El Espectador 01 de abril de 2018
La
labor estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres y se llevará a cabo durante un plazo de dos meses, prorrogables. El
censo venezolano, sin embargo, no otorgará ningún tipo de estatus migratorio
especial para esta población.
El
presidente Juan Manuel Santos ya venía anunciando, desde principios de febrero
de este año, que pronto iba a tomar medidas en el Ejecutivo para atender a la
población migrante, proveniente de Venezuela, que se ha visto obligada a
ingresar a territorio colombiano por la crisis política, social y económica que
atraviesa el país vecino. En respuesta, ya dejó listo, a finales de este mes,
el decreto que otorga de herramientas a la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres para que comience el censo de venezolanos que han llegado a
Colombia en dicha calidad.
A
partir del próximo viernes 6 de abril, es decir, en menos de una semana, la
mencionada entidad comenzará a materializar el registro de migrantes
venezolanos, pero con efectos informativos. Es decir, este procedimiento no
otorgará ningún tipo de estatus migratorio y “no constituye autorización de
permanencia o regularización”, como aclara el decreto firmado por el primer
mandatario. Tampoco servirá para reemplazar documentos de viaje y no genera
derechos civiles o políticos que, por ejemplo, les permita participar del
proceso electoral que se avecina, el próximo 27 de mayo.
De
acuerdo con las autoridades, hasta enero de este año, el registro oficial daba
cuenta de unos 350.000 venezolanos irregulares que han atravesado la frontera
hacia territorio colombiano, sin tener en cuenta en dicha cifra los que han
cruzado por vías ilegales y que no han reportado su ingreso. Y es que, según la
UNGRD, desde 2017 la entrada masiva de venezolanos a territorio colombiano ha
aumentado significativamente y “dicha migración no sólo se adelanta a través de
los puestos oficiales de control fronterizo sino también por rutas de acceso
irregular al país, motivo por el que no ha sido posible su registro”.
Para
el debido registro, la entidad creó una herramienta que caracteriza el tipo de
población que ingresa al país en elementos como sexo, edad, trabajo,
composición familiar, profesión o capacidad de vincularse formalmente a algún
tipo de labor en el país, entre otros aspectos. Una herramienta similar a la
que tiene para el Registro Único de Damnificados, que separa a la población
afectada por eventos naturales o antropogénicos no intencionales, y trabajará
de manera mancomunada con la Defensoría del Pueblo y con las distintas
personerías municipales.
“La
información contenida en el Registro Administrativo de Migrantes no podrá ser
utilizada para la imposición de medidas sancionatorias a la población
registrada, tales como multas, deportaciones o expulsiones de cualquier tipo”,
indica el decreto firmado hace algunos días por el presidente Santos, y se
aclara que el registro se llevará a cabo durante un plazo de dos meses,
prorrogables en caso de ser necesario.
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