EFE/14YMEDIO 13 de agosto de 2018
Ecuador ha declarado el estado de emergencia
y Brasil vive una controversia judicial por el cierre fronterizo con Venezuela
La
presión de los flujos migratorios procedentes de Venezuela sobre los países de
la región ha llevado este miércoles a Ecuador a declarar el estado de
emergencia institucional en las provincias de Garchi, Pichincha y El Oro,
mientras que en Brasil esta semana las autoridades cerraron durante unas 20
horas la frontera con su vecino del norte tras una orden judicial,
concretamente en el estado de Roraima, principal puerta de entrada para los
venezolanos que huyen de la crisis económica, política, y social de su país.
En el
caso de Ecuador, país con el que Venezuela no comparte frontera, se informa en
un comunicado de la Cancillería que "en los últimos días, el flujo llegó a
4.200 ingresos diarios". El temor a que el nuevo presidente de Colombia,
Iván Duque, pueda cerrar las fronteras, ha intensificado la llegada de
inmigrantes venezolanos en los últimos días en busca de un destino en el sur
del continente.
En
2017 entraron a Ecuador 288.005 venezolanos, una cifra que probablemente sea
superada este año a juzgar por las aglomeraciones en la frontera entre los dos
países.
La
principal puerta de acceso a Ecuador es el paso de Rumichaca, en la frontera
con Colombia, totalmente congestionado en los últimos días. Desde ahí se
desplazan muchos de ellos hacia la capital, Quito, con la intención de seguir
su viaje hacia el sur y cruzar Perú, e incluso llegar a Chile.
El
estado de emergencia institucional se prolongará todo el mes de agosto, aunque
podría ser renovado de acuerdo a las circunstancias en los pasos fronterizos.
Según
un comunicado del Ministerio de Salud, se "fortalecerá la atención con un
mayor número de médicos". El despliegue se completa con un grupo de
trabajadores sociales y psicólogos, especialmente para los grupos vulnerables
(niños, niñas, adolescentes y mujeres), así como con ayuda humanitaria de
primera necesidad.
Mientras
tanto, en Brasil, las diferencias entre la Gobernación de Roraima y el Gobierno
fue lo que causó el cierre temporal de la frontera. La demanda presentada por
las autoridades locales a un juez federal, que han visto cómo en el último año
llegaban a la zona unos 50.000 venezolanos, fue posteriormente anulada por el
Tribunal Regional Federal de la Primera Región.
"Cerrar
la frontera significa no reconocer al inmigrante como igual al brasileño",
declaró el Tribunal, mientras que el ministro de Seguridad del país, Raúl
Jungmann, insinuó que el pedido de cierre fronterizo insinuado por las
autoridades de Roraima puede estar vinculado a cuestiones políticas internas de
esa región, de cara a las elecciones que se celebrarán en octubre próximo en
Brasil.
Jungmann
consideró, a título personal, que la decisión de pedir el cierre de la frontera
pudo haber tenido alguna "interferencia tóxica de las elecciones", lo
cual afirmó que sería "intolerable", pues "ese asunto no puede
ser incluido en la disputa electoral".
El
ministro apuntó que, desde que en febrero pasado el Gobierno declaró una
"situación de vulnerabilidad" por la masiva afluencia de venezolanos,
ha aumentado los recursos financieros dirigidos a Roraima, a fin de paliar la
situación.
Asimismo,
en cooperación con entidades internacionales, como el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se han instalado campamentos en
los que los venezolanos son acogidos y se ha puesto en marcha un programa para
trasladar a los venezolanos que así lo deseen a otras regiones del país,
mediante el cual 820 inmigrantes han sido ubicados en ciudades como Sao Paulo,
Cuiabá, Brasilia y Río de Janeiro.
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