FRANCO ORDOÑEZ 26 de abril de 2018
A
pesar de prometer millones de dólares para ayudar a los venezolanos que huyen
de su país y de exhortar a aliados en la región "a hacer más" sobre
el hambre y la opresón que sufre el pueblo venezolano, el gobierno del
presidente Donald Trump ha estado deportando a venezolanos que vinieron a
Estados Unidos ilegalmente o se quedaron después de vencer su visa por temor a
regresar al país.
La
Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) ha deportado a 150 venezolanos en el año
fiscal 2018, entre ellos 9 este mes, cuando el vicepresidente Mike Pence estaba
en Lima, Perú, para la Cumbre de las Américas, donde prometió hacer “todo lo
que esté a nuestro alcance para apoyar a los que huyen de la tiranía”.
“Desafortunadamente,
muchos venezolanos aquí no tienen residencia permanente, no son ciudadanos
estadounidenses, no tienen visa, pero tienen temor de regresar a Venezuela”,
dijo Adriana Kostencki, abogada de la Asociación Venezolana-Americana de
Abogados, en Miami, que cabildea al gobierno en Washington para proteger a los
venezoalnos de la deportación. “Pero es luchar contra un gobierno que no ha
sido muy amistoso con la inmigración”.
El
vicepresidente Pence pronunció un apasionado discurso en Lima ante más de 30
jefes de Estado en la Cumbre de las Américas hace unos días, donde prometió
entregar $16 millones adicionales a otros países para que ayuden a los
venezolanos que han huido por la crisis económica, y presionó a aliados a
seguir el ejemplo de Estados Unidos en aislar al gobierno del presidente
Nicolás Maduro.
Durante
una reunión con líderes de la oposición venezolana, Pence habló de la falta de
alimentos e insumos básicos en los principales hospitales. Dijo que muchos
estadounidenses no entienden los problemas que han llevado a millones de
venezolanos a huir de “la opresión de la dictadura” que ha creado el mayor
desplazamiento de personas en la historia de América Latina.
“Estamos
con el pueblo de Venezuela y seguiremos haciendo todo lo que está en nuestro
poder para ofrecer apoyo a los que han huido de la tiranía”, dijo Pence al
grupo.
El
gobierno federal informó que de los 150 venezolanos deportados, aproximadamente
una tercera parte son delincuentes convictos que cometieron un amplio abanico
de delitos, desde casos de tránsito hasta secuestro y agresión sexual.
El
gobierno no respondió a preguntas sobre las deportaciones, pero dijo que está
discutiendo internamente maneras de ayudar a los venezolanos que llegan a la
frontera, incluida la posibilidad de ofrecerles asilo.
Más
venezolanos están pidiendo asilo en Estados Unidos que ciudadanos de ningún
otro país. El Servicio de Ciudadanía e Imigración informa que más de 27,600
venezolanos solicitaron asilo en el año fiscal 2017, un aumento de casi 400 por
ciento en comparación con los dos años anteriores.
El
asilo por lo general se otorga a personas que no pueden regresar a sus países
debido a la persecución por motivos políticos, de raza, religión, origen
nacional o un grupo social particular. Los que lo reciben pueden vivir y
trabajar legalmente en Estados Unidos y más tarde solicitar la residencia
permamente y la ciudadanía.
Pero
el el caso de los venezolanos, el asilo ha sido difícil de conseguir. Un alto
funcionario del gobierno federal dijo que los casos de asilo no tienen
limitaciones por país, y cada solicitud se evalúa por sus propios mértos, que
toma en cuenta las circunstancias específicas de la persona y las leyes y
políticas aplicables.
El
gobierno federal también ha acelerado el proceso de solicitud de asilo para los
casos más recientes, lo que obstaculiza las posibilidades para los que no
pueden trabajar mientras se procesa la solicitud. Los venezolanos quedan
particularmente afectados, considerando la gran cantidad de solicitudes
recientes y los retos para que las aprueben.
“Lo que
estamos tratando de hacer es asegurar que los que solicitan asilo cumplan los
requisitos para quedarse y obtener el permiso de trabajo mientras se procesa su
solicitud, y no estén tratando de saltarse el proceso”, dijo el alto
funcionario del gobierno.
Kostencki
también ha presionado al gobierno para que proteja a los venezolanos a través
de un Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a personas de un país
que sufre un desastre natural, conflicto armado u otras circunstancias
extraordinarias, permanecer en Estados Unidos y trabajar legalmente hasta que
se normalicen las condiciones por las que se otorgó el TPS. Pero el gobierno de
Trump ha criticado el programa y está eliminándolo para cientos de miles de
haitianos, salvadoreños y nicaragüeses, y es poco probable que lo otorgue a
otro grupo.
James
McCament, subdirector del Servicio de Ciudadan'ia e Innmigración, le escribió a
Kostencki el año pasado para decirle que el gobierno estaba monitoreando la
crisis en Venezuela pero que TPS se basa en criterios específicos y que el
gobierno también tiene fuera del TPS programas humanitarios para venezolanos
que cumplan los requisitos.
Sin un
TPS o el asilo, los venezolanos tienen pocas oportunidades de permancer
legalmente en el país. Pratt, el abogado de inmigración, considera irónica la
falta de protecciones que se ofrece a los venezolanos tomando el cuenta la
postura agresiva del gobierno sobre Venezuela y las promesas de ayudar de
cualquier manera posible.
“Por
una parte, reconocemos que están en una cierta categoría especial”, dijo Pratt.
“Por otra parte, no reconocemos esa categoría, no para fines de protección
migratoria”.
Tomado
de: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article209740439.html
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