Era virtualmente imposible que con más del 80% de
opinión pública adversa y con los peores indicadores económicos del mundo, el
gobierno gane las Elecciones de Gobernadores en proporción perfectamente inversa a la predicción de la totalidad de
las encuestadoras reconocidas (las cuales sí acertaron en el porcentaje de
participación, pero extrañamente no en los resultados).
Ante esa incontestable realidad, que dejaría al
desnudo su frágil situación, la cúpula
militar-cívica decidió cometer un auténtico delito electoral masivo, de un
modo que no puede ser percibido en las Actas.
