Juan Guerrero 01 de junio de 2018
Esto
es, “legalmente” venezolanos, por naturalización y hasta por nacimiento.
Desde
hace tiempo he querido abordar este tema. La fortaleza de un Estado está basada
en su población. Para ello existen diversas maneras de conocer la cifra exacta
de habitantes. Una es saber el número de ciudadanos que constituyen su
sociedad, a través de los censos nacionales. En Venezuela esto ocurre cada 10
años.
En
nuestro país han existido destacados investigadores en demografía que han
categorizado la población venezolana. El profesor Francois Benko, padre de la
demografía moderna en Venezuela, es uno de ello. Otro destacado especialista en
población es el Dr. Hernán Méndez Castellano, quien inició los estudios sobre
la estratificación de la población venezolana.
Sin
embargo, y aunque existe un centro especializado en saber de manera profesional
el número de habitantes de nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística
(INA), resulta muy difícil conocer, en la actualidad, el número exacto de
habitantes.
Peor
aún, al no tener datos estadísticos confiables, actualizados y rigurosamente
contrastados se corre el riesgo de sesgar la información. Los controles sobre
la población venezolana, en materia de identificación, resultan de inestimable
valor porque están vinculados con la seguridad de la nación y más aún, con la
supervivencia y vigencia de la sociedad, tradiciones y cultura.
Indicamos
esto en razón de la serie de dudas que en los últimos años se vienen
presentando, tanto con la data estadística que presentó en su momento el INA,
como en la cuestionada cifra sobre la población apta para sufragar en
elecciones, presentada por el Consejo Nacional Electoral.
Esta
duda que se presenta, tanto con la cantidad de habitantes, clasificada por
estrato sociales, y la población con derecho al voto están relacionadas con los
grupos de individuos, de otras nacionalidades, quienes son introducidos al país
de manera ilegal y tras cierto tiempo, terminan con documentación venezolana.
Esto es, “legalmente” venezolanos, por naturalización y hasta por nacimiento.
La
proliferación de los procesos de cedulación en Venezuela (gran parte de ellos
en las plazas Bolívar de ciudades y pueblos) y hasta en casas de particulares,
indudablemente incorporó a la sociedad (visibilizó y reconoció) de forma
legítima y legalmente a millones de venezolanos cuyo único documento era la
boleta de nacimiento (no la partida de nacimiento). Pero también ha servido
para triquiñuelas, generando estafas y convirtiéndose en peligro inminente para
la seguridad del Estado y la sociedad.
Lo más
notable y de inevitable riesgo ha sido el otorgamiento de pasaportes a un
número indeterminado de sujetos, quienes fueron detenidos en Europa, cometiendo
actos terroristas, tanto en Francia como en los Países Bajos.
De ser
Venezuela el país que por décadas mantenía un estricto control de su población
con el documento de identificación más seguro y masivo de Latinoamérica y de
los mejores en el mundo, sus ciudadanos han pasado a ser personas con
documentación dudosa, tanto con la partida de nacimiento, cédula de identidad y
pasaporte, para la gran mayoría de países donde un connacional intenta entrar.
Y es que en Venezuela el tráfico con documentación de identificación
“legalmente falsa” es un verdadero negocio.
Creo
que uno de los primeros actos que debe realizar una nueva administración para
un nuevo gobierno de Estado, será la revisión, tanto de la data de la población
total de venezolanos, en todas las entidades federales, parroquias y
municipios, como también contrastar sus documentos de identificación.
En la
Venezuela del siglo XXI hay venezolanos por nacimiento, la gran mayoría, como
también por naturalización. En ambos grupos y muchos individuos, existe duda
razonable sobre la veracidad de sus documentos de identificación.
El uso
de documentación “legalmente” otorgada a individuos extranjeros haciéndolos
pasar como nacionales, por estrategias políticas, tanto para aumentar el
registro electoral nacional como para disfrazar a terroristas, está causando un
dramático riesgo de seguridad nacional con consecuencias muy trágicas.
Es muy
posible que la intensificación de la persecución y sanciones contra personajes
de la administración pública venezolana, sea como consecuencia de los actos
terroristas causados en Europa en años recientes. Esos actos terroristas
ejecutados por individuos con documentación venezolana, indudablemente que ya han
sido averiguados e identificado a sus responsables, sean de manera directa como
a sus actores (protectores y financistas) intelectuales.
Todo
indica que hay rutas de identificación que llevan hasta las mismas entrañas del
régimen totalitario venezolano, bolivarista, chavista y socialista del siglo
XXI.
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