Toni CERDÀ 09 de abril de 2019
La Unión Europea (UE) se aferra a su
iniciativa con países latinoamericanos para lograr una salida a la crisis en
Venezuela, la “única” con acceso a todas las partes, pese a sus exiguos
progresos y el peso cada vez mayor de Rusia y Estados Unidos.
“El
Grupo de Contacto Internacional (GCI) no tiene fecha de expiración”,
defendió este lunes la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, al término
de una reunión de cancilleres europeos en Luxemburgo, donde abordaron la
situación.
Al
anunciar en Bucarest en enero la creación del grupo, Mogherini indicó que su
duración era de “90 días” para evitar dar un balón de oxígeno
al gobierno venezolano y que si no se lograban resultados, se podía poner fin a
su mandato antes.
Pero
ante el agravamiento de las crisis y el papel de Moscú y Washington, la UE
vería con buenos ojos una prórroga más allá de ese plazo para la “única
iniciativa internacional”, según la cancillería luxemburguesa, que “dialoga
con ambas partes”.
Al
bloque le preocupa la “instrumentalización de la crisis por Estados
Unidos y Rusia, que arruina sus esfuerzos”, explicó un diplomático, para
quien ambas potencias, que apoyan bandos opuestos, están “jugando a un
juego peligroso”.
Cuando
pasen los 90 días a inicios de mayo, el GCI formado por la UE, ocho países
europeos, entre ellos España, y los latinoamericanos Uruguay, Ecuador, Bolivia
y Costa Rica, decidirá “el camino a seguir”, subrayó la ex
canciller italiana.
Mientras
tanto, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, urgió durante la
reunión a acelerar los trabajos en los 30 días que quedan, porque “un
mes es mucho tiempo para la situación dramática que está viviendo ese país”,
aseguró.
“Hoja de ruta”
Desde
el lanzamiento formal del grupo el 7 de febrero en Montevideo, este logró
progresar en su objetivo de luchar contra la crisis humanitaria en Venezuela,
donde, según la ONU, casi un cuarto de la población necesita ayuda humanitaria
urgente.
La
jefa de la diplomacia europea, que siempre ha defendido que hay que
despolitizar la ayuda humanitaria, celebró así que “Naciones Unidas y
Cruz Roja hayan comenzado su labor de manera más eficaz sobre el terreno”.
Pero
el principal escollo sigue siendo cómo lograr una elección presidencial
anticipada en Venezuela, donde se miden el opositor Juan Guaidó, reconocido
presidente por más de 50 países, y el mandatario socialista Nicolás Maduro.
Una
elección “libre y transparente” parece “ser un
objetivo muy lejano, dado que Maduro dice no estar dispuesto a comprometerse en
este proceso”, reconoció Mogherini, asegurando que intensificarán los
trabajos para conseguirla.
La UE
y sus socios latinoamericanos, que deben reunirse a inicios de mayo en Costa
Rica, preparan ahora “una hoja de ruta” con los eventuales
pasos “necesarios” para conducir al país a una “transición
democrática y pacífica”, precisó.
Devolver
la legitimidad a las instituciones clave, garantizar la participación de todos
los posibles candidatos en los comicios o permitir misiones de observación
internacional son algunos de los pasos que ya apuntaron en su reunión de Quito
en marzo.
¿Nuevas sanciones?
Los
acontecimientos de las últimas semanas parecen lejos, no obstante, de lo que
esperan de Maduro, quien, por su parte, llamó a México y a Uruguay a reactivar
su propuesta de diálogo, una iniciativa diferente a la impulsada por la UE.
Guaidó
está bajo amenaza de arresto, luego de que el pasado martes la oficialista
Asamblea Constituyente lo despojara de su inmunidad y autorizara enjuiciarlo
por “usurpar” las funciones del mandatario socialista.
“Si
hubiera actuaciones contra el señor Guaidó, eso justificaría sin duda una toma
rápida de sanciones contra los responsables”, advirtió Borrell,
quien dijo que ya se está estudiando una “lista” de posibles
personas a sancionar.
La UE,
que no reconoce la legitimidad de la Asamblea Constituyente ni del segundo
mandato de Maduro, considera que la decisión supone una violación de la
Constitución venezolana y del Estado de derecho en el país.
Para
los europeos, la única institución con legitimidad en el país es el Parlamento
venezolano que preside Guaidó, que sería además, a su juicio, el único órgano
autorizado para levantarle la inmunidad.
La UE
impuso un embargo de armas en 2017 y, a continuación, sancionó a 18
funcionarios, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por deteriorar, en
su opinión, la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
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