Uno de
los problemas que Pedro Sánchez ha heredado de su antecesor es la gestión de
las cada vez más numerosas solicitudes de asilo político en España,
especialmente de ciudadanos venezolanos, que por tercer año consecutivo figuran
como la primera nacionalidad en cuanto a peticiones de protección internacional
en nuestro país, por delante de los sirios. En 2016, se registraron 4.196 de
esas instancias; en 2017 se elevaron a 10.325 y -según datos de la base
estadística europea Eurostat- hasta
agosto incluido de 2018 hay que añadir 12.845 más. Los procedimientos
administrativos no avanzan y prueba de ello es que para esa misma fecha
constan 25.340 expedientes a la espera de resolver, de acuerdo
con la información facilitada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), y la cifra cobra mayor gravedad cuando se sabe que en los seis primeros
meses del año solo se han concedido tres reconocimientos como refugiados a
ciudadanos venezolanos. Una política de acogida a cuentagotas que depara
un futuro desolador para esa población.
El
Defensor del Pueblo ha llamado la atención al Ministerio del Interior esta
semana por el atasco, pero antes lo hizo el PP, que ha denunciado la situación
en una Proposición No de Ley que se debatirá en el Congreso en breve. «Somos
muy conscientes de que el asilo necesita muchas comprobaciones y el
procedimiento es muy complicado, pero que nadie se lleve a engaño: Pedro
Sánchez es prisionero de Podemos, y es sabido que Podemos no apoyará
nada que favorezca a los venezolanos en España, muchos de ellos opositores
o que han tenido que salir huyendo del régimen». Lo explica José Ramón García,
portavoz de Asuntos Exteriores de los populares en el Congreso, que mostró gran
preocupación por el hecho de que el Ejecutivo del PSOE «llegara diciendo que
estarían más cerca de Felipe González y estamos viendo que cada
vez lo están más de José Luis Rodríguez Zapatero.
Obstáculos
Con el
cambio de Gobierno llegaron también los cambios en las instituciones del
Estado. Ya a principio de junio, las autoridades cancelaron el número 060 para
hacer las citas por vía telefónica y lo exigen de forma presencial, así como
también la medida obligatoria de retirar el pasaporte al solicitante
que dejó de ser un requisito porque «no daban abasto con la cantidad
de documentos». Máchelin Diáz, abogada especializada
en asilo político dijo a ABC que es «alarmante e irresponsable que el
Gobierno español no retire el pasaporte porque las personas no son conscientes
del peligro que corren saliendo del país porque aún no han asimilado su
situación».
Pero
la fecha que realmente marcó la pauta para endurecer el trámite de concesión de
la tarjeta roja fue el pasado 3 de septiembre. Los funcionarios dejaron
de escribir las declaraciones y piden que hagas un escrito para
incorporarlo al expediente. «Hubo una señora, madre de dos activistas políticos
venezolanos, que la mandaron a callar para decirle que si seguía hablando de
sus hijos no iban a tomar su testimonio, que tenía que contar los hechos que le
pasaron a ella personalmente», explicó Díaz.
Intimidación
El
proceso de protección internacional, que estuvo habilitado en todas las
comisaría de la Comunidad de Madrid, ahora solo es competencia de la sede de
Aluche y la Oficina de Asilo y Refugio en la calle Pradillo. «Hay entre 10 a 12
funcionarios atendiendo diariamente a una fila de 300 personas al día
que quieren pedir cita», comenta a ABC Luis Redondo, presidente de la
Asociación de Formación, Orientación y Ayuda al Refugiado y Emigrante (Foare).
Redondo
también señala los abusos y la intimidación por parte de los funcionarios que
piden los bolsos para requisarlos y llaman a los perros policías para que los
huelan. A esto se le suma la presión de algunos trabajadores públicos que
mientras escuchan los testimonios interrumpen con frases como «me estas
mintiendo», «dime la verdad» o «no te voy a dar ninguna tarjeta roja
si estos documentos son falsos».
El
atasco de expedientes ha generado un récord histórico de peticiones de asilo en
España, que afecta directamente a los demandantes quienes están actualmente esperando
con cuatro meses de retraso la renovación de su documento.
La
solución que ha propuesto el Defensor del Pueblo es la concesión generalizada
de un estatuto de protección temporal a los venezolanos que ya
están en España, si bien CEAR subraya que ese gesto no excusaría el análisis
personalizado de los expedientes, partiendo de la creencia de que muchos
solicitantes tienen derecho a recibir la condición de refugiados.
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