Monitoreamos 30 de marzo de 2022
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En la
sesión de este martes la Comisión Delegada de la legítima Asamblea Nacional
(AN) debatió la inconstitucional reforma del sistema judicial como
mecanismo para eludir la investigación de la Corte Penal Internacional
(CPI) sobre los crímenes de lesa humanidad en el país.
Sobre este tema, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Paz de la AN, tildó de “maquillaje” está reforma que busca no solo ejercer un cambio de magistrados del TSJ, sino también promover la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad señalados por la CPI.
Aseguró
que la cuestionada reforma no resolverá el sistema de administración de
justicia, pues a su juicio “no existe esta posibilidad, mientras que en el
ejercicio del poder este un régimen dictatorial, que se caracteriza por la
ausencia de separación de poderes y el secuestro de todos ellos, para ponerlo
al servicio de la mal llamada revolución socialista del siglo XXI”.
Informó
que están haciendo llegar de manera directa a la Fiscalía de la CPI,
todas las probanzas teóricas y documentales, con respecto a declaraciones de
las víctimas, “para dejar constancia fehaciente de esta atroz de la
dictadura, que pretende dejar de nuevo a las víctimas sin justicia“.
Continuó
con el debate la parlamentaria Tamara Adrián, quien cuestionó la
reforma judicial impulsada por el régimen, la cual pretende cumplir
con las exigencias formuladas en los informes de la Alta Comisionada de los
DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, el Consejo de los DDHH de la ONU sobre
Venezuela, y por el Fiscal de la CPI, “los cuales tienen en común: Exigir
que en Venezuela se establezca un sistema de justicia independiente“.
Frente
a esto, comentó que la ilegítima AN 2020 decidió reducir el número de
integrantes en las distintas salas del TSJ y acotó que “la idea era que podían
perpetuarse en esas salas los actuales integrantes y hacer quórum, pero después
se dieron cuenta que había que ir a un proceso de nombramiento. Pero, los
magistrados que están actualmente el TSJ, no pueden participar porque excedería
del límite de los 12 años que establece la Constitución“.
La
diputada Yajaira Castro advirtió que la reforma del sistema de justicia “busca
preparar un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ ) a la medida del régimen y
frenar el avance de la investigación contra el régimen que cursa en la CPI por
crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano”.
Aseveró
que el régimen pretende desde la ilegítima AN realizar una nueva reforma del
Poder Judicial que “busca lavar la cara a un expediente que suma más de 200
presos políticos, persecuciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y
severos señalamiento sobre violaciones sistemática de los derechos humanos”.
Castro,
recordó que el régimen durante años, intentó varias reformas judiciales, “las
cuales todas han fracasado y quedaron en meros anuncios sin ejecutar”.
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