ELVIRA PALOMO 08 de mayo de 2018
@elvipal
Desde hace dos años, más de 9.000 personas
sufren el impago por parte del Gobierno venezolano. Han comenzado a acudir a
los tribunales para desbloquear su situación. En Galicia ya hay 200 demandas
Serafín
Ruiz González, nacido en Santander, pero afincado ahora en Galicia, se marchó a
Venezuela en 1949, donde trabajó como empleado de una empresa de química. Fue
allí donde conoció a su esposa, la canaria Ornela Martín, que como tantos en
las islas se fue en su juventud al país caribeño. Después de toda una vida
cotizando, a los 90 años le ha tocado pelear para conseguir cobrar parte de su
pensión. Y ha ganado. El impago por parte del gobierno de Venezuela desde hace
dos años de las pensiones a quienes viven en el exterior ha llevado a los
damnificados en España a movilizarse y, ante la falta de respuesta, a reclamar
por la vía judicial.
“Es un
tema muy triste, este colectivo queda muy desamparado”, señala su hija, María
Fernanda, responsable de relaciones institucionales de la Asociación de
Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia (APEJUVEG), que representa a
600 personas. Sólo en esta región hay 3.000 afectados, un tercio de los más de
9.000 que suman en total en España, según las asociaciones que los representan.
La mayoría son emigrantes españoles retornados. Galicia y Canarias son las
principales comunidades afectadas. “No hay esperanza de que Venezuela pague,
los que se fueron están totalmente olvidados”, lamenta María Fernanda, que ha
luchado para que su padre lograra tener un sustento. Serafín Ruiz no es de
mucho hablar, confiesa su hija, pero el nonagenario asegura con voz rotunda por
teléfono a este diario “la alegría grande” que sintió al conocer que un juzgado
de Vigo le dio la razón y le permitió acceder a una pensión mínima. “Pensé que
otros también ganarán”, asegura recordando al resto de personas que están en su
situación.
El
problema se remonta a finales de 2015, cuando el gobierno de Venezuela dejó de
pagar a los pensionistas que se fueron del país. España y Venezuela tienen un
convenio de prestaciones vigente desde los años noventa por el que las partes
se comprometen a transferir la pensión en el país donde residan los
beneficiarios. Sin embargo, Venezuela no ha notificado oficialmente este
impago, lo que impide a los pensionistas recibir ayudas del Gobierno español.
Tampoco los complementos para las pensiones que no llegan al mínimo para
quienes hayan cotizado también en España como es el caso de Serafín, que cotizó
unos años siendo repartidor con su bicicleta de productos de una droguería,
antes de marcharse a Venezuela.
“En un
80% son retornados españoles, muchos nacidos en esta tierra. Lo que han hecho
es, en la época peor que tuvo España, irse a Venezuela, vivir allá, contribuir
con la recuperación española con lo que se podía, regresarse a su tierra con
una pensión después de una vida ya hecha, solo para encontrarse que la pensión
desaparece y a ellos se les tira al olvido”, lamenta el presidente de APEJUVEG,
Andrés Varenkow, de 67 años.
La
situación se complica aún más para este colectivo por el complejo sistema
monetario venezolano. En un país que cerró el año pasado con una inflación del
4.000% y con un salario mínimo equivalente a seis dólares (4,8 euros) que da
para comprar dos huevos al día, el Gobierno mantuvo hasta enero una tasa de
cambio fija para calcular sus pensiones. Esto convertía la pensión mínima, al
cambio oficial (no real) en 25.000 euros, un monto inviable que nunca nadie
cobró. “Obviamente no nos van a pagar 25.000 euros, yo sería muy feliz de que
así fuera, pero no va a pasar, no es realista”, dice Varenkow. El venezolano,
casado con una pontevedresa a la que conoció en Caracas, con la que tiene tres
hijos con doble nacionalidad y dos nietas gallegas, es ingeniero, trabajó en
una de las principales empresas alimentarias en Venezuela (Polar) y fue
profesor universitario. Ahora “debo seguir trabajando como sea porque en dos
años y pico los ahorros se van”. Sin embargo, remarca, “hay personas muy
mayores, solas, desasistidas, que están comiendo en el banco de alimentos de
Cáritas, o son expulsados de su vivienda porque no pueden pagar”. Lo que piden
al Gobierno español es que siga presionando a Venezuela para que pague sus
pensiones y mientras tanto desbloqueen la situación permitiéndoles, de manera
excepcional, acceder a las ayudas a las que podrían optar.
“No
pedimos a España que tome el rol que no le corresponde sustituyendo a
Venezuela”, asegura Varenkow. “Lo que estamos pidiendo es que sea una especie
de crédito puente y ni siquiera para todo el mundo, que sea puramente
humanitario, y que cuando Venezuela pague, que nunca ha dicho que no va a
pagar, se le devuelve ese dinero, pero no pueden dejar a las personas tiradas
en la calle”. En algunas de las regiones más afectadas, como Canarias, ya se ha
puesto en marcha una ayuda social temporal. Asturias han asistido a cerca de 200
familias; Cataluña a una docena y en Aragón han abierto una renta social, que
permite parcialmente ayudar a las familias.
Los
pensionados no descansan. Miembros de la organización han mantenido reuniones
con una veintena de representantes políticos de la Xunta de Galicia, dirigentes
de partidos políticos, incluso les recibió la directora general del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) Paula Roch Heredia. Los afectados
lamentan que la atención que reciben durante sus reuniones no se transforma en
acciones. Han pedido también una reunión con la ministra Fátima Báñez. De
momento, no han obtenido respuesta. También se han manifestado frente a los
consulados y han enviado una carta al embajador Mario Isea —La Embajada de
Venezuela no contestó a consultas de este periódico sobre este caso, en el
momento de publicar este artículo—. El presidente, Nicolás Maduro, se
comprometió hace unos meses en una entrevista con un canal de televisión
español a pagar las pensiones a los venezolanos en España. El mandatario afirmó
que antes de acabar 2017 se resolvería. Cinco meses más tarde la situación
sigue estancada.
Desde
el ministerio español sostienen que la Seguridad Social “tiene que implementar
con extremo cuidado las posibles soluciones” por su complejidad legal. En este
sentido, señalaron que el convenio no recoge la posibilidad de que una de las
partes no cumpla y advierten que “modificar la legislación que permitiera
asumir el pago de la pensión no abonada por otro país, abriría la puerta a que
ciudadanos de cualquier país reclamaran al Estado español el pago de las
pensiones que los Gobiernos propios dejan de cumplir”. Las asociaciones de
afectados saben que España se enfrenta además a las reivindicaciones de los
jubilados, que recientemente salieron a las calles para reclamar “pensiones
dignas”, con subidas al ritmo de la inflación, por eso se muestran dispuestos a
alcanzar un acuerdo “en cuyos términos inclusive se puede contemplar el
reembolso de los recursos en caso de que Venezuela comience a pagar de nuevo,
además de incorporar una fecha de corte, para que solo aplique a los que ya
residen en suelo español, evitando el temido efecto llamada para que otros
sigan el ejemplo”.
Carácter
de urgencia
La
portavoz de APEJUVEG destaca el carácter de urgencia para hallar una solución.
“Hay gente de 70, 80 años que no puede seguir esperando”, apunta María
Fernanda. En Galicia han presentado 200 demandas, de las que ya van más de 50
ganadas, pero la huelga que la justicia gallega mantiene de forma intermitente
desde diciembre ha retrasado algunos juicios hasta enero de 2019. “Se ha
convertido en un calvario para nuestros ancianos pensionados”, lamenta. En este
periodo han muerto cuatro personas, algunos con la fecha programada como
Esteban Janeiro, un gallego retornado a Vigo, cuyo caso se ha convertido en uno
de los más emblemáticos.
“Mi
padre murió con 85 años cansado de pelear”, cuenta su hija Mónica Janeiro, que
asegura que su padre fue consciente durante todo el proceso de lo que estaba en
juego y, lúcido hasta el final, no le flaqueó el ánimo para animarla a que
siguieran adelante. “Él me preguntaba todos los días ‘¿ya ingresaron?’ Ya
después ni me preguntaba”. Esteban emigró a finales de los cincuenta a
Venezuela donde trabajó en una maderera y vivió una vida “sin lujos”, asegura
su hija. “No es de los gallegos que volvió con millones”. De su pensión
dependían su esposa Floriana, de 76 años, su hija, su yerno y sus nietos, que
dejaron atrás Venezuela. “Salí tan despavorida que salí sin nada”, cuenta
Mónica, que en su país era maestra.
La
necesidad ha hecho que personas que no se dedican a la abogacía y se encuentran
en un país cuyas leyes no conocen se hayan convertido casi en expertos en los
vericuetos de la legislación española en lo que se refiere a pensiones y a la
normativa de la Seguridad Social. “Yo no sabía nada de complementos, ni
entendía de lo que cobraba hasta que la situación se puso crítica, van pasando
los meses, nosotros tuvimos que ir hasta a Cáritas, a mi papá le negaban todo
cuanto le solicitabas porque figuraba que recibía la pensión de Venezuela”. Su
esposo ha conseguido un trabajo gracias a un curso que hizo en Cáritas.
En
numerosas concentraciones en España han denunciado el silencio administrativo a
su situación. En algunos casos desesperada. Mónica comparte una foto en la que
se ve un grupo de ancianos tras una pancarta frente al consulado en Vigo:
“Pensionados abandonados. Venezuela no cumple convenio. España se desentiende.
¿Quién nos ampara?”. En un lado está su padre con una gorra de Venezuela y una
bandera de España. Esteban Janeiro tenía el juicio el 12 de diciembre del año
pasado. Falleció el 10 de octubre.
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