EFE 30 de octubre de 2024
Según
la ONG Foro Penal, en el país hay 1.958 personas privadas de su libertad por
cuestiones políticas, de las cuales 1.828 fueron aprehendidas después de las
elecciones presidenciales y acusadas, en su mayoría, de terrorismo
Familiares de los presos políticos en Venezuela se manifestaron este miércoles frente a la sede de la Fiscalía, en Caracas, para exigir a la Justicia que retire los cargos contra ellos y los deje en libertad. Con carteles con lemas como “Libertad para todos los presos políticos”, “Basta de persecución” y “No más tortura en Venezuela”, el grupo protestó contra el régimen de Nicolás Maduro y la intensa represión que ordenó desde los comicios del 28 de julio.
Yuleima
Ruiz, hermana de Edwin, quien fue detenido por defender a unas personas que
estaban siendo “perseguidas por oficiales” de la dictadura, confió en que Dios
abrirá “los corazones y las mentes” de las autoridades, para que puedan así “escuchar
las peticiones” que acercaron, como la de levantar “los cargos
tan atroces como lo es el terrorismo”, la incitación al odio,
la resistencia a la autoridad y el hurto calificado.
“(El
terrorismo) es una palabra tan horrible que hay que buscar hasta en el
diccionario”, sostuvo.
El
grupo también reclamó el acceso a los expedientes de sus
parientes para una correcta evaluación de cada caso y la posibilidad de designar
a un equipo de abogados de confianza, que el régimen suele prohibir,
quedando los acusados obligados a recibir la defensa de un letrado impuesto por
el Estado, que no presenta pruebas o documentos clave.
En
Venezuela hay, de momento, 1.958 presos políticos, de los
cuales 1.828 se remontan a las protestas post electorales, iniciadas el 28 de
julio, según datos de la ONG Foro Penal. De ellos, 70 son menores de
edad y nueve presentan discapacidades.
Se
trata del “mayor número de presos con fines políticos conocido en el
país, al menos en el siglo XXI”, advirtieron desde la organización,
mientras que desde Justicia, Encuentro y Perdón denunciaron que estas personas
están en “condiciones alarmantes de reclusión”, con “mala
alimentación”, una atención médica indebida y la carencia de productos de
higiene personal.
También
se acusó al régimen de darles “comida dañada” y de mantenerlos
durante días sin acceso al agua potable.
A raíz
de ello, días atrás, familiares de los menores detenidos entregaron un
documento a Unicef en Caracas en el que solicitaban a la
Agencia de la ONU que interceda ante el régimen para conseguir su liberación.
La
situación “de los niños y jóvenes es alarmante”, comenzó apuntando
el texto, que especificó que “están injustamente detenidos” y
“viven en condiciones infrahumanas, no aptas para su edad y
condición, en violación de los estándares internacionales”. Entre
ellas, precisaron los allegados, se encuentran el “hacinamiento,
la falta de acceso a servicios básicos de salud, la alimentación
deficiente y la falta de protección frente a abusos físicos y
psicológicos”.
Katherine
Martínez, una de las firmantes del documento, explicó que su hija, de 17 años,
fue detenida “porque está en un grupo de WhatsApp” y, ahora, “están pidiendo
para ella diez años (de cárcel) por el delito de incitación al odio”.
María
Corina Machado, en Venezuela, y Edmundo González
Urrutia, en España, aseguran seguir trabajando por conseguir el cese de la
persecución en el país y la libertad de todos los presos políticos, así como
el retorno del orden democrático, tal como fue expresado por la
mayoría del pueblo en los comicios.
“Todo
lo que vale la pena sucede únicamente cuando le apostamos por completo a la
verdad y a la vida. Hemos recorrido juntos un largo camino de dolor,
crecimiento y rendición. Es hora de construir el futuro que realmente
nos merecemos”, dijo la líder opositora días atrás al ratificar su lucha en
defensa de la victoria del ex diplomático.
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