Carlos Basombrío 24 de enero de 2018
Hace
dos décadas Venezuela era uno de los países latinoamericanos con mejores
niveles de vida y con una democracia mediocre, teñida por problemas de
corrupción y grandes desigualdades. (Las dos últimas, realidades compartidas
con casi toda la región, entonces y ahora).
Hoy es
un país en ruinas. Todas las plagas han caído sobre ella. Las que más conmueven
recientemente: el hambre y la violencia estatal.
Impacta
ver escenas de militares escarbando en la basura para ver si encuentran algo de
comer; o a un vendedor de plátanos rodeado por una turba que busca quitárselos;
o a mujeres embarazadas, muertas en medio de tiroteos que estallan contra gente
que busca comida.
Venezuela,
además, se ha vuelto un país donde la vida no vale nada. La delincuencia llega
a niveles inusitados. Hoy por hoy el país llanero tiene la tasa de homicidios
más alta de América Latina. En el 2017 esta llegó a 89 por cada 100.000
habitantes (en el Perú fue de 7 por cada 100.000). De los 26.000 homicidios que
se registró el año pasado, más de 5.000 se atribuyen a la fuerzas de seguridad.
Durante
las protestas del 2017 hubo más de 100 muertos. Y hace poco tuvo lugar el
asesinato del policía rebelde Óscar Pérez y sus seis acompañantes rendidos,
hecho que la Conferencia Episcopal Venezolana no ha dudado en calificar de
“horrenda masacre”.
Todo
esto ocurre con un gobierno autoritario, con instituciones controladas por el
chavismo, elecciones amañadas, sin libertad de prensa, con control militar de
muchas actividades, así como una corrupción galopante.
La
comunidad internacional ha ido girando desde los cuestionamientos de diverso
calibre al aislamiento y las sanciones económicas. Por su parte, y si bien con
lentitud, América Latina ha pasado a la abierta condena (con las notorias
excepciones de Bolivia y Nicaragua).
Una
transición lo más pacífica y ordenada posible para el restablecimiento de la
democracia, así como la canalización de ayuda humanitaria para atender a la
población, y luego ayuda internacional para recuperar la destruida economía
parecen ser las urgencias más grandes. Ello debiera venir acompañado del
establecimiento de responsabilidades y sanciones a los responsables de esta
tragedia.
El
Perú viene teniendo un papel positivo y de liderazgo en la crisis venezolana.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski –he sido testigo de ello– ha sido muy
enfático en la necesidad de trabajar por esos objetivos. Me consta, también, la
inteligencia que ha tenido nuestra cancillería para convertir esos lineamientos
en acciones útiles y eficaces. El Grupo de Lima fue una exitosa iniciativa de
Torre Tagle que ha reunido a los cancilleres de la región para tener una
posición común y que viene cumpliendo un rol muy importante.
De
hecho, ayer mismo, el grupo se pronunció con claridad, en su cuarta reunión en
Santiago de Chile, ante el sorpresivo anuncio de la Asamblea Constituyente
–impuesta por el régimen para quitar poder a la Asamblea Nacional Legislativa–
de que las elecciones presidenciales se realizarán antes de que termine abril,
y que Nicolás Maduro será el candidato del gobierno. Al respecto, el Grupo de
Lima ha sido enfático al señalar que “esta decisión imposibilita la realización
de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a
estándares internacionales, y contradice los principios democráticos y de buena
fe para el diálogo entre el Gobierno y la oposición”.
La
nueva maniobra de los dictadores de Venezuela ratifica el entrampamiento de la
situación política en el hermano país.
Y eso
es lo peor de la actualidad venezolana: que parece no tener salida rápida, ni
menos fácil.
Es que
en Venezuela la oposición es ya muy mayoritaria, pero no logra articular
estrategias que permitan el fin del régimen de Maduro. Ello ha creado
explicables divisiones internas sobre cuál es la mejor forma de acabar con la
pesadilla que vive su país.
La
nueva situación abre un escenario de incertidumbre que, dada la tensión ya
existente y la gravedad de los problemas cotidianos, podría llevar al estallido
de violencia y mayor represión.
En ese
contexto, es imperativo que nuestra cancillería haga saber a Nicolás Maduro de
inmediato que no es bienvenido a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en
Lima en abril próximo.
Como
ciudadanos también podemos poner nuestro grano de arena, ratificando nuestra
hospitalidad a los venezolanos que huyen y buscan refugio en nuestro país.
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