NORA GÁMEZ TORRES 13 de octubre de 2019
@ngameztorres
Cada
día, la doctora cubana Ramona Matos inventaba los nombres de hasta 30 pacientes
que nunca había consultado en San Agustín, un pueblo del Amazonas boliviano.
La
doctora formaba parte de la misión oficial de cooperación del gobierno cubano
en Bolivia en el 2008, mediante la cual Cuba enviaba doctores y medicamentos a
ese país. Pero Matos se dio cuenta que el gobierno cubano inflaba las
estadísticas relacionadas con es programa cuando ella misma fue compelida por
sus supervisores a hacer lo mismo.
En
su primer día de trabajo en Bolivia, Matos llamó a su jefe para comunicarle que
no había visto ningún paciente. “Me dijo, ‘Tienes que inventar los nombres,
inventar diagnósticos’ y eso fue lo que hice por un mes. Si no, me mandaba para
Cuba castigada y sin el dinero que me ponían en la cuenta en Cuba”.
Pero
Matos dijo que el mayor “horror” fue la destrucción de medicamentos.
Los
médicos cubanos en Bolivia no solo inventaban pacientes que nunca vieron, con
nombres y direcciones ficticias, sino que también inventaban diagnósticos de
falsas enfermedades, que iban acompañados de la receta de medicamentos para el
supuesto tratamiento.
Pero
esos medicamentos en realidad terminaban en la basura o en el inodoro,
destruidos para que el inventario de medicinas coincidiera con el reporte
diario de pacientes y diagnósticos, muchos falsos, que los doctores debían
entregar a sus jefes.
“Fui
testigo de que al sobrar los medicamentos, tenías que botarlos, incinerarlos,
enterrarlos, desaparecerlos, porque el gobierno cubano tenía que justificar [la
existencia] de esos 30 pacientes, que sabía que eran falsos, con medicamentos
que estaban en la farmacia para ellos [y] que debían dárseles gratis”, dijo
Matos.
La
doctora relató su experiencia en Bolivia durante una conferencia de prensa
organizada por el Departamento de Estado para llamar la atención sobre el
empleo de “trabajo forzado” en las llamadas misiones de cooperación médica del
gobierno cubano.
No
queda claro qué beneficio recibía el gobierno cubano por falsear las
estadísticas, pero según el testimonio de otros tres doctores que hablaron
durante la conferencia de prensa y luego fueron entrevistados por el Nuevo
Herald, las prácticas fraudulentas se repetían en Venezuela, donde Cuba
mantiene cerca de 20,000 médicos y otros trabajadores de la salud como parte de
un acuerdo de intercambio de servicios por petróleo.
“Yo
estuve en una misión en Venezuela entre el 2007 y el 2014 y es la absoluta
verdad”, dijo la doctora Tatiana Carballo. “Había que inventar los nombres y de
acuerdo con la enfermedad, inventar las estadísticas... y destruir medicamentos
aunque no estuvieran vencidos.”
Fidel
Cruz, otro médico que formó parte de la misión oficial en Venezuela entre el
2011 y el 2014, dijo que se destruían todo tipo de medicamentos fabricados o
adquiridos por el gobierno cubano, “desde duralgina hasta antibióticos,
ámpulas, espejuelos y medicamentos que en Cuba no había. Algunas veces agarraba
una bolsa y los repartía casa por casa, no podíamos tenerlos” en el
consultorio, agregó.
Al
mismo tiempo, en Cuba escaseaban los medicamentos, una situación que se ha
vuelto crónica. En el 2016 se reportaron 100 medicamentos en falta. En abril de
este año, faltaban 85.
Los
supervisores, funcionarios del Ministerio de Salud Pública y agentes de la
seguridad del Estado, estaban al tanto de la adulteración de las estadísticas y
la destrucción de medicamentos en las misiones, dijeron los doctores.
Cuba
promueve la exportación de servicios médicos como misiones de cooperación
humanitaria, pero estas se han convertido en la principal fuente de ingresos en
el país, unos $6,398 millones en el 2018. Actualmente, Cuba tiene personal
médico en 65 países, en un sistema controlado por Comercializadora de Servicios
Médicos Cubanos, S.A, una empresa subordinada al Ministerio de Salud Pública.
En
los últimos años han aflorado las irregularidades que plagan este sistema.
Varios
médicos que han desertado han dicho que el gobierno cubano se queda con la
mayor parte del dinero que los gobiernos extranjeros destinan a sus salarios.
También han dicho que funcionarios y agentes del gobierno cubano les retiran
sus pasaportes y controlan sus movimientos en los países a los que son
destinados y los obligan a realizar trabajo político con la población local.
“En
las elecciones [del 2013 en Venezuela], me tocó salir a la calles a tocarle la
puerta a las personas e incentivarlas a que fueran a los colegios electorales y
que votaran por [Nicolás] Maduro”, dijo Cruz. El médico dijo que después debía
redactar un reporte con el número de personas que había llevado a las urnas y
por quién habían votado.
Agentes
de la seguridad del estado cubano, encargados de controlar a los médicos, posan
como asesores y “coordinadores jurídicos” de las misiones, dijo la doctora
Rusella Rivero. El coordinador jurídico “era como la máxima expresión de la
seguridad del estado cubano, era el que mandaba”.
En
Brasil, donde el gobierno de Dilma Rousseff negoció la creación del programa
Mais Medicos con el gobierno cubano, varios doctores, entre ellos Matos, se
atrevieron a denunciar públicamente los míseros salarios que recibían y el
acoso de las autoridades cubanas para que no llevaran a sus familiares a ese
país.
La
presencia de “asesores” cubanos con fachada de médicos en Brasil afloró también
en un video filtrado de una reunión entre miembros del gobierno brasileño y
funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en medio de una
investigación en Brasil sobre la legalidad de Mais Medicos.
Cuba
se retiró del programa a fines del año pasado cuando el nuevo presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, exigió el pago íntegro del salario a los médicos y
otras condiciones.
Matos,
Caraballo, Cruz y Rivero, quienes también trabajaron como médicos en Brasil,
alegan que todas estas prácticas constituyen “trabajo forzado” y “tráfico
humano” en una demanda contra la OPS, que actuó como intermediaria en el
programa Mais Medicos.
El
abogado de los médicos, Sam Dubbin, cree que la OPS, al servir de intermediaria
en un acuerdo con carácter comercial — en el que el gobierno cubano se quedaba
con hasta el 85 por ciento de lo que el gobierno brasileño supuestamente
destinaba a salarios — “actuó traspasando los límites de su autoridad” y de las
funciones que le corresponden y, por tanto, no puede reclamar inmunidad como
una organización internacional subordinada al sistema de Naciones Unidas.
Si
la demanda prospera, el caso podría establecer en una corte federal que las
prácticas del gobierno cubano en esas misiones violan las leyes estadounidenses
e internacionales contra el trabajo forzado y el tráfico humano.
Pero
el caso podría tomar varios años en resolverse. Mientras tanto, la
administración de Donald Trump— que ha aumentado la presión sobre el gobierno
cubano por su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela—ha emprendido una campaña
para que otros países paren de contratar los servicios de los médicos cubanos
en esas condiciones.
El
lunes, el Departamento de Estado denegó la visa al ministro cubano de salud
pública y a una delegación que planeaba acudir a una reunión de alto nivel de
la OPS en Washington.
“Lo
que presentaron como un programa humanitario resulta ser una fuente de ingresos
para los Castro”, escribió en Twitter la vocera del Departamento de Estado,
Morgan Ortagus. “Hacemos un llamado a los gobiernos que actualmente participan
en los programas médicos en el extranjero de Cuba para garantizar salvaguardas
contra el abuso y la explotación laboral”.
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