LUISA QUINTERO 10 de diciembre de 2024
Los
familiares de los presos políticos, detenidos en las cárceles de Tocorón,
Tocuyito, El Rodeo o El Helicoide, entregaron denuncias individuales ante el
Ministerio Público, además de un documento colectivo donde no solo piden la
libertad inmediata, sino el cese de traslados arbitrarios, que se garantice una
atención médica adecuada así como el ingreso de alimentos y medicinas
Familiares de presos políticos protestaron la mañana de este lunes 9 de diciembre para exigir la revisión judicial de todas las causas, así como su liberación inmediata antes de que finalice el año.
Los
familiares de los presos políticos, detenidos en las cárceles de Tocorón,
Tocuyito, El Rodeo o El Helicoide, entregaron denuncias individuales ante el
Ministerio Público, además de un documento colectivo donde no solo piden la
libertad inmediata, sino el cese de traslados arbitrarios, que se garantice una
atención médica adecuada así como el ingreso de alimentos y medicinas.
El
grupo también reclamó al fiscal general, Tarek William Saab, sus declaraciones
en las que afirmó que «todos son terroristas» y no han recibido denuncias de
violaciones a los derechos humanos. Por primera vez en cuatro meses,
funcionarios se acercaron a la protesta para conversar con algunas personas,
tomar sus datos y pedirles que «entreguen las pruebas».
Un
funcionario comentó que «se están haciendo las revisiones, pero son muchos
casos y necesitamos que traigan las pruebas». También llamaron a los
familiares de adolescentes detenidos a presentarse.
«El
que no está pasando por esto no lo entiende. Hay mucha gente que se ríe, pero
es muy duro todo esto, sobre todo porque son inocentes de todo lo que lo están
acusando. Para ellos es doloroso estar encerrado y ver tanto dolor de sus
familiares. Nosotros no estamos mendigando, exigimos libertad.
Merecen su libertad porque no han hecho nada malo», aseguró Nelibert Reque,
esposa de Roiner Blanco.
A
Blanco lo detuvieron el 30 de julio en una alcabala de la PNB en el sector Los
Flores de Santa Teresa del Tuy. Allí le pidieron los papeles de la moto, le
dijeron que lo iban a radiar para comprobar algún antecedente y lo mantuvieron
junto a otras personas. Pasadas algunas horas, le dijeron que los iban a
trasladar al comando en Altos de Soapire, donde les darían «una charla de 40
minutos».
La
charla nunca ocurrió. Un camión de la Guardia Nacional llegó al comando a las
7:30 p.m. y se lo llevó detenido junto a otras personas. «Desde allí le han
violado todos sus derechos. Él no hizo nada malo, nunca estuvo por la tranca de
Cartanal», afirmó Nelibert.
Nelibert
no ha podido visitar a Roiner Blanco, desde que fue apresado, debido a que está
embarazada
Ahora
Roiner Blanco espera la primera audiencia de juicio por los supuestos delitos
de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia
a la autoridad. El joven fue trasladado el pasado 5 de diciembre a la cárcel de
Tocorón desde Yare III.
«Esto
lo ha impactado mucho pero trata de mantenerse fuerte por nuestra hija de 13
años, por el bebé que viene en camino, y por él mismo. Por toda la familia.
Pero es duro, se le ve la tristeza y el decaimiento. Cuando le permiten la
llamada me doy cuenta que está sufriendo», señaló Nelibert Reque.
Entre
las peticiones de los familiares también está la creación de una mesa de
trabajo entre el Ministerio Público y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, para
«expresar sus preocupaciones y transmitir de forma directa las condiciones de
salud y reclusión de los privados de libertad».
Sonia
Mujica es la madre de Leonardo Rojas, un operador de Planta y Subestaciones
Eléctricas de Corpoelec detenido el pasado 3 de agosto por una comisión de la
Dgcim. Denunció que el fiscal 58 nacional, Ernesto Dueñez, les dijo que
dejarían de trabajar esta semana y retomarán labores el 20 de enero, lo que
detiene las audiencias de juicio.
En
cárceles como Tocorón, donde se encuentra Leonardo Rojas, también les dijeron
que las visitas serán suspendidas a partir del 12 de diciembre. «En Venezuela
la justicia se va de vacaciones, nosotras no nos vamos a ir (…) Hago
responsable al Estado venezolano, al fiscal Tarek William Saab de cualquier
cosa que le pueda pasar a mi hijo allá».
A
Rojas lo detuvieron tras llamarlo a una «reunión» en la sede de Corpoelec en La
Trigaleña (Valencia, estado Carabobo) y fue presentado el 7 de agosto en el
Palacio de Justicia. Sonia ha entregado diversas comunicaciones y pruebas a la
Fiscalía y Defensoría del Pueblo, pero ninguna ha recibido respuesta hasta la
fecha.
Madres
humilladas
Las
madres rechazaron que las autoridades «se burlen», al prometerles visitas y
luego trasladar a sus hijos a otro centro de reclusión, como ocurrió con los
detenidos en Yare III el pasado jueves 6 de diciembre.
Manuela
González, madre de Anthony Quijada, y Jenny Barrio, mamá de Junior Enrique
Arrieta, pasaron por esta situación. También denunciaron las humillaciones y
requisas invasivas a las que han sido sometidas en Yare III tras denunciar
públicamente la situación de sus hijos.
«Entramos
desnudas, nos pegaron a la pared, de rodillas, ábranse su vagina y de allí nos
alumbran con cámaras de teléfono y con una lámpara. Me sentí violada sin
penetraciones, pero me sentí violada. Después me decían ‘puje como si estuviera
pariendo’. Yo no sé si nos estaban grabando con el teléfono o nos estaban
alumbrando (…) Nos están tratando como las madres de los peores delincuentes
que hay en Venezuela. Por Dios, tengan humanidad y todavía dicen que una música
nos está humillando como mujeres, pero está es la peor», afirmó Jenny Barrio.
Por su
parte, González respondió a los comentarios que han hecho funcionarios y
fiscales del MP al solo ver a las madres declarando en las protestas. «Yo tengo
hijos que desde hace cuatro meses no abrazo, una nieta, una madre, su abuela
que también llora. Para que está madre esté aquí, hay un padre que trabaja para
poder sostenerme aquí. Mi hijo tiene la esposa de su papá, y al esposo de su
mamá, tiene dos padres y dos madres que hoy día están luchando por él. Ya basta
de humillaciones».
Su
hijo, de 23 años y detenido el 29 de julio en Barcelona (estado Anzoátegui),
llamó a su padre para decirle «que no lucharan más por él» tras el último
traslado. Su madre también lamentó que Anthony haya pasado hasta la fecha por
tres cárceles de máxima seguridad.
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