Naciones Unidas DDHH 09 de septiembre de 2019
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42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ginebra, 9 de septiembre de 2019
Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias;
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias;
Desde la presentación de mi informe a este Consejo el
pasado 5 de julio, la situación de derechos humanos sigue afectando a millones
de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región.
Es por ello, que mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las
autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de
derechos humanos documentadas en mi informe.
Se ha logrado restablecer el trabajo de un equipo de
la Oficina en Caracas y el Gobierno ha confirmado su voluntad de avanzar sobre
la base de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos durante mi
visita al país en junio.
Sobre la situación penitenciaria y de detenidos ha habido avances recientes. El 6 de septiembre un miembro de mi equipo fue autorizado a visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde (sexta visita a prisiones desde marzo). Se está avanzando en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses. De acuerdo con los compromisos adquiridos con mi Oficina, el Gobierno ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como otros casos señalados por la Oficina. Queda pendiente la liberación plena de la Jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales.
El Gobierno también se ha comprometido a establecer un
mecanismo para atender casos individuales, y mi Oficina ya ha remitido 7 casos
prioritarios que esperamos se resuelvan pronto. Asimismo, las autoridades nos
han comunicado las medidas recientemente adoptadas para aliviar la situación
médica de algunos detenidos. Además, el Gobierno está avanzando con respecto a
su invitación al país a diez Procedimientos Especiales en los próximos dos
años.
Por otro lado, la situación económica y social sigue
deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos
económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que
podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la
región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y
otros bienes esenciales.
Al día de hoy, el salario mínimo equivale a 2 dólares
mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Así, una familia necesita
percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la
canasta básica alimentaria. La dolarización de facto en varios
sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios
públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial
intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de
Caracas ha agravado la situación.
En este contexto, el 8 de agosto pasado expresé mi
preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del
nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de
América. Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el
área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance)
del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la
producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas
sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la
situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas.
Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y
accesibilidad económica a los alimentos. Por ejemplo, Cáritas registró un 35
por ciento de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años
atendidos en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados.
En relación con el derecho a la salud, me preocupa
particularmente el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de
400,000 personas que padecen enfermedades crónicas. Se ha registrado la muerte
de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e
insumos para ser dializados desde 2017. Debido al desabastecimiento de suministros,
los únicos dos centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de
médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos. Adicionalmente, debido
a problemas financieros al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se
encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados
en el marco de programas estatales. En los últimos meses, al menos 4 niños y
niñas habrían fallecido durante la espera. Un paso positivo es que según la
Organización Panamericana de la Salud se ha ampliado la cobertura de vacunación
contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria.
Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles
ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción
Especiales de la Policía Nacional - conocidas como FAES - en algunos barrios
del país. Tan sólo en el pasado mes de julio la organización
no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos
casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas. Los
casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio
y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y
familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Mi Oficina no ha
recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del
informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de
ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al
más alto nivel del Gobierno.
Según información recibida recientemente por parte del
Ministerio Público, de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104
miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos. Mi
oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos
humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las
víctimas.
En el mes de julio, el Tribunal Supremo de Justicia
ratificó la condena en contra de un miembro de los Servicios Bolivarianos de
Inteligencia Nacional (SEBIN) por el homicidio de Bassil Dacosta, quien murió
de un disparo en la cabeza en las protestas anti-gubernamentales de 2014.
Asimismo, se capturó en España a uno de los presuntos responsables de la muerte
de Orlando Figuera, a quien prendieron fuego durante las manifestaciones convocadas
por la oposición en 2017. Llamo a las autoridades de justicia a agilizar las
investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el
contexto de protestas.
Me preocupa el aumento de presencia de militares en el
territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes
recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos
jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES,
las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña
de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en
Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional
Bolivariana.
Me preocupa también el impacto que la extracción de
oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está
teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto
ambiental en sus territorios. A pesar de que el Gobierno considera que se
realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del
Arco Minero, autoridades indígenas y ONGs sostienen que no hubo consultas, ni
los estudios de impacto ambiental adecuados.
Desde la presentación de mi informe, la Asamblea
Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la
inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional,
elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de
inmunidad, incluido su Presidente. Dos parlamentarios siguen en detención
preventiva a la espera de juicio. Confío en que mi oficina pueda visitarles
pronto.
Deseo expresar mi rechazo a la condena del líder
sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar
el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical.
Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La
aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una
violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por
un tribunal independiente e imparcial.
Me preocupan las recientes acciones para aprobar una
ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos
humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. Esa ley, si se aprueba y
aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes
ataques del Gobierno en contra de la autonomía universitaria.
Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos,
tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su
libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen
con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen
acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para
corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los
derechos humanos.
La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció
bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes,
contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió
fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades
reportaron que dos oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de
homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura.
Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen
a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su
repetición.
Según las últimas cifras de Naciones Unidas hay más de
4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo. Celebro
los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a
derechos en los países de acogida. Concuerdo con las palabras de Eduardo Stein,
Representante Especial del Secretario General para los refugiados y migrantes
venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una
migración segura, ordenada y regular, las mismas no deberían imponer obstáculos
de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular, y
exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y
explotación. Preocupan los informes de brotes de xenofobia en países de
la región y redoblo mi pedido a las autoridades de los países de acogida para
mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Mi Oficina ha seguido documentando casos de personas
migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines
de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por
parte del crimen organizado y de otros grupos armados. Las víctimas rara vez
denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a la
corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados. Asimismo, se
documentó la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas
naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionada
con redes de trata y tráfico de personas hacia las islas del Caribe.
Me preocupa la información recibida por mi Oficina
según la cual algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes
que colaboraron en la preparación de mi último informe a este Consejo, fueron
víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios
siguiendo su publicación. Las represalias por haber cooperado con las Naciones
Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de
prevención.
Mantengo la certeza de que las recomendaciones de mi informe puedan servir como una guía para superar la actual situación. Mi Oficina seguirá brindando la asistencia técnica y apoyo a las instituciones y a las víctimas que sea requerida, a la vez que seguirá monitoreando y reportando.
Mantengo la certeza de que las recomendaciones de mi informe puedan servir como una guía para superar la actual situación. Mi Oficina seguirá brindando la asistencia técnica y apoyo a las instituciones y a las víctimas que sea requerida, a la vez que seguirá monitoreando y reportando.
Reitero mi llamado tanto al Gobierno como a la
oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que
considero como la única manera para poder superar la actual situación. Una vez
más expreso mi disponibilidad y la de mi oficina, fuera y dentro del país, para
acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la actual crisis que
afecta a millones de venezolanos. Apoyo el espacio facilitado por el reino de
Noruega, así como las diversas iniciativas de dialogo que la comunidad
internacional está impulsando.
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