Actualy.es 24 de enero de 2018
Los
jubilados y pensionados venezolanos que residen en el exterior del país viven
un drama doble. Observan desde lejos la crisis humanitaria que azota a sus
paisanos, inducida por el gobierno, y a la vez sufren su propia crisis de
sobrevivencia ante la negativa del gobierno a cancelarles las pensiones a que
tienen derecho. Desde hace 31 meses no perciben un céntimo. En España, donde
reside el grupo más numeroso, la espera se ha convertido en tragedia. Cuatro
han muerto, otros recurren a un plato de comida o a una cajita de alimentos que
les proporcionan organizaciones de caridad, varios han sido desalojados de sus
viviendas alquiladas, acuden a las representaciones venezolanas y a las
entidades oficiales españolas pero no reciben respuestas que alivien sus
desesperanzas.
La
mudez gubernamental ante las continuadas solicitudes de encarar el problema “ha
originado una situación de vulnerabilidad y exclusión social que nos está
ocasionando una situación muy delicada”, manifiesta la Asociación que les
agrupa en Madrid. “Ya tenemos cuatro fallecimientos en menos de un año, de
personas que incluso no tienen ni cómo hacer frente a los gastos funerarios …
algunos están haciendo labores de limpieza, cuidado de niños y ancianos, y
otros que no pueden, están en situación de alta vulnerabilidad”.
A
partir de la constatación de que hasta el mismo presidente Maduro se burla
públicamente de la situación de los pensionados y jubilados, al anunciar pagos
que luego incumple, las organizaciones en España han reiniciado las
movilizaciones.
En
Madrid, el martes 23 de enero, unas 50 personas se manifestaron ante el
Consulado de Venezuela, exigiendo al cónsul general, Mauricio Rodríguez,
respuesta a sus planteamientos. El funcionario no salió de su despacho, como
tampoco hizo caso en septiembre pasado ante visita similar.
El
gobierno sigue haciendo censos en los consulados, a los que cada pensionado y
jubilado debe acudir para certificar que aún vive, a pesar del abandono a que
han sido sometidos.
El
profesor Pedro Ontiveros, presidente de la Asociación en Madrid, el martes 23
planteó a las puertas del consulado varias alternativas:
1.- Que mientras dure la crisis económica
aducida, el gobierno de Venezuela pida al gobierno de España el pago de
pensiones mínimas a los residentes afectados.
2.- Que el gobierno venezolano solicite al
Banco Santander (administrador de las pensiones en España) una línea de crédito
para que se cancelen pensiones mínimas hasta que el gobierno solvente su
situación.
3.- Que el IVSS certifique ante el Instituto
Nacional de Seguridad Social de España que desde dos años y medio no ha emitido
ningún pago, de manera que el gobierno español permita la tramitación y pago de
pensiones contributivas.
En el
Senado español, en el Congreso de los Diputados, en varios parlamentos
autonómicos, en varios ayuntamientos, en Galicia, en Asturias, en Canarias, en
Barcelona, han sido aprobadas mociones y disposiciones en beneficio de los
afectados, pero la política del gobierno central ha sido evasiva: “Hemos
recurrido al INSS, ministerio de Empleo y Seguridad Social, ministerio de
Exteriores, Defensoría del Pueblo, para hacer la reclamación y exigir que nos
ayuden al cumplimiento del mismo (Convenio Bilateral España-Venezuela), pero
tampoco hemos obtenido muchas respuestas”, dice Ontiveros.
Manifestaciones
como la de Madrid se están realizando en toda España. La Federación de
Jubilados y Pensionados (Fapejuves), que agrupa a las asociaciones de
Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia, se manifestará el
próximo 4 de febrero en la Plaza de Callao, en Madrid.
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