JOSHUA GOODMAN 22 de diciembre de 2017
@APjoshgoodman
En una
pequeña oficina de la capital colombiana, con una ventanita que da a un
estrecho pozo de ventilación, Pedro Lupera estudia copias de contratos,
facturas e instrucciones para transferencias bancarias, todo parte de miles de
páginas de documentos sacados a escondidas de Venezuela que espera provoquen la
caída del presidente socialista Nicolás Maduro.
Otrora
uno de los principales fiscales de Venezuela abocados a casos de corrupción,
Lupera se fue de su casa en Caracas hace cinco meses con 400 dólares en los
bolsillos y apenas una muda de ropa.
Terminó
en la vecina Colombia, donde es uno de una media docena de fiscales exiliados y
antiguos colaboradores de la destituida fiscal general Luisa Ortega que están
trabajando con las autoridades de Estados Unidos y de otras naciones para
tratar de reunir evidencia de irregularidades de parte de altos funcionarios
venezolanos a los que acusan de destruir el país.
Por
ahora no han logrado encausar a nadie, lo que algunos ven como un indicio de
que Maduro ha logrado destruir el sistema judicial de Venezuela y de que
Ortega, en su afán por labrarse un futuro político, prometió más de lo que
puede cumplir.
Para
Lupera y varios colegas la cruzada que libran es algo muy personal.
El
fiscal, que supo estar a cargo de los casos políticamente más explosivos,
descubrió que agentes del servicio de inteligencia le habían suspendido el
pasaporte y habían ordenado su arresto cuando se disponía a viajar a Brasil en
julio para reunir evidencia relacionada con el caso de corrupción de la
constructora Odebrecht. Pudo salir del país usando unas identificaciones que
permiten a los venezolanos viajar a Colombia y de allí tomó un vuelo a Brasil.
Dos
semanas después observó con horror cómo uno de los principales blancos de sus
investigaciones, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado
Cabello, lo acusaba por televisión de participar en una extorsión de 6.000.000
de dólares.
“Se me
calentaron los oídos y se pusieron rojos”, comentó Lupera. “Sentí una
impotencia total. Como si mi vida entera hubiese sido destruida”.
Ortega,
quien admiraba al finado Hugo Chávez, rompió con el gobierno este año por
considerar que se encaminaba a una dictadura después de que Maduro le quitó
atribuciones a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y creó una
asamblea constitucional paralela con el poder real.
La
funcionaria no ocultó su malestar y fue destituida en agosto. Las autoridades,
por otro lado, acusaron a su esposo, el legislador socialista Germán Ferrer, de
orquestar con la ayuda de Lupera una campaña de extorsión que ella supervisó,
algo que la fiscal niega. Las autoridades venezolanas dicen que las actividades
en contra de la corrupción que emprendió Ortega fueron un intento por desviar
la atención de las investigaciones en torno a sus acciones y las de su esposo
en Venezuela.
Lejos
de ser silenciada, Ortega redobló sus críticas al gobierno de Maduro en
frecuentes viajes a América Latina y Europa.
Apenas
llegaron a Bogotá, Lupera y otros que tratan de derrocar a Maduro se reunieron
con investigadores y fiscales estadounidenses que procuran inculpar a los
líderes venezolanos, y también con enviados del Departamento del Tesoro
estadounidense que manejan el programa de sanciones de Estados Unidos contra
Venezuela.
Los
estadounidenses no están seguros de cuánta evidencia lograron reunir los
fiscales venezolanos. Y albergan dudas acerca de hasta qué punto Ortega está dispuesta
a cooperar, diciendo que puede estar más interesada en ser la primera
presidenta de Venezuela que en revelar el alcance de una corrupción de la que
ella seguramente estaba al tanto en su condición de cabeza del sistema judicial
por una década, mientras estaba involucrada en casos sospechosos contra
miembros prominentes de la oposición.
Esa
sensación hizo que el Departamento de Estado le negase a Ortega permiso para
viajar a Estados Unidos, según dos funcionarios estadounidenses que pidieron no
ser identificados porque no estaban autorizados a hablar de casos de visas. No
ayudó el que en un discurso del 2015 ante la Asamblea Nacional Ortega criticase
a lo que describió como los “poderosos del norte” por sus “planes
colonialistas” sobre esta nación petrolera.
Ortega
insiste en que no tiene nada que ocultar. Y cuenta con algunos sorpresivos
defensores, como Eligio Cedeño, ex banquero acosado por Chávez a quien ayudó a
encarcelar en el 2007. Cedeño viajó a Bogotá desde Miami para verse con ella
tres veces y dijo que está convencido de que puede ser clave en el retorno de
Venezuela a la democracia.
“Yo no
soy testigo. Soy la fiscal general”, declaró Ortega a la Associated Press en
una entrevista en su oficina alquilada en un barrio arbolado de Bogotá. “Los
hechos que tengo no los presencié. Los tengo documentados”.
Pocos
gobiernos reconocen al sustituto que nombró Maduro en su lugar y Ortega y su
gente se manejan con una dignidad que contrasta un poco con su precaria
situación. En una reciente visita de la AP a su oficina, firmó una carta en
papeles con el sello del fiscal general de Venezuela pidiendo información de
Curazao como parte de una investigación de lavado de dinero. También revisó un
informe que poco después enviaría a la Corte Penal Internacional aduciendo que
Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas
de seguridad.
En los
meses previos a la huida de Ortega, dicen sus colaboradores, secretamente
digitalizaron y certificaron grandes cantidades de pruebas, incluidas casi
150.000 páginas relacionadas tan solo con el caso de Odebrecht. Consiguieron
sacar la información y hacerla llegar a Colombia antes de irse ellos.
Incluso
si la evidencia no puede ser usada en tribunales venezolanos, podría ayudar a
las autoridades extranjeras que investigan la corrupción y abusos de los
derechos humanos, delitos transnacionales que son el principal objetivo de lo
que Ortega describe como la primera fiscalía general del mundo que funciona en
el exilio.
“No
vamos a desmayar frente a lo que hemos iniciado”, dijo Zair Mundaray, ex número
tres de la fiscalía general y hoy coordinadora del equipo de Ortega. “En
Venezuela no existe la posibilidad del ejercicio correcto de la justicia. Pero
como investigadores tenemos la evidencia, la prueba y la pericia para llevar
esto a las instancias necesarias”.
Antes
de irse de Venezuela, la mayoría de los fiscales tuvieron que pasar semanas
escondidos, durmiendo en distintas casas y cambiando de teléfono constantemente
para burlar la vigilancia. A varios les habían anulado sus pasaportes. La casa
de Mundaray fue allanada.
Cuando
Lupera llegó a Colombia, recibió un mensaje de texto amenazante y su principal
ayudante fue detenido en conexión con el supuesto plan de extorsión. Lupera, de
43 años, niega las acusaciones y dice que el banco suizo UBS ni siquiera tenía
una sucursal en las Bahamas cuando él y el esposo de Ortega habrían abierto
cuentas, según las acusaciones del gobierno.
En
Bogotá todos están atentos y vigilantes, sobre todo Ortega, quien se moviliza
en dos vehículos blindados con media docena de guardaespaldas del gobierno
colombiano. Lupera se tiñó hace poco el cabello, después de que le llegó la
versión de que agentes del servicio de inteligencia venezolano lo estaban
buscando en Bogotá.
“Esto
hace que me sienta un poco más tranquilo”, expresó durante una reciente salida
en busca de hallacas, un plato típico venezolano de las fiestas.
Otro
gran desafío es cómo financiar todo este trabajo.
Varios
de los fiscales comparten un pequeño departamento en un barrio humilde de
Bogotá. Muchos tienen seres queridos que no pudieron traer. Los domingos van
todos juntos a comprar alimentos en un mercado al aire libre para tratar de
hacer rendir más los 1.000 dólares mensuales que reciben de venezolanos
pudientes en el exilio. Dicen que no saben cuánto tiempo más seguirá llegando
ese dinero.
Probablemente
nadie haya tenido más contratiempos que Lupera, quien estuvo hospitalizado hace
poco por hipertensión y que, sin tener seguro médico, necesita tratarse cinco
tumores que le encontraron en la espalda. Dice que cuando más sufre es por las
noches, en que lee las noticias de Venezuela y piensa en todo lo que dejó
atrás.
Pero
asegura que se levanta todas las mañanas decidido a hacer todo lo posible por
asegurarse de que el exilio no dura mucho.
“Cada
mañana, cada uno de nosotros, con el trabajo que hace... siempre hay una
esperanza de que esa gota, ese aporte que uno puede hacer, sirva de algo para
poder regresar a Venezuela”, comentó. “Regresar a un nuevo país, en el que
podamos vivir como merecemos vivir”.
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