Sputnik 17 de noviembre de 2017
La
comunidad de ciudadanos venezolanos radicados en Ecuador pidió a la Asamblea
Nacional (parlamento unicameral) revisar las exigencias incluidas la Ley de
Movilidad Humana que entró en vigencia hace pocos meses.
"La
Ley de Movilidad Humana penaliza la migración irregular y eso nos genera un
ruido fuerte debido a que el Estado ecuatoriano, en múltiples instrumentos
internacionales, ratificó la voluntad de no criminalizar la situación
migratoria irregular", dijo el representante de la comunidad venezolana en
Ecuador, Reinaldo Rivero, en una comparecencia ante la Comisión de Relaciones
Internacionales del parlamento ecuatoriano.
Según
los venezolanos, aunque Ecuador es un país de paso, cuando llegan no tienen
otra alternativa que dedicarse a trabajos informales, "por lo que las
cifras de informalidad también se dispararon, especialmente en las grandes
ciudades", señala un boletín difundido por el parlamento.
Los
datos oficiales revelan que al menos 89 mil venezolanos viven en Ecuador,
aunque esa cifra podría ascender a los 120 mil.
El
número de ciudadanos venezolanos viviendo en territorio ecuatoriano aumentó en
los últimos dos años, debido a la compleja situación política y económica que
vive ese país.
Por
ello, Rivera considera que multar a quien se encuentra en situación migratoria
irregular y en búsqueda de oportunidades "no es posible".
Aunque
tienen 180 días para regularizarse, aseguran que ese tiempo la mayoría lo ocupa
para establecerse, por ello "se les hace imposible lo primero y deben
quedarse como ilegales".
Estos
ciudadanos reconocen que Ecuador es un país que protege la igualdad de todos
los ciudadanos, "sean de donde sean", sin embargo, creen "que
hay situaciones en las que la Ley Orgánica de Movilidad Humana es una amenaza
no solo para los venezolanos que llegan, sino también para los propios
ecuatorianos que viven en Venezuela".
El
pedido de este grupo migratorio es que se reforme la ley, "para que se
estudie la posibilidad de que las consecuencias de la norma en materia de
movilidad no amenacen la ya vulnerable situación de los migrantes".
El
legislador opositor del partido Unión Tsáchila aliado a CREO (derecha), Ángel
Gende, afirmó que intentará buscar soluciones al conflicto presentado por esta
comunidad que cada día crece más en el país.
El
artículo 145 del reglamento de la Ley de Movilidad Humana establece que en el
caso de que una persona sudamericana haya superado los 180 días de turismo y no
haya regularizado su condición migratoria, deberá pagar una multa de dos
salarios mínimos vitales, que equivalen a 750 dólares.
Además,
cuando aquello ocurre y en caso de que no se pague la multa, los ciudadanos
tampoco podrán reingresar al país por el periodo de dos años a partir de la
fecha de su salida de Ecuador.
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