Janet Zoila Yucra Maguiña 08 de noviembre de 2023
@yucra1
Los
jueces de la Sala de Apelaciones de la CPI rechazaron el “lenguaje
irrespetuoso” de la delegación venezolana y acusaron a la administración de
Maduro de “castigar” a solo unos cuantos violadores de DD.HH. pero que son de
“rangos bajos”
Este
miércoles se llevó a cabo la segunda y última parte de la audiencia de
apelación del caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, donde los jueces desnudaron la
realidad sobre la violación de los Derechos Humanos en el país y han
determinado no solo que “no se investigan” estos casos, sino que tampoco hay
castigos para los responsables.
Tras finalizar la audiencia, en su discurso de cierre, la representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, Paolina Massidda, lanzó esta contundente acusación: “Mientras hablamos, en Venezuela siguen cometiendo crímenes con impunidad”, dijo.
“En
este momento no hay ninguna perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar
estos crímenes”, lamentó.
“Solo
un enfoque global permitirá conocer la verdad”, afirmó y ratificó que para las
víctimas “es crucial que no solo se tomen en cuenta los crímenes, sino también
el contexto en el que fueron ejecutados”.
“Permitirá
revelar los autores inmediatos y aquellos que detentaban poder. En segundo
lugar reconoce el contexto de la violencia en el que se produjeron estos
crímenes, la naturaleza sistemática y los patrones. En tercer lugar arroja luz
sobre la victimización”, aseveró la juez.
La
segunda jornada
Tras
iniciarse la segunda parte de la audiencia, los miembros de la CPI a cargo de
la audiencia, han protestado por la falta de respeto de los funcionarios de la
administración de Nicolás Maduro
Tanto,
que el Marc Perrin de Brichambaut advirtió a la delegación de Maduro que no
aceptará su “lenguaje irrespetuoso”.
Asimismo,
Perrin preguntó por qué Venezuela no ha incluido los crímenes de lesa humanidad
en su legislación, en 23 años de socialismo.
A lo
que la delegación de Venezuela respondió: “Es un derecho soberano”.
Y para
rematar, los jueces recordaron que el Estado venezolano ha mantenido la
posición de “negar la existencia de crímenes de lesa humanidad” y lo que es
peor, las pocas responsabilidades que se han juzgado recaen “en autores de bajo
nivel, no en los altos mandos”.
Los
casos
La
jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza, intervino para decir que “de 62 casos, 47
de ellos no se identificaron a los perpetradores y 57 permanecen sin acusación
formal”.
También
informó que en tres cuartas partes de los casos reportados por Venezuela no se
identificaron a los perpetradores: “57 estaban apenas en fase preparatoria y en
21 la caracterización jurídica era inadecuada”.
Además,
criticaron la forma como el Estado venezolano presentó los alegatos, pues los
resúmenes “no son documentos judiciales válidos para la Corte”.
“Estos
contenían recortes de prensa, tuits y otros materiales no relacionados con la
solicitud”, dijo la juez.
Lamentó
que “en este momento no hay ninguna perspectiva de que en Venezuela se puedan
enjuiciar estos crímenes”
Y una
de las causas es que, a pesar de que los códigos penales mencionan los crímenes
de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos
humanos, “no los vinculan con el Estatuto de Roma ni establecen sanciones o las
penas que se aplicarían”.
No se
ayuden tanto
Entre
tanto, el representante del Estado venezolano, Ben Emmerson, sostuvo que “no es
necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales” (de los crímenes
de lesa humanidad).
Argumentó
que “los procedimientos nacionales pueden realizarse como delitos ordinarios”.
“Evidentemente
en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la
investigación no ha alcanzado ese nivel”»”, dijo.
Reconoció
que “ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna
de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes
que suponen y son objetos de investigación continua”..
Por
otro lado, la delegación admitió que solo cinco de los 124 “incidentes” que
presentaron en la Corte han recibido condena.
Y
también aceptó que en varios casos presentados como “pruebas” del accionar del
Estado, no se identifica a ningún sospechoso.
«Los
datos actualizados en relación con esos 124 incidentes son: 113 se encuentran
en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible
responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos;
hay 3 en fase intermedia, es decir con una acusación formal; 3 en fase de
juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos
condenados», respondió el abogado Aitor Martínez Jiménez.
“En
relación con los rangos, dentro de esos 124 incidentes nos encontramos con 15
oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales la policía hasta
sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y sometidos a investigación
tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9
detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo
militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31
sargentos”, admitió.
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