El Observador 01 de julio de 2018
La crisis creada en Europa y Estados
Unidos por la creciente llegada masiva de inmigrantes que huyen de la pobreza
en sus países se ha convertido en un problema mundial complicado por
controversias y desavenencias sobre como solucionarlo.
Este
fenómeno, que incluso se vive en Uruguay, se ha multiplicado aceleradamente.
Naciones Unidas ha informado que desde el año 2000 casi 50 millones han
ingresado a diferentes países, en gran proporción en forma ilegal. Los países
de acogida se debaten entre la obligación humanitaria de aliviar las penurias
de esta enorme masa humana y, por otro lado, evitar el impacto económico de
ayudar a gente con escasa formación laboral y defender sus propias identidades.
La
situación tiene aristas diferentes en la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.
La UE debate fórmulas para controlar la inmigración pero está lejos de un
acuerdo. La canciller alemana Angela Merkel, que defiende una política amigable
hacia los inmigrantes, advirtió antes de partir a la cumbre en Bruselas sobre
el tema, que el futuro de la comunidad europea depende de que se encuentre una
salida. Pero sus socios en la coalición gobernante le exigen ponerle coto a la
inmigración bajo amenaza de coartar hasta el libre tránsito interno en la UE.
Varios países comparten esta posición, extremo liderado por Italia, donde unos
500.000 africanos llegaron desde 2015 en riesgosas travesías por el
Mediterráneo que han provocado la muerte de miles de personas por hundimiento
de sus embarcaciones. El gobierno italiano, que incluye partidos de
ultraderecha, exige que todos los países de la UE se comprometan a recibir a
los inmigrantes, posición rechazada por muchas naciones. La salida
aparentemente más viable para el caso europeo es la propuesta alemana de
establecer en países europeos o africanos centros de internación con buenas
condiciones de vida y donde se procesen en forma responsable y ordenada las
solicitudes de asilo.
En
Estados Unidos el presidente Donald Trump impuso primero una tolerancia cero al
ingreso de inmigrantes ilegales, procedentes mayoritariamente de México, y la
expulsión de decenas de miles de indocumentados. Aunque oficialmente esa
política se mantiene, Trump, enfrentado a una ola de protestas, ha tenido que
dar marcha atrás en algunas de sus medidas más drásticas incluyendo la
separación de niños de sus padres. Lo complica adicionalmente que algunos
estados fronterizos con México se muestran más dispuestos a recibir clandestina
mano de obra barata.
Uruguay
no es ajeno al tema, aunque en grado mucho menor. El derrumbe económico y las
persecuciones políticas de la dictadura chavista en Venezuela han aumentado
notoriamente la emigración de ciudadanos de ese país así como, en grado menor,
de Cuba y otros estados caribeños. Los venezolanos escapan principalmente a
Colombia y Brasil, pero llegan también a nuestro país. En su gran mayoría han
encontrado trabajo y se les reconoce su diligencia laboral, pero constituyen
igualmente un problema en momentos en que el desempleo golpea a Uruguay, con la
pérdida de más de 40.000 puestos de trabajo en los últimos años. Un mundo sin
fronteras es imposible. Pero la crisis migratoria mundial impone encontrar una
solución que respete por igual los derechos de los inmigrantes a buscar una
vida mejor y los intereses y realidades de los países a los que ingresan.
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