Periodistas-es 26 de julio de 2018
Unidad
Internacional de los Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) pide
solidaridad con los trabajadores migrantes venezolanos y que se reconozca su
condición de refugiados.
xplica
esta organización que miles de trabajadores venezolanos cruzan todos los días a
pie las fronteras con Colombia y Brasil, huyendo de la miseria y el hambre a
las que el gobierno venezolano les condena mediante un plan de ajuste que ha
reducido el salario promedio a menos de 5 dólares mensuales. Entre 2015 y 2018
se estima que han salido del país alrededor de dos millones de personas, un 6 %
de la población. Según algunas encuestas, alrededor de un tercio de la
población quiere emigrar para escapar de la hiperinflación, la criminalidad
violenta y la represión.
Venezuela
hasta hace pocos años no tuvo una tradición significativa de emigración.
Durante la segunda mitad del siglo XX, Venezuela más bien recibió inmigrantes
de Europa y América Latina, un importante número de ellos de la vecina
Colombia. Como parte de la polarización política y social en el marco del golpe
de 2002 se da una primera oleada de emigración, fundamentalmente limitada a la
clase media alta y la burguesía. Pero a partir de la crisis económica de 2013 y
hasta la actualidad, con la contracción brutal de la economía y el ajuste
inflacionario que liquida los salarios, se genera una ola de emigración cada
vez mayor de la que participan sobre todo los asalariados y cuentapropistas, en
condiciones cada vez más precarias.
El
gobierno venezolano niega a la población la posibilidad de acceder de manera
oportuna a pasaportes y otros documentos, alentando el pago de sobornos para
obtenerlos, tan elevados que la mayoría de las personas no pueden pagarlos.
Como
parte de esta ola de emigración, miles de venezolanos se encuentran en el norte
de Brasil y el oriente colombiano en condiciones de miseria y extrema
vulnerabilidad, hay casos de esclavismo en el norte brasileño en haciendas de
los que han sido víctimas trabajadores venezolanos, incluso han sido víctimas
de ataques xenófobos en la ciudad de Cúcuta, abundan las denuncias de
feminicidios contra venezolanas en Perú, y crece una industria de trata de
mujeres venezolanas con fines de explotación sexual en toda Latinoamérica.
Muchos se embarcan en naves precarias hacia las Antillas bajo el yugo holandés
o a Trinidad y Tobago, país donde las autoridades encarcelan a centenares de
inmigrantes venezolanos y los amenazan con sentencias de hasta dos años de
cárcel.
Ante
toda esta situación el gobierno venezolano no brinda ninguna asistencia a los
venezolanos en el exterior.
Según
el discurso oficial, presente en los medios de comunicación del gobierno y los
discursos de Nicolás Maduro, los emigrantes son “blancos, descendientes de
europeos, de clase media” y personas “que no aman a su patria”, que la
abandonan en momentos de dificultades. Demostrando una vez más el talante ultra
reaccionario del gobierno. La oposición de derecha agrupada en la MUD, también
instrumentaliza la crisis de la emigración, como se refleja en las
declaraciones de Julio Borges, quien advirtió que Latinoamérica se puede
“contaminar” de problemas que sufre Venezuela como la criminalidad violenta,
debido al flujo de inmigrantes venezolanos. Una declaración que estigmatiza a
los inmigrantes venezolanos y alienta medidas restrictivas por parte de los
gobiernos de la región.
Las
transnacionales petroleras se benefician asimismo con la superexplotación de
los asalariados venezolanos y la UIT-CI llama a los trabajadores de EEUU,
España, Noruega, Francia, Italia y otros países con compañías petrolíferas a
denunciar que Chevron, Repsol, Total, ENI, y las demás transnacionales en las
empresas mixtas petroleras pagan salarios de menos de 5 dólares mensuales a los
trabajadores venezolanos.
La
UIT-CI sostiene que ante la destrucción del nivel de vida de la clase
trabajadora venezolana por parte del gobierno, a tal punto que es imposible
subsistir con el salario promedio, los trabajadores migrantes venezolanos deben
ser considerados refugiados, desplazados forzados por la debacle económica, y
los países que los reciben deben brindarles toda la asistencia necesaria,
incluso recibirlos aunque no dispongan de pasaporte, en vista de que el
gobierno de Maduro le niega la documentación a sus ciudadanos.
Además,
señala que los gobiernos de la región deben adoptar medidas para impedir que
los trabajadores que huyen de la esclavitud en Venezuela sean nuevamente
sometidos a condiciones de explotación esclavista en los países a los que
migran, debido a su situación vulnerable.
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