ONU 12 de agosto de 2024
@UNHumanRights
El
Gobierno de Venezuela debe detener inmediatamente la creciente represión que
está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial el
28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los
derechos humanos que están ocurriendo, dijo hoy la Misión internacional
independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de
Venezuela.
Las
protestas en la calle, así como en redes sociales, de las semanas posteriores a
las elecciones abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del
Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor
generalizado. La Misión lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por
disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de
agosto, en el contexto de las protestas. En 18 casos, las víctimas fueron
hombres de menos de 30 años.
“Las
muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas
exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos
de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia
de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, dijo Marta Valiñas,
presidenta de la Misión. “Las víctimas y sus familiares deben obtener
justicia”.
Después
de analizar los datos publicados por diversas organizaciones defensoras de los
derechos humanos, la Misión puede concluir preliminarmente que al menos 1260
personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres. La
mayoría de las detenciones se produjeron en el Distrito Capital (18%), seguido
de los estados de Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%). Datos anunciados por el
Fiscal General de la República elevan la cifra a 2200 personas, calificadas de
manera indiscriminada como “terroristas”, que han sido detenidas.
La
Misión ha registrado elementos comunes en estas detenciones, que las convierten
en detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso,
dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia. Entre estos
elementos se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los
Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran
ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo,
conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o
aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o
información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de
abogados de confianza de las personas detenidas.
“Todas
las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, dijo
Patricia Tappatá, experta de la Misión. “Las
autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas
internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención,
usando los canales formales para comunicarse con los familiares”.
Entre
las personas que han sido detenidas hay dirigentes, miembros y simpatizantes de
partidos políticos, periodistas, así como defensoras y defensores de derechos
humanos, consideradas o percibidas como opositoras por las autoridades. Sin
embargo, la gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su
rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades.
Muchas de estas detenciones ocurrieron después de que las personas participaran
en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales, cuando las
autoridades las fueron a buscar selectivamente en sus casas.
La
Misión ha recibido información especialmente preocupante sobre detenciones de
más de 100 niños, niñas y adolescentes, que han sido imputados por los mismos
crímenes graves que las personas adultas. Además, los niños, niñas y
adolescentes no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores
durante las actuaciones judiciales
“La
Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y
adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas
internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”,
señaló Francisco Cox, experto de la Misión.
La
Misión continúa su proceso de documentación, análisis, verificación e
investigación de las violaciones a los derechos en la República Bolivariana de
Venezuela, y exige que la represión desatada desde el 28 de julio se detenga de
inmediato.
FIN
Antecedentes: En
septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos
sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución
42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de
derechos humanos cometidas desde 2014. El Consejo de Derechos Humanos, mediante
las resoluciones 45/20 y 51/29,
prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta
septiembre de 2024. La Misión presentará su próximo informe anual durante
el dialogo interactivo del Consejo en septiembre.
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