Robin Emmott 17 de enero de 2018
Siete
funcionarios de alto rango venezolanos podrían enfrentar sanciones de la Unión
Europea a partir de la próxima semana, incluido el poderoso presidente de la
Corte Suprema, dijeron diplomáticos, mientras el bloque europeo busca presionar
al presidente Nicolás Maduro a resolver la crisis política.
Las
prohibiciones de viajes y el congelamiento de activos, que los embajadores ante
la UE aprobarían el jueves, seguirán a sanciones impuestas el año pasado por
Estados Unidos y marcan una postura más firme de las capitales europeas que
habían buscado una solución sin recurrir a medidas punitivas.
“El
gobierno (venezolano) ha aplastado a la oposición y es culpable de abusos a los
derechos humanos, así que creemos que es tiempo de enviar un mensaje fuerte”,
dijo un diplomático europeo involucrado en las discusiones.
Señalada
como dictadura por Francia y Estados Unidos, el gobierno de Maduro también es
acusado por muchos países de arrastrar a Venezuela hacia el autoritarismo y
arruinar una economía que aún cuenta con las mayores reservas mundiales
probadas de petróleo.
Dos
diplomáticos europeos dijeron que los probables sancionados serían funcionarios
de alto rango encargados de las fuerzas de seguridad acusados de abusos
generalizados, particularmente durante las protestas antigubernamentales del
año pasado.
La
lista de sancionados podría cambiar, dijeron los diplomáticos, pero actualmente
incluye al jefe del Distrito Capital en Caracas, Antonio José Benavides Torres;
al ministro del Interior, Néstor Reverol; al director nacional de Inteligencia,
Gustavo González López y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel
Moreno.
Sin
embargo, al contrario que Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea no pretende
sancionar al propio Maduro, buscando en lugar de eso presionar a su entorno
pero permitiéndole la opción de viajar a cualquier conversación futura.
Si los
embajadores de los 28 países de la Unión Europea llegan a un acuerdo para las
sanciones el jueves, probablemente serán adoptadas e impuestas en algún momento
de la próxima semana, afirmaron los diplomáticos.
No
hubo una reacción inmediata del gobierno de Maduro, pero Caracas usualmente
acusa a la Unión Europea de hacer causa común con Washington para denigrar y
acabar con el socialismo venezolano.
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