores hoy son la penuria del salario
mínimo. Prat se pregunta: “¿Y la brutal violación de los derechos laborales?
¿La ruina social que a su vez es más ruina económica para otros cientos de
miles?”
Las
razones de esta hecatombe industrial son múltiples, desde la ideologización de
la empresa hasta la desprofesionalización en sus roles, pero todas pudiesen
resumirse en una palabra: corrupción. La no existencia de criterios técnicos
para la toma de decisiones, la ausencia de cualquier mínima contraloría y el
uso de los recursos de las empresas para fines partidistas y personales.
Una
anécdota, casi tragicómica: En el año 2005 fue nombrado director de Alcasa el
sociólogo y teórico revolucionario Carlos Lanz, que no tenía ninguna
experiencia previa de gestión de empresas mineras. Con las lecturas de la
Escuela de Frankfurt en su cabeza llegó a la fábrica, cuya nómina era de 3 000
trabajadores, con el principal objetivo de “cambiar las relaciones de
producción”. Sin la experiencia de las situaciones reales y concretas de la
cadena de producción del aluminio, una de sus primeras propuestas fue reducir
el tiempo de trabajo semanal, lo que fue rechazado por los asalariados que
temían perder la posibilidad de hacer horas adicionales, lo que les redundaban
en un aumento del salario. Lanz decidió que la solución era que los
trabajadores recibieran cursos de formación político-ideológica, para lo cual llamó
a sus camaradas de Caracas, teóricos revolucionarios de clase media como él,
para que les enseñaran a los obreros cómo ser verdaderamente obreros, con
conciencia de clase revolucionaria y proletaria. Los honorarios de los cursos
sobre planificación estratégica revolucionaria eran generosos, además de los
viáticos para el hospedaje en buenos hoteles y viajes por avión. Las citas de
Marx, Gramsci y Adorno eludían conversar sobre la situación concreta que se
vivía en la fábrica, con tecnología obsoleta y la desmejora de los seguros
médicos para atender la contaminación por el polvo de aluminio. Dado el
discurso “revolucionario” imperante, que hablaba de “cogestión”, las antiguas
empresas prestadoras de servicios mediante la modalidad de outsourcing se transformaron
en “cooperativas”, sólo de nombre, sin recibir los beneficios laborales del
resto de los trabajadores de la empresa. Cuando alguien elevaba una queja por
las condiciones de trabajo, la respuesta era que debía participar en los cursos
de formación ideológica. Los antiguos sindicatos fueron desplazados por
“asambleas de trabajadores”, cuyos voceros eran del círculo de confianza de
Lanz. La experiencia “cogestionaria” de Lanz duró dos años. En vez de “cambiar
las relaciones de producción” aceleró el deterioro de la empresa de aluminio.
Causa
o consecuencia
Si se
concluye que las elecciones del 28 de julio obligaron al gobierno de Nicolás
Maduro a realizar un fraude, quedando en evidencia la ausencia de respaldo
popular, luego de un proceso de negociación que tuvo dos momentos estelares
(Qatar y Barbados), se debe admitir que esto fue posible debido al estímulo del
retiro o suavización de las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, las
sanciones sí tuvieron un nivel de efectividad al obligar a las autoridades a
realizar un proceso electoral donde participara la oposición mayoritaria del
país.
Aunque
se pudiera aducir que la frase ha sido sacada de contexto, no se entiende por
qué Reyna afirma que “muchos de nosotros pensamos que el propósito de las
sanciones era facilitar un proceso de conversación, de negociación para buscar
salidas al conflicto político. Pero, desafortunadamente, cuando la idea fue
remover el gobierno estaba claro que iba a reaccionar y tiene los medios para
reaccionar y mantenerse en el poder, usando también la coerción unilateral”.
Aquí hay una curiosa inversión de roles. Las sanciones no serían la
consecuencia de graves violaciones de derechos humanos y el debilitamiento
extremo de la institucionalidad democrática, sino su causa. Por tanto, el
gobierno reaccionó de la manera que lo hizo porque fue sancionado. Nicolás
Maduro sería una suerte de “demócrata acorralado” por una oposición
radicalizada y el asedio imperialista.
Si se
hace una cronología de la acción gubernamental a partir del año 1999, fecha de
inicio del gobierno bolivariano, hasta el año 2015, tiempo de inicio de las
primeras sanciones individuales, el saldo es de abiertos retrocesos en los
derechos civiles y políticos y la aparición de una emergencia humanitaria
compleja, en un proceso de consolidación del autoritarismo. En un informe del año 2019 el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) apuntó: “La economía
venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción
de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción
sectorial”.
¿Por
qué activistas no gubernamentales realizaron una campaña por el levantamiento
de sanciones cuándo sabían que había un acuerdo político para desmontarlas?
¿Por qué insisten en ese esfuerzo luego del mayor fraude electoral realizado en
los últimos años en América Latina? La única respuesta que se nos ocurre es que
ese discurso se ha convertido para ellos en una suerte de salvoconducto, una
muestra de su vocación de ser una sociedad civil leal para continuar operando
dentro del país. Sobre las demandas de democracia y respeto a las garantías
constitucionales, la posibilidad de, en el caso de Reyna, continuar entregando
medicamentos donados a quien lo necesite. Aunque esto implica la legitimación
del divorcio entre la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos,
se trata de una decisión política en todo el sentido que podamos darle al
término.
Las
sanciones, sectoriales o individuales, no son una panacea y como todo mecanismo
diplomático, son perfectibles. La comunidad internacional necesita mayores y
mejores herramientas para los desvaríos autoritarios, de izquierda y derecha,
que actualmente pululan en América Latina. El sentimiento agridulce que
producen las medidas coercitivas, para quienes defendemos la democracia y los
derechos humanos, lo resumió de manera ejemplarmente pedagógica un conocido:
“¿A quién le gustan las quimioterapias? A nadie, dejan secuelas terribles. Pero
el problema no son las quimioterapias, es el cáncer. Y hasta que la ciencia no
consiga otro remedio, seguiremos con las quimioterapias. Las quimioterapias son
las sanciones y el cáncer son las dictaduras”.
Cómo
se resuelva la crisis venezolana, que incluye el fraude electoral más
escandaloso de la historia reciente, generará un precedente para toda la
región. En un gobierno cuya opacidad y corrupción es estructural, no hay otra
manera de leer el potencial éxito de la campaña actual por el fin de las
sanciones sino como un premio a la tropelía. Y como una autorización para una
acción restringida local de sus promotores.
RAFAEL
UZCÁTEGUI
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